Alcaldes y dirigentes de IU piden a Diputación que elabore el plan de exclusión social y lo dote con 5 millones

MÁLAGA 9 May. (EUROPA PRESS) -

Alcaldes y dirigentes políticos e institucionales de Izquierda Unida han reclamado este jueves al equipo de gobierno del PP en la Diputación de Málaga que comience a elaborar el plan contra la exclusión social acordado en pleno y que se destinen cinco millones de euros a su puesta en funcionamiento.

Así, se propone la constitución de una mesa de trabajo en la que estén grupos políticos, ayuntamientos menores de 20.000 habitantes y colectivos sociales que trabajan en el ámbito de lo social para definir y concretar en el plazo de dos meses un plan de lucha contra la exclusión social.

La portavoz de IU en la Diputación, Antonia Morillas, también ha reclamado de nuevo que de los remanentes de la Diputación se destinen cinco millones de euros al mencionado plan y que desde esta entidad se inste al Gobierno central a retirar las propuestas de recorte de la Ley de Dependencia que contempla en Plan Nacional de Reformas de 2013.

Morillas ha calificado la situación actual de "insostenible" en términos de desigualdad y ha recordado que un 26 por ciento de niños de la provincia se encuentran en riesgo de exclusión.

"Una sociedad que no cuida a sus mayores y a sus niños camina hacia la barbarie", ha advertido la diputada provincial, quien entiende que esta situación obliga a las administraciones a poner todos los mecanismos posible a luchar contra ello.

Regidores y concejales, así como los diputados provinciales de IU, Antonia Morillas, Miguel Díaz y Pedro Fernández Ibar, y otros representantes de la dirección provincial de la coalición como Fátima Berlanga han estado estudiando este jueves el decreto de lucha contra la exclusión social de la Junta, algunas de cuyas medidas están dirigidas a financiar municipios para que acometan contrataciones en sectores sociales en riesgo de exclusión y parados de larga duración.

Sobre este asunto, Berlanga ha recordado que en la provincia hay 96.000 familias con todos sus integrantes en paro y que las medidas que pone en marcha el Gobierno de la Nación están agravando la situación de los dependientes y los sectores más débiles. Frente a ello, el nuevo decreto andaluz aportará a Málaga 12 millones de euros y contempla medidas urgentes y extraordinarias.

"El decreto busca el acceso a la contratación, amortiguar la terrible situación del desempleo, garantizar el ingreso de solidaridad y asegurar una ingesta mínima de calorías", ha manifestado Berlanga.

Entendiendo que el empleo es la principal medida de integración e inserción social, ha señalado Berlanga, se destinarán a la provincia cerca de ocho millones de euros para contrataciones, mientras que algo más de dos millones tienen por objetivo garantizar a los ayuntamientos el mantenimiento de las horas de la oferta de ayudas a domicilio.

Otro pilar del decreto es el de la garantía alimentaria que busca poner al alcance de las familias en situación de dificultad mecanismos para hacer frente a las necesidades básicas de alimentación. Ello significa que se amplían las ayudas económicas familiares con 750.000 euros en Málaga, mientras que los comedores escolares recibirán 362.000 euros.

Los mayores también tienen un apartado de medidas en el nuevo decreto, ha explicado Berlanga, y entre las mismas se encuentra una línea de catering a domicilio para aquellos con bajos recursos que no puedan acceder a un servicio de comedor.

Morillas ha recordado que el Plan Nacional de Reformas que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha remitido a la Unión Europea vuelve "a cargar las tintas" sobre los dependientes, afectando en Málaga a 30.000 personas.

El plan aumenta el copago hasta en un 50 por ciento y hará inaccesibles los servicios para un importante grupo de sectores sociales, según la diputada de IU. "Estos nuevos recortes vienen a situar en los márgenes de la exclusión social a los sectores más vulnerables de la población, aquellos cuya vida depende de los demás", ha criticado.

La dirigente de la coalición ha defendido que la lucha contra la exclusión social ha de ser "la prioridad económica y absoluta" de todas las administraciones y ese objetivo pasa por crear empleo y por garantizar la prestación de servicios públicos en el ámbito de lo social y muy especialmente en el de la dependencia.