Conejo acusa a Bendodo de "saltarse la ley a la torera"
MÁLAGA, 6 May. (EUROPA PRESS) -
El nuevo contrato del Centro de Arte de la Tauromaquia (CAT) fija un canon anual de 51.250 euros que el concesionario, en este caso el coleccionista Juan Barco, debe abonar a la Diputación de Málaga. Además, establece un periodo de concesión por 20 años; en el caso de dejarla sin efecto antes del periodo estipulado, no se contempla indemnización por parte del ente supramunicipal.
El acuerdo ha sido aprobado este miércoles por la mayoría del equipo de gobierno del PP en el último pleno de la Diputación, con el rechazo de los grupos de la oposición (PSOE e IU), que han criticado que no se les haya proporcionado documentación alguna sobre el mismo antes de la celebración de esta sesión.
Así, se formaliza un contrato diferente del anterior, que contemplaba una indemnización de un millón de euros en caso de que la Diputación rescindiera la concesión antes de un periodo de 10 años. Por tanto, queda instituido dicho canon, que comenzará a devengarse desde la fecha de la formalización de la concesión y cuya cuantía puede ser revisada en función del valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de la ocupación del inmueble.
En cuanto al plazo de concesión, se establece en 20 años no prorrogables y, al término de la explotación, el edificio y sus instalaciones, así como las obras realizadas con carácter permanente revertirán a la Diputación.
Por otro lado, el contrato estipula que el concesionario tiene derecho a la explotación del restaurante, la cafetería y la tienda ubicados en el inmueble, dándole libertad para gestionarlas de la mejor manera con el objetivo de obtener beneficios.
Sobre este punto, el portavoz del equipo de gobierno del PP, Francisco Salado, ha manifestado a Europa Press que "no entiendo las críticas" de los portavoces del PSOE y de IU, Francisco Conejo y Antonia Morillas, respectivamente, con relación a la explotación de estos servicios. Así, ha añadido que los museos intentan buscar actividades complementarias para obtener ingresos, ya que "por sí solos son deficitarios nada más que con las entradas".
En relación con las críticas de Conejo sobre que no se hayan sacado a concurso público estos servicios, Salado ha respondido que "no se puede sacar a concurso algo que es único". "Es como si se sacara a concurso el Museo Picasso o el Thyssen", ha especificado, agregando que la ley lo permite cuando "estás adquiriendo algo exclusivo".
PRECIOS Y GARANTÍA
Igualmente, el concesionario podrá fijar el precio de las entradas, por lo que queda fuera el supuesto anterior en el que el ente provincial recibiría un porcentaje de la venta de las mismas.
Además, el concesionario tiene la obligación de abonar los impuestos correspondientes, como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), y mantener el cuidado del inmueble. También se hará cargo de los recibos del suministro de energía eléctrica, abastecimiento de agua y saneamiento, gas, teléfono e Internet.
En el contrato también se estipula que el concesionario está obligado a aportar una garantía del tres por ciento del valor del inmueble --5,12 millones de euros--, por lo que asciende a 153.750 euros.
Dicha garantía responderá a la buena explotación de las instalaciones y al correcto cumplimiento de las obligaciones contraídas entre ambas partes, y será devuelta una vez vencida la concesión en un plazo de tres meses, siempre que no concurra causa imputable alguna al concesionario.
Por otra parte, en el contrato no figura ninguna cláusula por la que la Diputación esté obligada a abonar una indemnización al concesionario en el caso de extinción de la concesión, salvo que se produzca la desafectación del edificio. En este caso, el ente provincial estará obligado a ello si se hubiesen producido daños y perjuicios.
CRÍTICA
Por su parte, el portavoz del PSOE, Francisco Conejo, ha considerado, que el contrato es "un acuerdo lesivo" para el interés de el ente provincial, ya que el PP ha adjudicado el uso de uno de los inmuebles mejor situados en la provincia de Málaga a un privado por 51.250 euros.
Todo ello, ha agregado, "con un informe discrepante del Servicio de Contratación y Patrimonio de la Diputación, que, textualmente, discrepa del índice de valoración tenido en cuenta por este técnico, que ha tomado como referencia los réditos bancarios a plazo fijo del capital y las inversiones en tesoro público, en lugar de el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento si los bienes afectados no fuesen de dominio público".
El informe del Servicio de Contratación y Patrimonio ha advertido, asimismo, de que "como regla general y forma ordinaria de otorgar con concesiones para que terceros ajenos a esta Corporación utilicen de manera privativa y permanente edificios públicos propiedad de esta Administración, ha de utilizarse la concurrencia pública, para que se determine mediante criterios objetivos previstos al efecto, quién es el tercero que mejor y justificadamente pueda llevar a cabo el uso que se pretende".
Conejo ha recordado que el edificio está valorado en 5,12 millones de euros y tiene más de 1.500 metros cuadrados. "Se ha realizado una adjudicación directa sin concurrencia pública para un museo taurino, a un precio prácticamente de saldo".
Además, ha agregado, "se le ha permitido explotar un restaurante en la terraza del edificio y una tienda a 4.000 euros al mes cuando el precio de mercado en la zona es muchísimo más alto; es, sin duda, un escándalo". Finalmente, ha dicho tener "fundadas sospechas de que Elías Bendodo, en todo el procedimiento de este museo, se ha saltado la ley a la torera".
OTRAS MOCIONES
Entre otros asuntos tratados en el pleno de este miércoles, está la liquidación de la Empresa Provincial de la Vivienda de Málaga (Emprovima), que ha sido aprobada con el rechazo de los grupos de la oposición.
Además, una moción que instaba a la Junta de Andalucía a actuar contra la plaga de la avispilla, que está afectando a numerosos cultivos de la provincia, ha sido aprobada con el voto favorable de los tres grupos.
Sobre este aspecto, Salado ha acudido a su intervención ante los medios previa al pleno junto a representantes de cultivadores de castaño en el Valle del Genal, que se han visto afectados por esta plaga.
Así, los cultivadores han demandado al Gobierno andaluz que se proceda a la suelta controlada del depredador natural de la avispilla, el Torymus sinensis, con el objetivo de acabar con este problema.
Por otro lado, una moción presentada por el grupo de IU, que instaba al equipo de gobierno a mantener el carácter urgente de una reunión con el Consejo Provincial de la Mujer, ha sido rechazada.
