La Junta trabaja para que haya "un paraguas normativo" que asegure la universalidad en el acceso y la calidad en la prestación
MÁLAGA, 11 May. (EUROPA PRESS) -
Avanzar en una regulación que garantice que ninguna persona pueda verse privada del acceso al agua por razones de capacidad económica, sin olvidar, no obstante, ni la sostenibilidad ni el equilibrio de las empresas. Éste es el objetivo en el que ha insistido este miércoles el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu.
Y lo ha hecho en el marco de una jornada organizada en el Rectorado de Málaga por la oficina que dirige y en la que se ha expuesto parte del informe especial del Defensor del Pueblo Andaluz para el Parlamento de Andalucía sobre 'Servicios de suministro. Garantías y derechos'.
"Es necesaria una norma que diga que nadie puede no tener agua, lo que es compatible con el sostenimiento de las empresas suministradoras", ha declarado el Defensor del Pueblo Andaluz, precisando que esa garantía es independiente de si se trata de una gestión pública o privada del servicio.
Así, ha afirmado que "queremos que se visualice y se tome conciencia de que el agua es un bien escaso y un derecho humano del que nadie debe estar privado". En general, ha subrayado la necesidad de "recuperar derechos, ya que la crisis ha hecho algunas grietas en el Estado de bienestar". Para ello, la colaboración de todas las administraciones, especialmente de los ayuntamientos, ha de ser "máxima".
Aunque ya hay ayuntamientos que aplican mecanismos para garantizar unos suministros mínimos, sigue siendo un "reto" para las administraciones, sobre todo, tal y como ha precisado Maeztu, teniendo en cuenta que no hay una norma para todos, sino que se trata de actuaciones adoptadas de forma voluntaria.
JUNTA DE ANDALUCÍA
Por parte del Gobierno andaluz, la secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático, Belén Gualda, ha valorado este informe del Defensor del Pueblo Andaluz, puesto que es una contribución para detectar las necesidades existentes y poder contar con una nueva normativa.
"Desde la Consejería se trabaja para impulsar un paraguas normativo, de modo que esas ayudas no sean una cuestión voluntaria de las entidades locales, sino que haya un marco en el todas se muevan a la hora de garantizar la prestación del servicio lo máximo posible", ha expuesto.
Gualda ha resaltado, asimismo, que "la titularidad del servicio siempre es pública y es la administración la que debe velar por su prestación". Una cuestión diferente es que la gestión la lleve a cabo directamente una empresa municipal o una privada.
Al respecto, Maeztu ha precisado que el hecho de que "la gestión sea privada no obsta ni debe obstar para que el control y la responsabilidad política sea de la Comunidad Autónoma o de la Administración local".
MÁLAGA
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, presente en la inauguración de esta jornada sobre servicios de suministros de agua, como también el rector de la UMA, José Ángel Narváez, ha puesto en valor el trabajo del Ayuntamiento para procurar, a través del fondo social de 500.000 euros de la Empresa Municipal de Aguas (Emasa), que nadie, por cuestiones económicas, se quede sin este recurso.
"Se han atendido todos los casos, aumentando en estos años la partida presupuestaria, y si fuera necesario --ha asegurado--, se pondrían más recursos". De todos modos, también ha aprovechado para hacer un llamamiento a un uso responsable del agua.
De la Torre ha hecho hincapié en la necesidad, dado que el agua es un recurso escaso, de llevar a cabo una política tarifaria de reducción en el consumo. En el caso concreto de la capital, ha aludido a la implantación en noviembre de 2013, no sin polémica, de un sistema de tarifas por habitante, en lugar de por vivienda.
Un sistema que ha requerido un trabajo de consenso posterior entre los distintos grupos políticos municipales y las asociaciones de consumidores para acordar un marco menos perjudicial para quienes viven solos o en pareja que el que se viene aplicando desde finales de 2013.
En suma, según el alcalde, "en el tema del agua siempre hay retos porque es un recurso que hay que tratar con delicadeza, consumirlo de modo justo y depurarlo adecuadamente", haciendo referencia, al respecto, a la depuradora del Bajo Guadalhorce, la tercera de la capital y que aglutinaría las aguas residuales de otros municipios del área metropolitana.
Estas jornadas celebradas en Málaga contemplan cuatro mesas de debate sobre cuestiones como el derecho humano al agua y suministros mínimos; el precio de este recurso; garantías en situaciones excepcionales, en alusión al corte de suministro y al fraude, y la atención al cliente y las reclamaciones.
