MÁLAGA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
Parte de la documentación intervenida en la operación 'Ballena Blanca', desarrollada en Marbella (Málaga) en 2005, permitió iniciar la investigación de una de las ramas o conexiones internacionales que se investigan en las diligencias abiertas contra el blanqueo de capitales en torno al despacho de abogados marbellí Cruz-Conde, conocido como caso 'Hidalgo'.
Según un informe del Grupo I de Blanqueo de la Policía Nacional, incluido en el sumario del caso, al que tuvo acceso Europa Press, los investigadores tuvieron conocimiento de que una de las personas imputadas en 'Ballena Blanca' ordenaba al principal implicado en dicha operación, Fernando del Valle, "de modo claro y terminante" para que una parte de ciertos beneficios no declarados "debían ser dirigidos a la cuenta de clientes del despacho de Rafael Cruz-Conde", imputado en 'Hidalgo'.
Los investigadores precisan en ese documento, fechado en abril de 2007, previamente a las detenciones, que dicho individuo, Sophiane H., de origen magrebí y nacionalidad francesa, impartió instrucciones a la firma de Del Valle para la venta a través de una empresa de unos inmuebles de su propiedad ubicados en Marbella y sobre el destino que debía darse a los fondos obtenidos, que suponía 192.353 euros.
Del importe, el imputado y con orden internacional de detención por 'Ballena Blanca' dispone que un cheque por la cantidad de 48.080 euros se remita "a la cuenta de clientes" presuntamente vinculada con Rafael Cruz Conde, responsable principal, aunque sin aparecer directamente, de la firma Santa Ana 1, sobre la que giran las investigaciones del caso 'Hidalgo'.
Los responsables policiales de la investigación señalan que los beneficios "tendrán que ser considerados a su vez ilegales, ya que han sido obtenidos con la especulación de inversiones o valores de origen delictivo"; además de que la plusvalía no fue declarada. La venta se realiza a Hatem L., detenido en el caso 'Hidalgo' y para la Policía otro miembro de la conexión tunecina junto con Sophiane H.
Según el informe de la Agencia Tributaria, "los fondos en dinero negro se ingresaron en cuentas" a nombre del principal imputado en el caso "como entrada invisible de divisas por el concepto de participaciones de no residentes en la propiedad de entidades residentes como procedentes de Gibraltar".
OTRAS CONEXIONES.
A parte de la conexión tunecina, los agentes han desarrollado al menos investigaciones en relación a otros países como Bélgica, Suecia, Ucrania, Alemania y Argentina, proponiendo en dicho momento la detención de 27 personas. Finalmente, en una primera operación policial, desarrollada el 17 de abril, se detuvo a 20 personas, aunque arrestos posteriores han hecho que haya al menos 24 imputados.
En los informes policiales, aparecen también los nombres de dos procesados en el caso 'Malaya', como son el ex primer teniente de alcalde marbellí Pedro Román y el letrado Juan Germán Hoffman. Del primero, un informe de Hacienda incluido en el sumario concluye que el despacho Cruz-Conde, a través de Santa Ana 1, "ha colaborado activamente en la conversión, ensombrecimiento e integración de capitales realizada por Pedro Román Zurdo a través de su hijo y de la sociedad Nakilepi".
Respecto a Hoffmann, aparece presuntamente vinculado a la rama alemana y su supuesta relación con la firma Santa Ana 1 "queda claramente demostrada a través de las sociedades que crean".
Al despacho se le relaciona con 800 sociedades constituidas de forma similar y que podrían ser meros instrumentos para ocultar la procedencia y titularidad de los fondos que manejan, así como para "integrar en el circuito financiero legal elevadas sumas de dinero generado mediante la comisión de actos delictivos, a la vez que procuran la obtención de beneficios que reviertan a sus clientes".
Hasta el pasado mes de junio se habían intervenido unos 92.000.000 euros en las 632 cuentas bancarias que constan en 22 entidades diferentes; así como 300.000 euros en efectivo, y 60 automóviles, en su mayor parte considerados de lujo.
Asimismo, se intervinieron 553 propiedades inmobiliarias, cuyo valor es "de muy difícil evaluación", ya que gran parte de las mismas se encuentran en las zonas más cotizadas de la Costa del Sol, excediendo en mucho el valor real al catastral, según precisó la Policía.
Parte de la operación se desarrolló en Holanda, registrando un despacho jurídico y de asesoría fiscal de los más importantes de ese país, donde se intervino importante documentación empresarial y fiscal, que permite conectar las actividades de los implicados con inversiones y depósitos en paraísos fiscales.