Apuntan que podría ampliarse la querella al representante del ministerio fiscal
MÁLAGA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -
Los hermanos Oscar y José Luis Benavente, procesados en el caso 'Malaya', contra la corrupción en Marbella (Málaga), han presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sendas querellas contra el juez encargado de la instrucción en el momento de su detención, en marzo de 2006, Miguel Ángel Torres, por un delito contra la libertad individual y por otro de prevaricación.
Las querellas, a las que tuvo acceso Europa Press, se refieren a "la prolongación voluntaria por el querellado de la detención judicial" de ambos procesados "con violación, a sabiendas, de los plazos y demás garantías constitucionales y legales". Se solicita la declaración del juez en el alto tribunal andaluz.
Así, los escritos señalan que con fecha 29 de marzo de 2006 se decretó la detención judicial de ambos, aunque el 31 de marzo, el juez dicta dos nuevos autos "no reconocidos por la ley procesal", por los que se decreta la permanencia en calidad de detenidos para pasar a disposición judicial el día 2 de abril. Esta resolución de prórroga "es adoptada a sabiendas de que tal decisión no era conforme a derecho, al no encontrar amparo legal en precepto alguno", pues la ley prevé "única y exclusivamente" esta posibilidad "en supuestos de bandas armadas o individuos terroristas", se precisa.
Finalmente, el día 2, "y tras haber permanecido detenido durante más de 100 horas y en un momento en el que mi representado se encontraba muy debilitado física y mentalmente", según precisan ambos escritos, el instructor les tomó declaración. Tras esto, José Luis quedó en libertad sin fianza, lo que demuestra "la innecesariedad y desproporcionalidad de la medida acordada"; mientras que en el caso de Oscar se celebró la audiencia sobre su situación personal, decretándose prisión incondicional.
Las querellan apuntan que el representante del ministerio fiscal "tuvo conocimiento de la prolongación indebida de la detención y no impulsó, como debía, la audiencia previa dentro del plazo constitucional de 72 horas a partir de la detención", por lo que señalan que se reservan "la facultad de ampliar la querella" a dicho representante "si la investigación pone de manifiesto que por acción u omisión contribuyó a la lesión del derecho a la libertad personal de mi representado".
NO CASO AISLADO
En términos generales, los querellantes señalan que estos hechos "no constituyen un caso aislado" sino que por el contrario "expresan una forma de comportase el juez instructor, con manifiesto desprecio hacia los derechos fundamentales de los imputados, adoptando una posición inquisitiva que olvida las más elementales funciones de garantía y tutela de los derechos".
"La detención para el señor instructor era el medio normal de asegurarse la presencia del imputado, al margen de la trascendencia de la imputación, y sin indagar previamente la existencia de medios menos lesivos, como el de la citación judicial", apostillan los escritos, en los que también se apunta otros extremos del procedimiento denunciados por las partes como la incoación de la causa "al margen de las normas de reparto y autoatribuyéndose el asunto con interés inusual".
Así, el pasado día 19, cinco de los seis abogados del despacho Sánchez Zubizarreta Soriano Pastor de Madrid, procesados en el caso, presentaron una querella contra el juez Torres, en la que pidieron, al igual que en este caso, la declaración del magistrado ante el TSJA, que ya ha archivado al menos tres diligencias contra él en relación a 'Malaya' y 'Ballena Blanca'.
Esa querella, presentada por Francisco Soriano Zurita, Francisco Soriano Pastor, Juan Luis Soriano Pastor, Manuel Sánchez Martín y Manuel Sánchez Zubizarreta, se interpone por "la detención ilegal" de los letrados "durante seis días", situación que, según entienden en el escrito, al que tuvo acceso Europa Press, se produjo por "una mal entendida lucha contra el delito".
