MÁLAGA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Sección Novena de la Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar a partir del próximo lunes día 14 de junio a la que fuera dueña y directora de la residencia de ancianos 'Nuestra Señora de Gracia' de Alhaurín de la Torre (Málaga) y a su hijo, a los que se les acusa de presuntamente estafar a varios ancianos, a los que supuestamente engañó para que le firmaran poderes para disponer de sus bienes.
La Fiscalía malagueña solicita una pena de siete años y medio de prisión y multa de 7.900 euros para la mujer por un delito continuado de estafa; mientras que a su hijo le acusa de un sólo delito de estafa, por el que solicita cinco años de cárcel y multa de 5.000 euros, según las conclusiones provisionales, a las que tuvo acceso Europa Press.
En el escrito presentado en su día por la acusación pública se precisa que la acusada, entre 2003 y 2005, "con ánimo de obtener un beneficio ilícito", logró que "numerosos ancianos firmaran a su favor" un poder general notarial para disponer de sus bienes "sin que los ancianos supieran en unos casos que habían firmado un poder o en otros, desconociendo su contenido.
El fiscal sostiene que actuó "con engaños y haciéndoles creer" que iba a gestionarles una solicitud para cobrar una pensión o una ayuda para sufragar la estancia en la residencia y que para ello tenían que firmar una serie de documentos, entre ellos, un contrato de ingreso en el que se hacía constar que se cedía o donada sus casas a la residencia.
Así, una vez otorgados los poderes la mujer presuntamente "haciendo uso de los mismos, vendía sus viviendas a terceros, algunos de los cuales eran inversionistas dedicados a negocios inmobiliarios, o las hipotecaba o se las autovendía sin comunicárselo a los ancianos, quedándose con el dinero obtenido y los ancianos sin sus viviendas, sin que fueran conscientes de ello".
Además, en otras ocasiones, continúa la acusación, "extraía fraudulentamente el dinero que los ancianos tenían ingresados en sus respectivas cuentas bancarias en cantidades que excedían del cobro de las correspondientes mensualidades, incorporándolo a su patrimonio". A veces, iba con los ancianos y otras llevaba los resguardos ya firmados.
En el escrito del fiscal, se exponen los casos de 11 víctimas. Una de ellas está personada como acusación particular, dirigida por el letrado José Luis García-Rosel Díaz, que en su calificación provisional solicita para la mujer y para su hijo penas de ocho años de prisión y multa de 12.900 euros, para cada uno, por un delito continuado de estafa.
VÍCTIMAS
En este escrito, al que tuvo acceso Europa Press, se explica que la mujer decidió junto con su marido, fallecido durante la instrucción, ingresar en la residencia durante un mes mientras la convalecencia de una operación. Según el documento, ya al ingreso "les hicieron firmar un documento donde al parecer aceptaban ceder su vivienda como pago", aunque ya se había abonado la mensualidad.
Un día de noviembre de 2004, los dos fueron llevados en coche por la acusada "bajo pretexto de ir a ver un notario para poder luego solicitarles una ayuda de la Junta de Andalucía para pagar la residencia" y, según esta acusación, "les condujo hasta un paraje apartado en el que había una caseta inmobiliaria cerrada", donde esperaron la llegada de una persona que se presentó como notario.
"Sin ni siquiera bajarse del coche, la mujer, impedida por su operación, firmó unos papeles que ella afirma en ningún momento se le explicó cuál era su real contenido y que de hecho reitera que pudieron incluso ser presentados en blanco pues ella nada pudo ver en ellos escrito", sostiene esta parte, que apunta que ese día se le suministró un tranquilizante.
Tras obtener el poder notarial, la dueña de la residencia, según la acusación, presuntamente suscribió escritura de hipoteca cambiaria sobre la vivienda propiedad del matrimonio figurando las víctimas como deudores. Asimismo, utilizando dicho documento "se auto vendió la nuda propiedad de la mencionada vivienda". Posteriormente, firmó escritura de venta con una mercantil.
Esta acusación califica de "especialmente hiriente" que la acusada suscribió con esa empresa un contrato de opción de compra por el que hasta septiembre de 2005 ésta "hubiere podido recuperar la vivienda de mis representados", aunque llegó esa fecha límite "y no se ejerció" la opción y "ni siquiera se avisó de ello" al matrimonio, por lo que la vivienda quedó a nombre de la mercantil.
La acusada ya fue condenada a dos años y medio de prisión por estafar a una de las ancianas ingresada en el centro al extraer dinero de su cuenta corriente. La sentencia de un juzgado de lo Penal fue ratificada por la Audiencia de Málaga. El juicio de la Sección Novena continuará los días 15, 21, 22 y 23 de este mes.
