El fiscal y compradores de viviendas mantienen la acusación contra el dueño de Aifos

MÁLAGA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Málaga y la acusación particular, que representa a casi una treintena de compradores de viviendas no construidas en Hacienda Casares, han mantenido la acusación contra el que fuera presidente de la promotora Aifos, Jesús Ruiz, y su mujer. Así, el ministerio público les acusa de un delito continuado de apropiación indebida, al que el letrado de los perjudicados suma otro de estafa.

El juicio ha quedado este miércoles visto para sentencia en la Sección Segunda de la Audiencia de Málaga. La acusación pública solicita cuatro años de prisión para cada acusado; mientras que la particular pide que se le imponga a cada uno ocho años de cárcel. En sus conclusiones definitivas, las defensas también han mantenido la petición de absolución de sus representados.

El fiscal entiende que el dinero obtenido de los compradores, más de un millón de euros, fue destinado a otros fines y ha sostenido que no había cuenta especial y que no se puede justificar la no devolución de las cantidades en que se han aplicado a conceptos como la publicidad o la compra del terreno, sin que finalmente se hayan entregado las casas. "No es de recibo", ha apuntado.

Respecto a la publicidad, ha admitido que la empresa pueda "hacer la promoción que quiera" y contratar a las personalidades que quiera, pero no se debe pagar con el dinero de los compradores de viviendas que "no se han construido". Sobre destinarlo al terreno, ha dicho que no se trataba de una cooperativa y que el dinero entregado sirve para comprar algo que queda en el patrimonio de la empresa.

"Los compradores no tienen nada", ha apuntado, indicando que "de manera cicatera y ruin" se les ofreció una permuta por otras viviendas, instando a que pagaran "encima" la diferencia de coste. A pesar de todo, en su opinión no existe engaño bastante por parte de los procesados, por lo que no estima que se pueda acusar por un delito de estafa.

Por su parte, el abogado de los perjudicados, Francisco Javier Lara, sí acusa también por estafa, insistiendo en que sus clientes no hubieran firmado los contratos si en ellos no se hubieran incluido los plazos de las obras y que el aval. Dos cláusulas que, ha dicho, Aifos incluyó expresamente a petición de estos compradores "a pesar de saber que no iba a construir".

Por esto, considera que se les produjo "un engaño de tal magnitud que firmaron y pagaron", pensando, además, que la fase en la que compraban ya tenía licencia de obras, cuando no era así. "Aifos estafó a los compradores y se quedó con el dinero", ha asegurado el letrado, quien ha dudado de que el dinero no haya circulado entre distintas cuentas bancarias.

"Nadie con el mínimo de sentido común puede justificar que se hayan gastado 18 millones de euros en unos bloques en los que no se ha puesto ni un ladrillo", ha dicho Lara sobre los gastos que Aifos dice que tuvo en la promoción, apuntando que los avales, si se constituían, no se entregaban y calificando de "falso y esperpéntico" que se diga que los compradores no han recuperado su dinero porque no han querido.

La defensa del principal acusado ha pedido la absolución y ha reiterado que se trata de una cosa juzgada, puesto que hay una sentencia de la Sección Novena de la Audiencia malagueña que le absuelve por unos hechos iguales, aunque con otros compradores, pero en la que se analizan, ha afirmado, los ingresos de los adquirientes de la misma fase que los aquí perjudicados.

Ruiz Casado declaró que, cuando veían que no podían comenzar las obras, ofrecían a los compradores la devolución del dinero o la permuta por una vivienda en otra promoción. Además, ha declarado que se hicieron avales de las cantidades entregadas cuando se tenían los datos de los clientes, ya que la comercialización la hizo otra empresa.