El Pleno aprueba recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de Aguas de Andalucía
MÁLAGA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado instar al Ministerio de Fomento a que antes de que finalice el año firme un convenio con la Junta de Andalucía y el propio Consistorio, donde se contemple la financiación y los plazos de ejecución para la conversión del antiguo Campamento Benítez en un gran parque urbano de uso ciudadano, así como que las licitaciones oportunas se inicien durante 2011.
De igual modo, en la moción urgente presentada este jueves por el equipo de gobierno del PP, que ha contado con el apoyo de IU y la abstención del PSOE, se precisa que no se renuncie a la posibilidad de acometer "otros proyectos ya prometidos anteriormente", tal y como ha expuesto el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, quien ha precisado que el alcalde, Francisco de la Torre, ha enviado una carta al ministro de Fomento, José Blanco, mostrándole la disposición del Ayuntamiento a retirar el recurso judicial reclamando la titularidad de estos terrenos el mismo día en el que Fomento licite las obras del parque.
El edil del PP ha exigido la construcción de "un parque ambicioso, como Málaga se merece", y no lo planteado por la delegada del Gobierno andaluz en Málaga y candidata del PSOE a la Alcaldía de la capital, María Gámez, de "limpieza del suelo, reforestación arbórea, adecentamiento de caminos interiores e instalación de zonas infantiles de juego o equipamientos deportivos". "Málaga se merece más y lo mejor", ha manifestado Díaz.
El portavoz del PSOE, Rafael Fuentes, ha criticado "los cambios continuos" del equipo de gobierno en este asunto y le ha demandado que "se retire ya el recurso judicial" para "no hacer perder tiempo ni dinero a los malagueños". Además, ha subrayado que "es mejor" si ese parque lo pagan Fomento y la Junta, ya que así "el Ayuntamiento puede destinar los recursos municipales a mejorar los barrios".
Por su parte, el portavoz municipal de IU, Pedro Moreno Brenes, ha aplaudido que se defienda la creación de un espacio verde en estos terrenos para disfrute de los ciudadanos. No obstante, ha dejado claro que "Izquierda Unida lleva años pidiéndolo y el PP votando en contra, pese a que ahora digan que siempre han defendido un parque".
Lo importante, de todos modos, es, según Moreno Brenes, "hacer un buen parque", rechazando que se insista en el Museo del Transporte y la Obra Pública porque "no hay 300 millones de euros". Además, ha demandado que el Consistorio no renuncie a la titularidad del terreno y, "por coherencia, el Estado se lo ceda de forma gratuita a la ciudad de Málaga".
LEY DE AGUAS DE ANDALUCÍA
Por otra parte, también se ha aprobado, pese a los votos en contra de PSOE e IU, otra moción urgente del PP, tal y como se acordó el pasado sábado en el Consejo de Alcaldes del Partido Popular de Málaga, contra la Ley de Aguas de Andalucía. Así, se iniciará la tramitación de un proceso para defender la autonomía local ante el Tribunal Constitucional, emprendiendo cuantas actuaciones judiciales procedan para demandar la nulidad de esta nueva normativa de la Junta y la suspensión de su aplicación.
Se solicitará, asimismo, el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía y el Ayuntamiento llevará a cabo campañas informativas de concienciación y sensibilización sobre la nueva Ley de Aguas de Andalucía y sus repercusiones directas en el ciudadano, utilizando para ello todos los medios que estén a su alcance.
Con la Ley de Aguas de Andalucía "se plantea un problema de competencias, que afectaría directamente al abastecimiento en alta y depuración", tal y como ha indicado la concejala de Medio Ambiente, Araceli González, quien ha resaltado que "el nuevo impuesto tiene evidentes síntomas de inconstitucionalidad desde del punto de vista del reparto competencial establecido por la Constitución".
Esta ley, según la edil del PP, establece "un tributo autonómico cedido, por cuanto sería exigido por los propios entes locales en su término municipal y estaría destinado a las infraestructuras llevadas a cabo por éstos". "En definitiva --ha añadido--, se está creando un nuevo recurso tributario, lo cual está fuera de las competencias de la Comunidad Autónoma andaluza".
En este sentido, González ha resaltado que el canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad es un tributo autonómico que, sin embargo, "a partir de ahora van a exigir y recaudar los ayuntamientos, sin que tengan ningún margen de decisión sobre el mismo y sin que tampoco se prevea, simultáneamente, la dotación de recursos económicos para hacer frente a las nuevas cargas financieras que han de asumir".
"Es muy preocupante que la Junta de Andalucía pretenda que sean los ayuntamientos los responsables de la recaudación ante los ciudadanos, en un intento de que éstos últimos perciban que son las administraciones locales las responsables del cobro y gestión de dicho impuesto o canon", ha comentado González.
Otra de las críticas del equipo de gobierno del PP se refiere a que "no se establecen mecanismos de compensación para aquellos municipios que han efectuado las inversiones necesarias en construcción y ampliación de depuradoras con cargo a tarifa o a sus recursos propios", y ha denunciado que se provoque "la penalización de aquellos ayuntamientos que ya hayan invertido anteriormente en la mejora de estas infraestructuras, pagando así la mala gestión efectuada por la Junta en los últimos años".
Estos argumentos han sido rechazados por los grupos de la oposición. Así, la concejala socialista Begoña Medina ha aclarado que la Ley de Aguas de Andalucía persigue cumplir los objetivos de calidad de la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea y ha apuntado que ya se aplica en comunidades gobernadas por el PP, como son Madrid y Valencia, por lo que dijo no entender que en ellas este asunto no sea inconstitucional y sí en Andalucía. Por otra parte, al tiempo que ha lamentado la "incoherencia" del equipo de gobierno, ha justificado la actitud de los 'populares' aludiendo a un posible "coste político".
De igual modo, se pronunció el portavoz municipal de Izquierda Unida, quien ha negado que el nuevo canon del agua tenga "síntomas de inconstitucionalidad": "no hay que confundir lo que no nos gusta de la ley con que sea inconstitucional". Ha hecho hincapié, además, en que los malagueños necesitan infraestructuras para mejorar la depuración y el abastecimiento del agua.
