MÁLAGA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -
La parlamentaria andaluza de Izquierda Unida por Málaga Dolores Quintana ha alertado de que la nueva adjudicataria del Sistema Emergencias 112 Andalucía "quiere cambiar las condiciones laborales y despedir a trabajadores", por lo que ha reclamado a la Junta que "actúe inmediatamente en el conflicto" con la empresa "por tratarse de una contratación pública y un ser servicio vital".
Tras reunirse este martes con la presidenta del comité de empresa del 112, Marina Parejo, que le ha informado de la actual situación del servicio que afecta a las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva, Sevilla y Málaga, Quintana ha anunciado que la coalición de izquierdas presentará en el Parlamento andaluz una iniciativa, si bien, "como medida inmediata" ha exigido la intervención del Ejecutivo autonómico.
Según ha explicado, el servicio del Sistema de Emergencias 112 Andalucía depende de la Consejería de Justicia e Interior, que lo ha vuelto a sacar a concurso siendo adjudicado a la empresa Mk Plan.
"Cinco días después, la firma propone a los representantes sindicales reestructuraciones laborales que incluye no contratar al personal de la bolsa, rebajas salariales, aumento de la hora de trabajo de la plantilla y otras medidas indignantes", ha afirmado Quintana.
Además, según ha expuesto la parlamentaria de IU, "se da la circunstancia de que la subrogación del contrato incluye mantener a los trabajadores y las mismas condiciones laborales", por lo que, ha afirmado, "se está incumpliendo el pliego de adjudicación". Quintana ha agregado que "la mayoría de los afectados son mujeres y muchas de ellas monoparentales".
La representante de IU ha explicado que "el despido de más de 30 personas que forman la bolsa y que vienen trabajando eventualmente en el 112 supone una merma de calidad del servicio", el cual "es imprescindible para la sociedad porque salva vidas". Además, ha advertido de que "no se puede empobrecer a los trabajadores con contratos públicos".
Por todo ello, ha anunciado que IU emprenderá diversas medidas, entre ellas la de pedir el contrato de adjudicación del servicio, con la intención de "convertirse en un instrumento de mediación y presión para que no haya avances en las medidas que quiere imponer la empresa".
