MÁLAGA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
Perjudicados por la presunta estafa a través de cartas que comunicaban premios falsos de lotería, conocido como caso 'Nilo', declararán por vídeoconferencia en el juicio, tras lo que la vista oral, previsiblemente, entrará en fase de informes finales tanto de las acusaciones como de las defensas de los acusados que no se han unido al acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción.
Según han informado fuentes judiciales a Europa Press, la Sección Novena de la Audiencia de Málaga tiene previsto celebrar este lunes vídeoconferencias con perjudicados, tanto por la mañana como por la tarde, al estar en el extranjero. Asimismo, para los días 20 y 21 está previsto los informe finales de este juicio, que comenzó el 9 de noviembre de 2011 y que actualmente cuenta con 10 acusado.
Para la primera sesión, fueron localizados 113 procesados de los 168 que fueron acusados inicialmente, aunque comparecieron 103 acusados. De éstos, 87 se acogieron al acuerdo con el fiscal Anticorrupción, que supone una condena de 23 meses y 15 días de prisión y multa de 2.160 euros por un delito continuado de estafa en concurso ideal con otro de falsedad.
Actualmente, hay 102 acusados que han admitido los hechos por los que le acusaba el ministerio fiscal, para los cuales ya se ha dictado sentencia de conformidad; mientras que para uno se retiró la acusación. No obstante, hay otros cuatro procesados que han sido localizados recientemente, que podían sumarse a este acuerdo la próxima semana.
En la sentencia de conformidad se declaró probado que los acusados "de común y previo acuerdo" en un periodo de tiempo no definido, pero prolongado en el tiempo y en cualquier caso anterior al 20 de julio de 2005, "participaron con propósito de enriquecimiento ilícito en el desarrollo de la maquinación defraudatoria", enviando las cartas en las que se adjuntaban distintos documentos.
Para dar apariencia de autenticidad a los documentos remitidos, "siempre incorporaban reproducciones fidedignas del escudo nacional y de los membretes, logotipos y anagramas de instituciones públicas como el Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda, Banco de España, Loterías y Apuestas del Estado, así como los formularios de entidades de crédito y compañías de seguros".
La resolución señalaba que las personas que "confiadamente" devolvían el formulario con sus datos personales y bancarios, eran contactadas telefónicamente por los acusados y se les requería "insistentemente" que abonaran distintas cantidades de dinero, en concepto de "un impuesto que devenga la percepción del premio, al no ser residentes en España".
En la resolución se concretaban los fraudes supuestamente consumados por cada procesado, en función de los documentos intervenidos; y se identifican los perjudicados y las cantidades defraudadas en cada caso. Así, se señala que de las 477 denuncias analizadas, se ha podido determinar que finalmente un total de 247 son los fraudes que cometieron.