Destaca la colaboración de los ayuntamientos de Málaga y Vélez y cree pocas las ocho denuncias formuladas por Cultura de la Junta
MÁLAGA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Área de Medio Ambiente de la Fiscalía de Málaga incrementó en 2008 en un 36 por ciento las diligencias de investigación penal abiertas por delitos contra el patrimonio, la flora y la fauna, contra el medio ambiente y delitos contra la ordenación del territorio. A raíz de estas investigaciones, se presentaron 137 denuncias o querellas.
Según la memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía, presentada hoy, el número de diligencias de investigación en 2008 en éste área fueron 360, de las que 276 fueron por delitos contra la ordenación del territorio, 54 por delitos contra el medio ambiente, 23 contra la flora y la fauna, cinco contra el patrimonio histórico y dos por incendio.
De estas diligencias, 146 fueron archivadas por no ser los hechos denunciados constitutivos de delito y 77 están pendientes de diligencias solicitadas en su día. No obstante, se presentaron ante los correspondientes juzgados de instrucción 90 denuncias y se interpusieron 47 querellas, según precisa el documento.
Por denunciantes, los responsables de esta sección destacan que en 2008 se produjo "un incremento espectacular" de las causas iniciadas como consecuencia de la actuación de la Delegación de Medio Ambiente, que denunció 41 casos. Vivienda y Ordenación del Territorio llevó al fiscal 14 casos, menos que en 2006, cuando fueron 89, y que en 2007, con 23; mientras que Gobernación denunció en 20 ocasiones.
Respecto a la Consejería de Cultura, aunque subraya que ha crecido la colaboración, considera que con ocho denuncias "sigue pareciendo una actuación testimonial, pues resulta difícil creer que en esta provincia hayan tan pocos atentados contra el patrimonio", pero añade que "no existe motivo de queja alguno". En total, las denuncias de la Junta de Andalucía dieron lugar a 82 diligencias de investigación.
La Fiscalía destaca de nuevo, como ya hizo otros años, la especial colaboración de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, con 65 denuncias --lo que supone un 20 por ciento más--; así como las 22 del Consistorio de Vélez-Málaga. Torremolinos informó siete casos, Casares, uno y el Ayuntamiento de Alcaucín, cuyo ex alcalde está imputado en el caso 'Arcos', contra la corrupción urbanística, fue denunciante en una ocasión también.
No obstante, la mayoría de los denunciantes fueron anónimos, particulares o grupos políticos (115); mientras que llegaron a la Fiscalía 16 denuncias de las asociaciones ecologistas y el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil puso en conocimiento 51 casos.
Según los datos recogidos en la memoria, el pasado año se incoaron 396 diligencias judiciales, de las que 241 fueron por delitos contra la ordenación del territorio --150 en la capital, 70 en el interior y 21 en la costa--; 16 contra el medio ambiente --nueve en Málaga y siete en la provincia--; 31 por delitos contra el patrimonio, 13 por acciones contra la flora y fauna y 22 por incendio.
Respecto a las sentencias dictadas, en 2008 hubo 22 condenatorias por delito contra la ordenación del territorio, 13 por el delito del artículo 319 --10 incluyeron la demolición y tres no--, y nueve por el artículo 320. Asimismo, ocho fueron absolutorias. También se dio una sentencia por delito contra la flora y la fauna.
ACUERDO EN MARBELLA
La memoria de la Fiscalía de Málaga en esta área también dedica una parte a explicar el acuerdo de conformidad al que se llegó con los ex ediles del GIL en Marbella (Málaga), que se materializó el año pasado, insistiendo en que se limitó a los causas por prevaricación urbanística y reiterando que como cuestión innegociable estaba que la pena era de prisión y que no se podía sustituir ni suspender.
Se señala que se concedían licencias, según una revisión de 1998 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), "bajo la confusión" que había entre el plan de 1968, que era "obsoleto" y el del 86, que recibió el visto bueno de la Comisión Provincial de Urbanismo, que el Ayuntamiento no publicó, un hecho que realizó en el año 2000 la citada Comisión, que "podía haberlo hecho mucho antes y se hubiese evitado la citada confusión".
Por último, el fiscal coordinador reitera que este acuerdo tenía para la administración de Justicia "la ventaja de evitar un rosario de juicios orales", que podrían haber llegado a más de 70, y destaca que el pacto de conformidad, cuyas negociaciones se iniciaron a instancia de los abogados, contó con el visto bueno de la Fiscalía Superior y de la General.
