MÁLAGA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
El director general de Administración Local de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Camacho, han informado este miércoles en Málaga sobre el recurso de inconstitucionalidad que presentará la Junta contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que, ha dicho, "no sólo colisiona y vulnera las competencias autonómicas, sino, especialmente, las competencias municipales y la autonomía local", asegurando que la Comunidad Autónoma Andaluza defenderá "con uñas y dientes" su Estatuto.
Camacho ha explicado, junto con el delegado del Gobierno andaluz, José Luis Ruiz Espejo, y la responsable de la Oficina de la Vicepresidencia, Fátima Berlanga, las consecuencias que tendría en la provincia la aplicación de la ley, sobre todo en lo que se refiere a determinados servicios públicos como las oficinas municipales de información al consumidor, centros municipales de la mujer, mancomunidades, transportes o políticas y actividades formativas de empleo.
Así, ha incidido en que la Comunidad Autónoma Andaluza "va a defender con uñas y dientes su Estatuto de Autonomía, así como su legislación local", y se ha referido a la necesidad de diálogo porque esta reforma "toca el modelo y la estructura del Estado". "Una ley como ésta, que es troncal, no puede estar al albur de una coyuntura económica o política, porque se trata de instituciones, de servicios públicos, y no se puede hacer unilateralmente, sin diálogo", ha manifestado.
Ha abundado en que no se trata de un problema de políticos sino de ciudadanía y de servicios públicos esenciales, y también ha negado que se pretenda con ella conseguir la estabilidad presupuestaria dado que se había logrado antes de la ley. "Los ayuntamientos ya cumplen la ley de estabilidad presupuestaria, esta reforma lo que intenta en realidad es adelgazar el Estado", ha lamentado Camacho.
En cuanto a las repercusiones en la provincia de Málaga, ha informado de que se verían afectadas 23 oficinas municipales de información al consumidor, que prestan servicio a un total de 1.470.113 habitantes, el 80 por ciento de la población.
Asimismo, perjudicaría a las tres mancomunidades de municipios. En el caso de la Sierra de las Nieves, "tendrían que prescindir de las competencias de desarrollo económico y social, así como las que tienen en promoción de la educación y participación de la juventud".
En el caso de las mancomunidades de la Costa del Sol Occidental y Costa del Sol Axarquía, "la principal competencia afectada es la relativa a políticas de desarrollo económico, social, empleo y actividades formativas", ha dicho, apuntando que, asimismo, "tendrían que renunciar a sus competencias en servicios sociales, playas y mataderos".
También se verán afectados, ha continuado, los 19 centros municipales de la mujer en la provincia y el Consorcio Metropolitano de Transportes que está participado al 50 por ciento por 12 municipios, el 45 por ciento por la Junta y el cinco por ciento por Diputación, y presta servicio a 819.384 habitantes, el 50 por ciento de la población malagueña.
Camacho también ha apuntado la "inestabilidad jurídica y financiera y los perjuicios que va a ocasionar la disparidad de interpretaciones que pueden tener los interventores sobre qué ley prevalece, si la estatal o la de las comunidades autónomas, algo que solo puede dirimir el Tribunal Constitucional", por lo que ha destacado que el Gobierno central "debe establecer una moratoria mientras se pronuncia este órgano judicial".
Por su parte, el delegado del Gobierno andaluz en Málaga ha destacado que esta norma supone "un ataque frontal no sólo a las competencias de la Comunidad Autónoma en la materia sino, sobre todo, a la propia capacidad de autogobierno de las entidades locales, que en Andalucía reforzó el Estatuto de Autonomía de 2007 y su posterior desarrollo legislativo".
Para Ruiz Espejo, con esta ley "se desvirtúa el carácter democrático de los ayuntamientos para convertirlos, sobre todo en las pequeñas poblaciones, en simples instancias administrativas". En este sentido, ha indicado que los municipios malagueños "verán afectada su autonomía por la reforma, ya que implica una recentralización y control por parte del Gobierno, especialmente en los 85 municipios de la provincia menores de 20.000 habitantes".
