El responsable de Delitos Económicos asegura que se desviaron fondos para pagar coches, fincas de olivos y viajes privados
MÁLAGA, 12 May. (EUROPA PRESS) -
Uno de los responsables de la Policía Nacional en la investigación sobre la FARA (Federación Andaluza de Asociaciones Romaníes) aseguró que los análisis e informes se elaboraron teniendo en cuenta más los datos patrimoniales de los miembros del colectivo que las escuchas telefónicas, que fueron anuladas en las cuestiones previas del juicio que se sigue en la Audiencia de Málaga. Además, dijo que recibieron anónimos que constataron el presunto desvío de dinero.
Así, este agente, entonces inspector jefe de la Brigada de Delitos Económicos, explicó hoy en su declaración ante el Tribunal de la Sección Segunda que a través de esas escuchas "no se llegó al delito" de apropiación indebida del que se acusa a los procesados en esta causa, sino que "paralelamente" a esas diligencias de intervención telefónica, iniciadas por tráfico de drogas y blanqueo y que no dieron resultado en ese sentido, se realizó una investigación patrimonial, a petición de la Fiscalía.
Asimismo, corroboró que se recibieron en la Brigada anónimos "coincidiendo" con esa investigación económica, firmados por 'El Piyayo', que "nos vinieron a confirmar" la existencia de supuestas irregularidades en el funcionamiento de la federación respecto a las subvenciones concedidas por diversos organismo públicos. Según el ministerio fiscal, que pide 88 años de prisión en total para los 15 acusados, fueron 1,2 millones de euros de ayudas públicas los que presuntamente se desviaron desde el colectivo.
Éste señaló que de los informes realizados en su día se desprende la presunta utilización de las subvenciones para hacer préstamos a amigos y familiares del principal acusado, Vicente R.A., conocido como 'El Querillo' y para el que el que el fiscal solicita 12 años y medio de prisión. Además, se constataron la compra de coches de alta gama y de fincas de olivos con talones de FARA, así como traslados de dinero a cuentas de familiares del anterior, también procesados en esta causa, y pagos de viajes privados.
Por otro lado, tanto el responsable policial como otro agente que también compareció posteriormente aseguraron que tras el registro en la sede de FARA "no quedó documentación alguna" relacionada con las subvenciones, por lo que aseveró que la documentación aportada el pasado año por una de las defensas que justificarían en parte las ayudas no podía haberse encontrado en la sede cinco años después. "Se pudo pasar uno o dos folio, pero no un taco", apuntó el agente.
AMENAZAS.
Ambos hablaron también de una entrevista con el entonces consejero de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, Isaías Pérez Saldaña, presuntamente amenazado para que sustituyera por personas "de confianza de la federación" al responsable en la Junta de otorgar subvenciones al colectivo gitano, que también presuntamente recibió coacciones y estuvo incluso de baja. Según precisaron, el consejero estaba "asustado" y les llegó a contar que había sufrido un robo en su casa dejándole "todos los objetos de valor sobre la cama".
La prueba testifical continuará mañana con más prueba de la solicitada por el fiscal, en concreto las comparecencias de varios agentes de Policía Nacional. Además, se ha citado como testigo a José Manuel E.P., que estaba acusado en el caso, aunque en las cuestiones previas del juicio, que tuvieron lugar el pasado año y en las que se anularon las escuchas, el Tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia acordó el sobreseimiento libre respecto a éste, tras declararse prescrito el delito del que se le acusaba.
El juicio comenzó el pasado lunes con las declaraciones de los 15 acusados, aunque la mayoría de ellos, incluyendo a los principales, se negaron a contestar, acogiéndose a su derecho constitucional a no declarar. La Fiscalía de Málaga, según las conclusiones provisionales a las que tuvo acceso Europa Press, acusa por los delitos de apropiación indebida, falsedad en documento, amenazas, coacciones y blanqueo de capitales.
