MARBELLA (MÁLAGA), 20 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Municipal Socialista (GMS) del Ayuntamiento de Marbella, exigió al Ayuntamiento que inicie un expediente para extinguir, de forma fulminante e inmediata, el contrato laboral que Juan Antonio Roca, ex asesor urbanístico y presunto cerebro de la trama de corrupción, mantiene con esta corporación, tras conocerse que se ha creado para él un puesto en uno de los Organismos Autónomos Locales del Ayuntamiento.
El concejal Daniel Pérez explicó a través de un comunicado que "aunque el Estatuto de los Trabajadores recoge que el trabajador que está en prisión preventiva tiene derecho a mantener su puesto de trabajo, dicho estatuto también contempla la figura del despido disciplinario, regulado en el artículo 54.2.d, que permite la resolución del contrato cuando existe un incumplimiento grave y culpable que suponga la violación trascendente de un deber de conducta del trabajador y un incumplimiento de sus obligaciones".
Para Pérez, existen "pruebas más que suficientes de que Roca no ha mantenido la conducta exigible para un trabajador, como la lealtad, honorabilidad, honradez y confianza" por lo que la alcaldesa tiene suficientes argumentos para proceder a su despido. "En caso contrario *-advirtió el edil- no se entenderían qué oscuras razones tiene el responsable de Personal, Carlos Rubio, para mantener en nómina a tal personaje, más aún cuando es conocido que sí se ha procedido al despido de otros cargos de confianza de la época GIL".
Así manifestó que "en el caso improbable de que Juan Antonio Roca ganara un juicio por despido improcedente, el coste sería mínimo ya que no existe salario de tramitación". "Por lo tanto no habría que indemnizarlo", concluyó.
El edil socialista insistió en que "tampoco se entiende que el Ayuntamiento reserve una plaza para alguien que ha sido declarada persona non grata por unanimidad de todos los miembros de la corporación".
El edil considera que la medida de suspensión de empleo adoptada por la Comisión Gestora al inicio del proceso judicial del caso Malaya fue la correcta, "con el fin de salvaguardar el derecho fundamental a la presunción de inocencia y de su libertad cuando acaba de empezar toda la investigación judicial".
Pérez advirtió que habría que proceder al despido inmediato "antes de que se saque la plaza a concurso o se aprueben los convenios colectivos de los nuevos Organismos Autónomos Locales de los que podría beneficiarse Roca".
