Arquitectos de Hacienda ratifican "desequilibrio patrimonial" en contra del Consistorio, aunque admiten que faltaban datos
MÁLAGA, 30 May. (EUROPA PRESS) -
Seis peritos, dos de ellos de la Agencia Tributaria y cuatro propuestos por las defensas de varios acusados en el caso 'Malaya', han comenzado este miércoles a analizar dos operaciones urbanísticas investigadas en este procedimiento y han debatido sobre la forma en la que se realizaron los informes de valoraciones y tasaciones de determinados aprovechamientos urbanísticos y sobre si hubo o no perjuicios para el Ayuntamiento de Marbella.
Así, a los dos arquitectos superiores de Hacienda se les encargó realizar un informe sobre el convenio de permuta, por el que se acusa a varios procesados, entre el Ayuntamiento y la sociedad CCF21, vinculada supuestamente a los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor, por el que, según han dicho, se intercambiaron unos aprovechamientos por una finca rústica, produciéndose "un desequilibrio patrimonial" en contra del Consistorio.
Los peritos han ratificado las conclusiones y han explicado que el Ayuntamiento aportó dos aprovechamientos, uno que estaba contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986, por lo que "era legal y podía existir", y otro propuesto en un plan general, la revisión de 1998, "que nunca se aprobó y por tanto no tenía valor". "El deterioro para el Ayuntamiento es mayor si se utiliza la situación virtual que si se utiliza la real", ha apuntado uno.
Sobre los excesos de aprovechamientos, han mantenido que no había plan parcial, por lo que "era sorprendente que sin saber la edificabilidad real, es más extraño que se sepa que había un exceso". La defensa del principal acusado, Juan Antonio Roca, ha criticado que los peritos valoraron una finca rústica, cuando era "en realidad un sistema general", insistiendo éstos en que "con el plan de 1986, que marca la legalidad, ese sistema general no existía".
Las defensas han criticado que no se hubiera utilizado toda la documentación necesaria para analizar esta operación de permuta, asegurando que ellos que valoraron "lo que según ese plan general era un suelo rústico improductivo, si había intenciones o un plan que dijera que era un sistema general, eso no lo puedo valorar", han reiterado, asegurando que no recibieron ayuda de otros compañeros de la Agencia Tributaria ni de los investigadores policiales.
Sobre la valoración dada a esos terrenos, la abogada de Roca y otros letrados han criticado que se realizaron "a la baja", en comparación con expropiaciones que realizó el Ministerio de Fomento en fincas colindantes cuatro años antes. Al respecto, la defensa del principal acusado ha apuntado que en esas expropiaciones el metro cuadrado salía a 3.000 pesetas, mientras que en el informe pericial se otorga el precio de 1,14 pesetas.
Uno de los peritos ha reconocido que no siguieron esa línea de investigación, sino que consideraron "admisible" el valor de las escrituras, reconociendo que la diferencia es "bestial". "No teníamos ese dato, no lo pudimos comparar, ante la premura, al ver un dato de escritura dijimos que era éste, si no lo hubiéramos tenido, hubiéramos recurrido a un ingeniero agrónomo", ha indicado, apuntando, no obstante, que "mantenemos lo que hicimos".
SEGUNDA OPERACIÓN
Respecto a un segundo convenio de permuta analizado, el del edificio institucional en la zona de Puerto Banús por locales, los peritos han ratificado su informe, donde se decía que hubo, igualmente, "desequilibrio para las arcas municipales". Han indicado que los sótanos estaban "sobrevalorados" y no tenían aprovechamiento comercial por "dificultades insalvables" y que el valor del edificio municipal es "superior" al que se contempla en dicho convenio.
En este punto, los letrados han cuestionado, igualmente, la valoración realizada, pero a través de las manifestaciones de peritos, propuestos por una de las defensas, quienes han indicado que observaron errores en la metodología utilizada en la valoración de los inmuebles, al considerar que había que usar una muestra para la comparación del mismo año y no de otro, algo que los funcionarios de Hacienda han considerado, efectivamente, "más preciso".
Asimismo, los peritos de parte, han considerado "necesario" llevar a cabo una inspección ocular para hacer la tasación, algo que los de Hacienda no hicieron. Estos peritos de la defensa han apuntado que los locales del edificio institucional estaban "en bruto, sin terminaciones, es decir, ni solería, ni revestimientos" y, además, han asegurado que detectaron diferencias en las medidas de las superficies.
A la vista de estas manifestaciones, los peritos de Hacienda han reconocido que el informe "no está suficientemente fundamentado". Todos los expertos volverán a comparecer este jueves, día de la semana en el que normalmente no hay juicio del caso 'Malaya', pero que en este caso el Tribunal ha habilitado para concluir el interrogatorio a estos peritos.
En esta sesión, han declarado también otros peritos propuestos por las defensas, quienes realizaron tasaciones de locales. En este caso, las acusaciones han intentado desvirtuar esos análisis, centrando sus dudas en las comparaciones hechas para llegar a esas tasaciones y la realidad urbanística de las parcelas que se tasaron conforme a futuras modificaciones del plan recogidas en la revisión del 98 que no llegó a ser efectivo con lo que, entienden, no tenían valor real.
