MÁLAGA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -
El gerente del Patronato de Turismo Málaga-Costal del Sol, Arturo Bernal, ha abogado por mantener del edificio de la plaza del Siglo y por buscar otras fórmulas de financiación alternativas a la venta. Según ha apuntado, el inmueble supone para la Diputación una cuota de 630.000 euros anuales --hipoteca y gastos de mantenimiento--, que el ente debe sufragar hasta 2029.
Así, dentro de estas alternativas, se encuentra tanto el alquiler como la concesión del edificio durante unos años para su explotación por parte de terceros y manteniendo su titularidad. En cualquier caso, "lo que no queremos es vender el patrimonio", ha insistido Bernal, en declaraciones a Europa Press.
Estas dos soluciones ya fueron mencionadas este pasado viernes por el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, durante el anuncio del traslado del Patronato y de la Empresa Provincial de Vivienda (Emprovima) a la plaza de la Marina, donde actualmente se encuentra la Sociedad de Planificación y Desarrollo (Sopde).
La idea de vender o alquilar el edificio forma parte de las líneas de recomendación contempladas por el Patronato en un informe interno de gestión realizado, de cara a la comisión permanente, a partir de dos auditorías externas: una económico-financiera y otra sociolaboral. En él se hace una serie de propuestas para garantizar la sostenibilidad del organismo, como la reducción de la plantilla y la necesidad de ingresos extraordinarios.
Ambas auditorías externas y no vinculantes fueron encargadas por el PP a su llegada a la entidad turística en 2011, cuando las cuentas arrojaban un déficit de 2,6 millones de euros, ha informado el gerente, cifra que suponía aproximadamente el 50 por ciento del presupuesto. Al parecer, los resultados daban negativo en todas las partidas, siendo el principal gasto el de personal --1,95 millones de euros al año--.
Por tanto, se hacía necesario tomar medidas para aumentar los ingresos y disminuir los gastos, sin afectar a las políticas de promoción. Así, en el citado informe se incluyen recomendaciones tales como la reducción de los gastos operativos y contables; el mayor control, coordinación y aprovechamiento de los aprovisionamientos, la generación de ingresos añadidos a las actuales cuotas de socios, reestablecer el equilibrio patrimonial, financiero y presupuestario, así como la adaptación del cronograma de pagos a la Ley 15/2010 --en 30 días--.
En cuanto al personal de la entidad turística, se acordó con los trabajadores una reducción salarial de hasta un 24,72 por ciento, "fundamentalmente en los sueldos de los directivos". Esto generaría un ahorro de unos 150.000 euros al año, ha especificado Bernal, de los que ya se han logrado 75.590,22 euros.
Esto se sumaría al ahorro ya generado con las líneas de actuación seguidas por el PP en el Patronato, con el mayor control en acciones realizadas --307.148 euros en el ejercicio anterior sobre lo presupuestado-- y la cancelación de acciones: 41 en 2011 --449.200 euros-- y cuatro este año --14.000 euros--. También, al incremento de los ingresos procedentes de los nuevos servicios y extraordinarios --37.130,53 euros-- y de las nuevas altas de socios, un total de 33 entre 2011 y 2012 que han supuesto una cuantía de 37.130,53 euros.
Sin embargo, queda pendiente de cobro un total de 915.700 euros a cargo de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, que, según ha explicado Bernal, convenia con los patronatos de todas las provincias partidas económicas para acciones de promoción. En este caso, la Administración autonómica debe 415.700 del ejercicio anterior, así como la totalidad del convenio de 2012, un total de 500.000 euros. Además, la Diputación ha reducido su aportación para este año en un 30 por ciento, pasando de seis a 4,2 millones de euros.
SITUACIÓN DE PARTIDA EN 2011
El escenario con el que se partía en el Patronato de Turismo de la Costa del Sol a la llegada de los 'populares', en julio del pasado año, era el de una situación financiera y económica "muy grave", según ha afirmado el gerente.
Además de un "excesivo" endeudamiento", se contemplaba quiebra de Tesorería y situación de concurso de acreedores, según el informe; mientras que el plazo de pago a los proveedores se situaba en una media de 238 días, incumpliendo así la Ley 15/2010, que establece un máximo de 30.
Además, el informe pone de manifiesto la existencia de una plantilla "sobredimesionada", formada, en algunos casos, por perfiles profesionales no acordes con sus aptitudes y capacidades. Asimismo, detecta "incongruencias" y una "sobrerretribución" en materia salarial de los trabajadores, ha agregado.