Málaga.- IU pide la revocación de la licencia del hotel de Cortijo Jurado y que se destine a un gran centro cívico

MÁLAGA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Málaga denunció hoy el estado de abandono del Cortijo Jurado, en la barriada de Campanillas, y reclamó al equipo de gobierno del PP la caducidad de la licencia para la construcción de un hotel en este inmueble, después de más de tres años y medio desde la expedición de dicho permiso y de uno con las obras paralizadas por parte del Grupo Mirador, o, en su caso, la revocación de la misma. Así, defiende que se recupere la idea de rehabilitar el edificio para ubicar en él un centro cívico municipal y su entorno para un gran parque.

Así lo expresó hoy el viceportavoz municipal de Izquierda Unida, Antonio Serrano, quien indicó que "la vieja casona se cae por el incumplimiento del Ayuntamiento y del beneficiario de aquel convenio especulativo que no ha generado ni riqueza ni empleo ni uso ciudadano, sino la puesta en venta con el consiguiente intento de negocio y la pérdida definitiva de los más de 900.000 euros de hace siete años que hoy, sin duda, serían muchos más".

Serrano afirmó a los periodistas que "la idea inicial del alcalde, Francisco de la Torre, de propiciar la fortuna de una empresa a costa de privar a los malagueños de equipamientos y zonas verdes tan escasos y necesarios en nuestra ciudad, fue un fracaso, que estamos a tiempo de subsanar". Por ello, abogó por que sean los ciudadanos los que decidan el uso de este espacio de la ciudad.

El edil de la coalición recordó que en el pleno municipal del 28 de septiembre de 2001 se acordó iniciar el expediente de declaración de utilidad pública. El 30 de noviembre de ese mismo año se aprobó provisionalmente la modificación de elementos para transformar la parcela donde se pretendía instalar el complejo hotelero de Cortijo Jurado, pasando de suelo no urbanizable agrícola de regadío a no urbanizable común, lo que permitía la pretendida declaración de utilidad pública, teniendo el visto bueno definitivo el 9 de octubre de 2002.

En sesión ordinaria celebrada por el Pleno el día 27 de septiembre de 2002, se adoptó acuerdo de aprobación del convenio urbanístico para la construcción del complejo hotelero en el antiguo Cortijo Jurado de Campanillas.

El entonces concejal de Urbanismo, Manuel Ramos, firmó con Enrique Faura Sánchez, en representación del Grupo Mirador, el citado convenio mediante el cual se construirían un pabellón cultural junto al colegio José Calderón de Campanillas, el cual se ejecutó, y un aula de cultura permanente, que está aún a la espera.

El 31 de enero de 2003 en el pleno del Ayuntamiento se adoptaron sendos acuerdos en orden a la declaración de utilidad pública e interés social y la aprobación definitiva del plan especial en suelo no urbanizable en Cortijo Jurado.

El consejo de administración de la Gerencia Municipal de Urbanismo acordó el 19 de mayo de 2003 conceder licencia de obras para la construcción del mencionado complejo hotelero en el Cortijo Jurado. En dicho permiso se condicionaba su eficacia a que se aportara "prestación compensatoria en una cuantía del 10 por ciento de la inversión total a realizar para la implantación efectiva de la actividad". En aquel momento, la inversión prevista superaba los nueve millones de euros.

Por último, el 23 de octubre de 2003 en el consejo de administración de Urbanismo se dio cuenta del expediente relativo a la estimación de recurso de reposición interpuesto por Mirador de Campanillas SA contra el acuerdo del 19 de mayo, por el cual se le eximía del pago del 10 por ciento del presupuesto exigido en la licencia. Esta cuestión fue retirada, finalmente, con el compromiso de negociar una adenda al convenio existente que impidiera que la ciudad perdiera más de 900.000 euros. Sin embargo, advirtió Serrano, "no se suscribió nada y Málaga y Campanillas, una vez más, fueron defraudadas".

LOUA

El resultado final es que, tras numerosos retrasos en el comienzo y posterior ejecución de las obras, desde el grupo municipal de IU se pidió el 14 de septiembre de 2005 un informe jurídico sobre la caducidad de la licencia, el cual fue trasladado por el entonces concejal de Urbanismo, Juan Ramón Casero, haciendo referencia a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). En concreto, a que "las licencias se otorgarán por un plazo determinado tanto para iniciar como para terminar los actos amparados por ella. En caso de que no se determine expresamente, se entenderán otorgadas bajo la condición legal de la observancia de un año para iniciar las obras y de tres años para la terminación de éstas".

"Los municipios podrán conceder prórrogas de los referidos plazos de la licencia por una vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, previa solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos determinados, siempre que la licencia sea conforme con la ordenación urbanística vigente en el momento de la concesión de la prórroga", se añadía.

De igual modo, se especificaba que "el órgano competente para otorgar la licencia declarará, de oficio o a instancia de cualquier persona, la caducidad de la misma, previa audiencia del interesado, una vez transcurridos e incumplidos cualesquiera de los plazos a que se refieren los apartados 1 y 2", al tiempo que se agregaba que "la declaración de caducidad extinguirá la autorización, no pudiéndose iniciar ni proseguir los actos, si no se solicita y obtiene una nueva licencia".

Se precisaba, asimismo, que "transcurrido el plazo de dos meses desde la notificación de la declaración de caducidad sin que se haya solicitado la licencia o, en su caso, denegada la que haya sido deducida, procedería declarar la constitución de la parcela o solar correspondiente en la situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución".