MÁLAGA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella (Málaga) ha requerido a la esposa del actor escocés Sean Connery que nombre representación legal en España en la pieza separada del denominado caso 'Goldfinger', en el que se investigan operaciones urbanísticas y financieras desarrolladas en relación con la parcela marbellí en la que estaba el chalé propiedad del matrimonio.
Así consta en una providencia de dicho órgano judicial, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se insta a librar una comisión rogatoria internacional a las autoridades judiciales de Bahamas para que notifiquen a la mujer el auto en el que se acordó seguir la causa sobre ella y también para que se le comunique que debe nombrar abogado y procurador.
Esta decisión se produce después de que la Audiencia de Málaga haya aceptado los argumentos del letrado que se tenía por personado hasta ahora en nombre del matrimonio, quien expuso que no había sido designado para la defensa, sino que "únicamente se limitó al asesoramiento en materia de derecho español para un acto notarial que se celebró en territorio de Bahamas", dice el auto de la Sala.
El juzgado instructor acordó en febrero de 2014 el archivo de la causa respecto al actor, al entender que "no aparece ni una sola intervención que pueda conducir a mantener su imputación". En el mismo auto, decidió continuar la tramitación respecto de la esposa, señalando, de manera indiciaria, a una participación en los hechos que podría ser constitutiva de delito.
Según el instructor, la esposa del actor señaló en su declaración que su marido no ejercía cargo alguno y jamás intervino en los asuntos de la sociedad investigada; por lo que, dijo, ella era "la administradora de la misma y la única persona que tomaba decisiones en relación con la compañía", siendo beneficiaria última hasta 2001, fecha en que vendió las acciones.
Este procedimiento se inició por la querella de Anticorrupción, tras un informe del Tribunal de Cuentas sobre el Consistorio marbellí. Inicialmente, se investigaban los convenios suscritos por el Ayuntamiento con las sociedades Malibú S.A. --propietaria del chalé de los Connery-- y By the Sea, sobre los que se sustentó la promoción inmobiliaria de 72 viviendas, denominada Malibú.
Posteriormente, tras varios informes relacionados con el blanqueo y de la Agencia Tributaria, la investigación se amplió a las operaciones financieras realizadas sobre la promoción a través de un entramado societario en las que supuestamente habría intervenido un despacho de abogados marbellí, que había representado los intereses económicos del matrimonio en Marbella.
Finalmente, el juez abrió juicio oral contra 17 personas, entre ellas el exalcalde marbellí Julián Muñoz, el exasesor Juan Antonio Roca, dos letrados de dicho despacho, cinco exconcejales, un empresario y varios asesores fiscales y profesionales financieros, contra los que la Fiscalía Anticorrupción ya presentó escrito de acusación; aunque no lo ha hecho aún contra la esposa.
