Publicado 05/12/2014 17:49CET

El magistrado Andrés Ollero defiende la necesidad del Constitucional y el trabajo "jurídico" que realiza

El magistrado del TC Andrés Ollero
EUROPA PRESS

MÁLAGA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Andrés Ollero ha defendido este viernes la necesidad de dicho órgano y el trabajo "jurídico" que realizan sus miembros, con independencia de la ideología de cada uno y al margen de que "lo que hagamos tenga luego repercusión política, que claro que la tiene", aunque sea algo que "no es nuestro problema".

En una conferencia en Málaga con motivo de la celebración del Día de la Constitución, y cuestionado sobre cómo se ve el proceso catalán, Ollero ha indicado que los magistrados "no vamos allí a expresar nuestras ideas", sino que se produce "un intercambio de opiniones sobre en qué medida la Constitución permite o no determinados actos o normas".

En su intervención, ha reiterado que los magistrados del TC "somos conscientes de la dimensión política de lo que hacemos, pero vamos a lo jurídico", refiriéndose a la declaración soberanista y la convocatoria de la consulta. Así, ha señalado que, aunque ha sido "espectacular" la relevancia política de las decisiones tomadas hasta ahora, "jurídicamente, prácticamente no hemos empezado".

"Hemos admitido un recurso contra la declaración del Parlament, la hemos suspendido porque lo ha pedido el Gobierno y tenemos cinco meses para decir algo", ha manifestado el magistrado.

En su conferencia, ha explicado las funciones de dicho tribunal y ha considerado que "los ciudadanos no tienen una idea muy clara de qué hacemos". Ha reconocido que la política de comunicación del Tribunal es "claramente mejorable", aunque "se están haciendo esfuerzos", y ha incidido en que se han dictado sentencias que "dejan un gran huella" en distintas materias, lo que avala su utilidad.

Ha indicado que el Constitucional "practica una autorrestricción" y "un control de mínimos", asegurando que "no forma parte del poder judicial, sino que tiene como misión controlar el respeto a la Constitución por parte de los poderes del Estado".

En este punto, ha incidido en que "no es una tercera cámara ni es tampoco un supragobierno", poniendo como símil que "no es lo mismo el salón del automóvil que la ITV". Asimismo, el magistrado ha explicado la forma de actuación del Constitucional y las distintas fases de tramitación de los recursos de amparo y de inconstitucionalidad.

Ha asegurado que son 10.000 los recursos de amparo que se presentan al año y "se atiende menos del dos por ciento", ya que debe llevar un componente de novedad jurídica, planteando aspectos "sobre los que no hay doctrina del Tribunal". También se ha referido a los recursos que plantean las comunidades autónomas por cuestiones de competencia.

Asimismo, el magistrado ha apuntado "el rechazo a cualquier intervención preventiva", al indicar que "estamos para evitar vulneraciones consumadas en la Constitución", pero señalando que, adelantarse a lo que pueda pasar o no, "no es nuestra función", aludiendo, en este sentido, al recurso a la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha.

Ha incidido en que "no vamos a decir si una ley nos parece mejor o peor, vamos a decir si respeta o no la Constitución", ha señalado el magistrado, quien ha insistido en que "se procura dejar al legislador su campo de juego lo más abierto posible". También se ha referido "al diálogo de tribunales" y las situaciones "complicadas" que se crean con los órganos europeos.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Jorge Hernández Mollar, ha indicado que la Administración del Estado "no es sólo el instrumento básico para administrar los intereses públicos de los españoles, sino, además, una sólida garantía de la cohesión y unidad de España, que algunos desgraciadamente quieren fracturar desde un cansino e irresponsable mesianismo nacionalista e independentista".