La Junta convoca este jueves a los vecinos afectados por el desalojo del inmueble de calle Curadero

MÁLAGA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento y Vivienda, a través de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), ha convocado este jueves a los vecinos afectados por la orden de desalojo dictada por la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Málaga para el inmueble situado en el número seis de la calle Curadero.

En dicho encuentro se quiere conocer la situación de cada una de las familias que residen en este inmueble e informarles de las medidas que se van a adoptar para poder ofrecer una respuesta adecuada a las necesidades de cada una de ellas.

En este sentido, se va a remitir una comunicación al Ayuntamiento de Málaga para que "de forma urgente" ponga a disposición de EPSA las viviendas de que dispone, asumiendo la empresa pública todos los gastos de un alquiler social, con el objetivo de realojar provisionalmente a todas las familias afectadas.

Han precisado, a través de un comunicado, que en estos momentos la empresa autonómica de suelo carece de inmuebles disponibles en su parque de viviendas en Málaga para poder aplicar "una solución con la rapidez que la situación requiere".

La seguridad de las personas, han precisado desde el Gobierno andaluz en un comunicado, "tiene carácter prioritario y urgente"; de ahí que la trabajadora social de la Gerencia de EPSA en Málaga se vaya a reunir con estos vecinos.

También se inscribirá a todas las familias que residen en esta finca en el Registro de Demandantes de Viviendas, para que puedan tener opción a cualquier VPO que pueda ser ofertada.

Este miércoles, el delegado territorial de Fomento y Vivienda, Manuel García Peláez, ha criticado la actitud del Ayuntamiento de Málaga en relación con el desalojo cautelar, por no reunir las condiciones de estabilidad y salubridad necesarias, del inmueble.

La obligación del Consistorio, según el delegado, era "hacer todo el proceso de expropiación" de esta parcela del centro histórico, donde se preveía la construcción por parte de la Junta de las denominadas 'tecnocasas'. Así, ha demandado de nuevo al Ayuntamiento una certificación del valor del realojo de los inquilinos o, en su lugar, de la correspondiente indemnización.

ESTADO DEL EDIFICIO

El Ayuntamiento informó este pasado martes de que durante las últimas visitas se constató que el estado que presenta el edificio en la actualidad no permite garantizar la seguridad de sus habitantes, dada la amplitud y gravedad de sus patologías.

Asimismo, se ordenó a la propiedad del inmueble, EPSA, que, como medida cautelar y de forma inmediata, proceda a realizar distintas actuaciones, como el repaso de fachada y cubiertas con retirada o adecuada fijación de elementos sueltos susceptibles de desprenderse a la vía o colindantes, y la clausura de todas las posibles vías de acceso para impedir la entrada de personas.

También se le demandó que realizara una vigilancia técnica del edificio para evitar situaciones de riesgo, tanto a la vía pública como a edificios colindantes, mientras no se proceda a su rehabilitación. En 2008, 2010 y 2012 ya se advirtió a la propiedad de la situación del inmueble, aconsejándole que se procediera al realojo de los 13 inquilinos.

El edificio fue declarado en situación legal de ruina mediante sentencia judicial en noviembre de 2005. Se encuentra incluido dentro de las áreas de rehabilitación concertada del Pepri-Centro y, tras el oportuno trámite expropiatorio, pasó a titularidad de EPSA.