MARBELLA (MÁLAGA), 19 Abr. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, señaló hoy que el retraso que sufre la jurisdicción contencioso-administrativa, de la que alertó ayer el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), "no es solamente un problema de recursos materiales y personales, sino también de reforma de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el conjunto español".
Recordó que dicha reforma está prevista en el Congreso de los Diputados, ya que "hay que agilizar los procedimientos contencioso-administrativos", al tiempo que destacó la necesidad de "hacer una nueva distribución de las competencias de estos juzgados". Así, puso como ejemplo que todos los contenciosos que se inician en relación al Servicio Andaluz de Salud (SAS) se concentran en un solo juzgado en Sevilla, por lo que "se produce un colapso tremendo".
Así, el también secretario general del PSOE-A, quien hoy visitó Marbella (Málaga) acompañado del candidato socialista, Paulino Plata, explicó que "cada vez que desembarca una patera en Andalucía, tenemos 40 expedientes que van siempre a lo contencioso-administrativo; ahí hay una acumulación de trabajo enorme", precisó.
Chaves dijo, por tanto, asumir la crítica de Méndez de Lugo, ya que "conocemos la situación de los tribunales de lo contencioso-administrativo", añadiendo que desde el Gobierno andaluz "llevamos actuando desde hace unos años en relación a esa situación".
En este sentido, indicó que el 60% de los órganos judiciales creados desde finales de 2006 en Andalucía "están relacionados con lo contencioso-administrativo, sobre todo en capitales como órganos unipersonales y de sala", y mencionó Málaga, Granada y Sevilla.
El responsable del TSJA advirtió ayer del retraso que sufre la jurisdicción contencioso-administrativa, que deriva en "una gravísima situación de ineficacia" en el control de las actividades de las administraciones. Así, dijo que los tribunales están desbordados y que estos casos implican un "riesgo" para las garantías constitucionales.
Al respecto, el Alto Tribunal andaluz tiene pendientes un total de 40.765 asuntos en la jurisdicción contencioso-administrativa, cuya resolución podría retrasarse hasta siete años.
