ESTEPONA (MÁLAGA), 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona (Málaga), Isabel Conejo, decretó hoy prisión eludible bajo fianza para tres de los detenidos en el marco de la operación contra la corrupción urbanística en Estepona y dejó en libertad sin fianza a otros dos, según informaron a Europa Press fuentes judiciales.
Así, la jueza fijó una fianza de 500.000 euros para J.R.G., mientras que impuso la cantidad de 30.000 euros para A.M.C.L. y para J.L.C.A.; todos con la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes. Por contra, decretó libertad sin fianza para M.C.H., que tendrá que comparecer los días 1 de cada mes, y para A.A.F.G., que comparecerá los días 1 y 15.
A los cinco se les imputan los delitos de cohecho y blanqueo de capitales, aunque al primero con iniciales J.R.G. se le achaca presuntamente otros delitos contra la administración pública, según informaron las mismas fuentes. Está previsto que el resto de los arrestados siga pasando ante la instructora del caso en los próximos días para prestar declaración.
Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial, han desarrollado durante todo el día un amplio dispositivo policial contra la corrupción urbanística en dicha localidad, en el que se han detenido hasta ahora a 25 personas, entre ellas a los principales responsables de la corporación municipal, técnicos, abogados y empresarios.
La operación, bautizada con el nombre de 'Astapa' y que ha sido coordinada por dicho juzgado y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad organizada, se extiende también en las provincias de Madrid, Córdoba, Bilbao y San Sebastián. En la capital vizcaína fue detenido un abogado y se practicaron dos registros.
Entre los detenidos están los principales responsables de la corporación municipal, como el alcalde, Antonio Barrientos, y varios concejales, tanto del actual equipo de Gobierno como de otros anteriores; además de técnicos como el arquitecto Arturo Cebrián y el jefe de Gabinete, José Flores; abogados y empresarios. El presidente del Grupo Prasa, el empresario cordobés José Romero González, fue requerido para prestar declaración en el juzgado para facilitar información, según indicaron desde la empresa.
Se han practicado 38 registros domiciliarios y societarios y también se han expedido órdenes de prohibición de enajenar bienes inmuebles, dirigidas a 22 registros de la propiedad, de 55 personas físicas y jurídicas, y se ha solicitado la prohibición de enajenar 64 bienes muebles de 36 personas. Asimismo, se ha ordenado el bloqueo de cuentas corrientes y activos financieros, dirigidos a 91 entidades, de 78 personas físicas y jurídicas.
Los agentes iniciaron esta mañana el registro en el edificio Puertosol, donde están las áreas de Hacienda y Urbanismo, que terminó sobre las 00.30 horas. El concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, dijo que se ha buscado la información habitual en estos casos, pero más en unas delegaciones que en otras, y aseguró que mañana "todo volverá a la normalidad". Además, aseguró que la operación no tiene nada que ver con la operación 'Malaya', sino que es "más concreta".
Asimismo, poco antes de las 14.00 horas, concluyó el registro en la residencia del alcalde, en la urbanización Bahía Azul, tras lo que Barrientos fue trasladado de nuevo a la Casa Consistorial para continuar el registro iniciado por la mañana por los investigadores y que a las 01.30 horas no había concluido aún, aunque los agentes ya habían sacado una decena de cajas y dos ordenadores.
INVESTIGACIÓN.
En estas diligencias se investigan supuestas irregularidades urbanísticas, a través de licencias, convenios, recalificaciones o aprovechamientos urbanísticos, según fuentes fiscales. Además, los detenidos estarían implicados en la financiación irregular del Ayuntamiento, aunque la Fiscalía Anticorrupción también libró órdenes de detención por cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
Las fuentes aseguraron que el objeto de la investigación, que comenzó a finales de 2006, "no es nuevo" sino similar a lo que ocurre en otros lugares de la provincia malagueña, como Marbella, pero también en otras zonas de España. Señalaron que habrá que esperar para ver si el alcance es como el del caso 'Malaya', contra la corrupción marbellí.
La investigación policial ha contado con la colaboración de dos personas conocedoras de gran parte de la estructura delictiva desarticulada, informaron a Europa Press fuentes próximas a la investigación. Esos dos colaboradores ocuparían puestos claves que les hacían conocedores de las corruptelas.
El operativo surge del descubrimiento por parte de los investigadores de la presunta implicación de un miembro del equipo de Gobierno de la localidad en la trama de la 'Operación Malaya'. Esa averiguación provocó la apertura de una investigación apartada y dirigida por la Comisaría General de Policía Judicial desde Madrid, precisaron las fuentes consultadas.
