A juicio en Málaga varios guardias civiles por un caso de narcotráfico

Actualizado 26/01/2015 8:10:20 CET

MÁLAGA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia de Málaga tiene previsto celebrar este lunes la primera sesión del juicio por una supuesta trama relacionada con operaciones de narcotráfico, en el que hay 40 personas acusadas, varias de ellas guardias civiles que pertenecían al Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) del instituto armado de Málaga.

La vista oral tiene fijadas por el momento 48 sesiones hasta mediados de julio, aunque aún no está realizado el guión definitivo. El Juzgado de Instrucción número 11, que llevó la investigación, abrió juicio oral contra 40 personas, tras los escritos de acusación presentados por la Fiscalía y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), aunque tres de ellas están en busca y captura.

El fiscal acusa, según el escrito inicial al que ha tenido acceso Europa Press, por los delitos de encubrimiento, revelación de secreto, robo, proposición para cometer delitos de tráfico de drogas, contra la salud pública, blanqueo y cohecho, entre otros. Son 39 acusados, entre los que está el teniente de la Guardia Civil, exjefe del EDOA en Málaga; y un sargento de este mismo equipo.

Esta parte también acusó a otros tres agentes de la Benemérita y a algunos presuntos traficantes o colaboradores. Así, para el teniente, la acusación pública pidió en su escrito de conclusiones provisionales más de 30 años de prisión e inhabilitación por delitos como revelación de secreto, contra la inviolabilidad del domicilio, contra la salud pública o malversación de caudales.

En cuanto al sargento, el ministerio público solicita más de 55 años de cárcel, añadiendo a los delitos anteriores otros como el blanqueo de capitales o el cohecho. En su escrito provisional, con 16 hechos delictivos, el fiscal describe operaciones contra el narcotráfico en Málaga y en Marbella, en las que habrían tenido alguna participación estos dos exresponsables del instituto armado.

En algunos casos, según se desprende de las intervenciones telefónicas, contactaban con personas que iban a robar alijos de drogas y habrían acordado un operativo para que esos contactos se quedaran con parte del cargamento. Además, según el fiscal, el sargento acusado presuntamente colaboraba con personas de redes que introducían droga desde Marruecos, dando "cobertura y seguridad".

En cuanto al teniente, la Fiscalía señala que tenía contactos con confidentes y lo acusa de que supuestamente les avisaba de investigaciones que realizaban otros cuerpos, además de que impedía que dichas pesquisas continuaran. Además, sostiene que, por las conversaciones existentes, éste "controlaba" al menos una de las operaciones de tráfico de droga que se relatan.

En uno de los apartados, el fiscal relata cómo interrogaron a solas a un detenido, que era guardia civil, preguntándole por el dinero que tenía en su domicilio y, posteriormente, lo habrían desplazado a dicho piso, antes del registro judicial oficial y legalmente autorizado, para supuestamente llevarse 40.000 euros que allí había.

La acción popular, en representación de la AUGC, personada por primera vez en una causa contra miembros de la institución, acusa, además, a un excapitán de la Guardia Civil, al que, sin embargo, no incluye la Fiscalía. Esa parte considera que habría tenido participación en uno de los hechos descritos en sus conclusiones provisionales, presentadas en su momento en el juzgado.

En dicho documento, se relatan distintos hechos y se alude a la intervención supuestamente irregular de dichos mandos de la Guardia Civil y de los otros agentes imputados en la causa en relación con intervenciones u operaciones antidrogas desarrolladas en la provincia de Málaga por organizaciones que presuntamente "actuaban en connivencia de guardias civiles" y a las que daban "cobertura".

Para el capitán, la acusación que representa a la asociación ha pedido nueve años de prisión, al acusarlo de los presuntos delitos contra la salud pública y falsedad en documento oficial, según el escrito provisional de calificación de esta parte, en el que se apunta a la intervención de éste supuestamente irregular en una operación de droga.

Por otro lado, al teniente, exjefe de la EDOA, se le acusa de varios delitos contra la salud pública, cohecho, asociación ilícita, malversación, robo con intimidación, falsedad documental, revelación de secreto o encubrimiento, solicitando un pena de 54 años de cárcel, más multa e inhabilitación. Para otro de los acusados, esta parte pide en total 97 años de prisión.

Esta acusación considera en el escrito presentado que de las investigaciones realizadas y de las escuchas practicadas se desprenden que los acusados habrían llevado a cabo hechos presuntamente delictivos para, supuestamente, dar "cobertura de seguridad" a determinados grupos de narcotraficantes, "prevaliéndose obviamente de su cargo".