MÁLAGA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Instituto de Política Familiar (IPF) presentó hoy el informe sobre la evolución de la familia en Andalucía de 2007 en el que afirma que la Junta de Andalucía "no se preocupa por la situación familiar en la Comunidad" y añadió que debe dar ayudas económicas, no sólo para mantener a los hijos, sino también para los padres que tienen que compaginar su vida laboral con la familiar. Asimismo, indicó que el Gobierno andaluz tiene que crear órganos especializados para esta institución.
El presidente del IPF España, Eduardo Hertfelder, precisó que, mientras en 12 comunidades autónomas hay órganos especiales que tratan la institución familiar, en Andalucía "sólo hay una Dirección General de Familia". "Andalucía no cuenta con un organismo de primer nivel, lo que demuestra el interés de la Junta en este asunto", subrayó.
Por otro lado, la vicepresidenta del IPF de Andalucía, María Silvestre, indicó que es necesaria la instalación del Observatorio de la Familia, organismo que tienen comunidades como Aragón, Cataluña, Galicia y Valencia. Además, Baleares, Cantabria y Murcia tienen el proyecto aprobado y Madrid, Navarra y Castilla y León tienen el Observatorio en proyecto.
Asimismo, Andalucía no tiene una Ley de Familia ni una ley de mediación familiar y "sólo cuenta con un Plan de Apoyo a la Familia que no responde a la realidad familiar andaluza ni a sus expectativas", indicó.
AYUDAS ECONÓMICAS.
Hertfelder informó de que, aunque el coste medio mínimo de un hijo es de 5.456 euros al año hasta los 18 años, lo que supone un coste medio de 454 euros al mes por hijo, unos 15 euros al día. Todo esto hace que hasta los 18 años, cada familia gaste por hijo 100.000 euros.
En cuanto a las ayudas económicas, una familia andaluza que tuviera su primer o segundo hijo no recibiría ayuda por parte de la Junta hasta el tercero, siempre y cuando el anterior tuviese menos de tres años y con restricciones en cuanto a la renta, lo que hace que sólo reciba esta ayuda, de 600 euros al año, el 5 por ciento de las familias andaluzas.
Según indicó, esta cantidad cubre el 8 por ciento del coste de un hijo hasta que cumple los tres años, ya que los niños a esa edad gastan de media 7.384 euros anuales.
Por su parte, la ayuda para partos múltiples sólo afecta a uno de cada 56 partos. En Andalucía, hubo 90.462 partos, de los que 2.569 fueron dobles, 57 de trillizos y uno de más de tres.
VIDA LABORAL Y FAMILIAR.
"La Junta no apoya a la conciliación de la vida laboral y familiar, ya que no da ayudas directas para excedencias por cuidado de hijos pequeños, y sí da para guarderías limitadas para ciertas familias, y según sus ingresos", indicó Silvestre.
Además, según precisa el informe, el Gobierno andaluz ha congelado las ayudas a la familia en los últimos cinco años, mientras el coste medio destinado a los hijos subió en los últimos seis años en un 25 por ciento.
Por todo esto, la Comunidad ocupa el puesto número 12 en el ránking de las comunidades que dan más ayudas a las familias en España, algo calificado por Hertfelder como "dramático".
OBJETIVOS DEL IPF.
Para esta realidad, el IPF propone crear una Consejería de Familia, elaborar y poner en marcha la Ley Integral de apoyo a la Familia, creación y puesta en marcha del Observatorio Andaluz de la Familia, universalizar las ayudas directas y fiscales actuales y futuras, "ya que así nos igualaríamos al resto de países de la UE", precisó Silvestre.
Además, quieren un compromiso de actualización anual de las prestaciones directas y fiscales, evitando su depreciación con la inflación; incremento de la prestación de ayuda por nacimiento y adopción, sin límites de renta, desde el primer hijo, con importes suficientes, y cuya cuantía sea creciente con el número de hijos; y establecer ayudas para las familias numerosas.
Por otro lado, este Instituto reivindica la puesta en marcha de la Ley de Prevención y Mediación Familiar, para ayudar a familias que estén en situaciones de conflictividad y crisis; creación de los Centros de Orientación y Terapia Familiar, ya sean públicos o privados, en cumplimiento de las recomendaciones que hace el Consejo de Europa; y ayuda universal para pedir la excedencia o la reducción de la jornada laboral.
Finalmente, este informe pide una ayuda universal a familias que atiendan a personas mayores; un pacto entre la Junta y los ayuntamientos para abaratar el precio de la vivienda que contemple, por un lado, la eliminación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, actualmente un 6 por ciento del precio de compraventa escriturado de vivienda de segunda mano, y la reducción del 50 por ciento del IBI para familias con hijos y del 75 por ciento para familias numerosas.
