Fiscalía de Extranjería advierte de un aumento de casos de trata de personas y dice que 80 menores no han podido ser reagrupados
MÁLAGA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
Una de cada tres personas detenidas el pasado año 2008 en la provincia de Málaga por cometer delitos o faltas es extranjera, según los datos policiales recogidos en la memoria de la Fiscalía de Extranjería de Málaga, presentada hoy en rueda de prensa, en la que se precisa que por infracciones penales fueron arrestadas 14.625 personas, de las que 5.193 eran extranjeras.
El fiscal encargado de este área, Juan Andrés Bermejo, aseguró que no se puede identificar extranjero con delincuencia, ya que, apuntó, "la mayoría de los que están en situación irregular no se dedica a la comisión de hechos delictivos, aunque los que se dedican a delinquir sí están en situación irregular", lo que supone abrirles expediente administrativo, que suele dar lugar a la petición de internamiento para asegurar la expulsión, explicó.
Indicó que la función de los fiscales especializados en este área "no consiste en expulsar" y señaló que en los casos en los que los extranjeros han sido víctimas de delitos "es todo lo contrario, hay que darles la debida protección". En este punto, mostró su preocupación por los casos de trata de personas, que suelen llevar aparejado situaciones de prostitución.
En este punto, aseguró haber percibido que estos casos "han aumentado considerablemente, pero que eso no ha tenido reflejo en denuncias ni en procedimientos judiciales". "Detrás de ese aparente libre ejercicio de la prostitución se esconden verdaderas situaciones de marginación, explotación y necesidad, que es preciso sacar a la luz", aseguró el fiscal, quien dijo que España es país de destino.
"Es preciso que ese fenómeno se visualice y en ese sentido estamos intentando actuar desde esta Fiscalía y, en general, desde la Fiscalía de Coordinación en esta materia en Madrid", aseguró Bermejo, quien consideró que es preciso concienciar a los ciudadanos, a los poderes públicos, a los tribunales y a los medios de comunicación "para que cada vez se luche de una forma más activa contra esto", como ocurrió hace unos años con la violencia de género.
El principal problema para esta lucha es, en su opinión, "que no contamos con la debida colaboración de las víctimas", principalmente "por miedo y también porque nunca han confiado en la Policía ni en las autoridades judiciales de su país y porque no conocen nuestro sistema". Pero sobre todo, añadió, "porque tienen miedo de que el hecho de denunciar conlleve la expulsión al estar en situación irregular".
A este respecto, recordó que la legislación contempla que si los extranjeros en situación irregular son víctimas o testigos "podrán conseguir la regularización", aunque opinó que "la víctima siempre es víctima y se la debe proteger, independientemente de que colabore o no".
Por otro lado, indicó que el pasado año hubo 80 menores sobre los que se llevaron a cabo expedientes de reagrupación familiar y apuntó que "la inmensa mayoría ya tiene una resolución dictada por la Subdelegación, pero no se ha podido materializar por problemas fundamentalmente operativos", que, según señaló, "encontrarán su solución por la vía de acuerdo" entre España y el país de origen, en la mayor parte de los casos, Marruecos.
Bermejo dijo que primero hay que hacer gestiones para comprobar la edad, para lo que en 2008 se iniciaron 184 diligencias, y, luego, "hay que hacer todas las gestiones para lograr el reagrupamiento", pero apuntó que los fiscales "debemos comprobar que efectivamente el menor va a estar mejor con su familia". Añadió que estos menores consiguen la residencia pasado un tiempo determinado.
Por otro lado, destacó las diligencias previas, dirigidas por la Fiscalía de Extranjería, llevadas a cabo contra una organización ucraniana que introducía extranjeros en España y que contó con la colaboración de autoridades europeas a través de Eurojust. Además, también indicó que uno de los objetivos para el próximo año es potenciar el trabajo para detectar matrimonios de conveniencia.
CIE
Por otro lado, el fiscal de Extranjería reiteró un año más que el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), ubicado en la barriada malagueña de Capuchinos, "no reúne las condiciones de habitabilidad necesarias que debe tener un centro en un Estado moderno como el nuestro" y recordó que la Fiscalía lleva 10 años poniendo de manifiesto en las memorias esta situación.
Aseveró que, aunque la administración y la Policía ha hecho "esfuerzos" para mejorar las instalaciones, "toda reforma sobre ese edificio está destinada al fracaso", insistiendo en que "hasta que no se haga un nuevo centro, seguirán produciéndose problemas". Existe un principio de acuerdo para construir un nuevo CIE en la zona del polígono Guadalhorce de la capital.
Además, consideró necesaria la creación de una dirección general que coordine el funcionamiento de todos estos centros y de un cuerpo de funcionarios específicos encargados de atender a los internos "porque la función policial es la de custodia, pero no es la de atender a los internos en cuanto a las necesidades diarias". También apuntó que se deberían construir pabellones separados para que extranjeros en situación irregular que han cometido delitos no estén junto a los que no.
Según los datos de la memoria, el pasado año pasaron por este centro 2.410 personas, 2.203 hombres y 207 mujeres. En total, fueron expulsados 1.176 y 1.234 puestos en libertad. La ocupación media fue de 63,83 por ciento, según indicó el fiscal, quien dijo "no ver mal" que se amplíe el plazo de internamiento a 60 días para que dé tiempo a concluir correctamente los trámites.
