MÁLAGA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Policía Local de Málaga siempre ha cooperado de alguna manera en la resolución de conflictos entre los ciudadanos, escuchando a las partes e intentando llegar a una solución. Sin embargo, a partir de ahora "se profesionaliza" esa función con la creación de un subgrupo de mediación policial, lo que contribuirá a evitar que estos problemas se judicialicen, así como a acercar este cuerpo a la ciudadanía.
Conflictos vecinales o de convivencia, medioambientales, relacionados con la utilización de espacios públicos o con la salubridad de las viviendas, entre estudiantes, el propio absentismo escolar, provocados por la exclusión social, por las divergencias culturales, por animales o por la organización de la vida ordinaria de las urbanizaciones, son algunos de los casos en los que se prevé que puedan mediar estos policías locales. No obstante, el proceso sólo se podrá llevar a cabo si las partes aceptan la mediación.
El concejal de Seguridad, Julio Andrade, y el de Derechos Sociales, Francisco Pomares, han presentado este martes, junto con el jefe de la Policía Local, Fernando Cerezo, este nuevo subgrupo, que empezará su actividad a finales de este mes de abril. Precisamente, el primero de ellos ha destacado que se trata de un servicio pionero en las capitales de provincia de España, ya que, aunque pueda existir en otros municipios, el ámbito de actuación del caso de Málaga es "mayor".
Como ha precisado Andrade, este subgrupo, que reforzará la labor de la Policía de Barrio, actuará 'motu proprio' tras determinadas intervenciones o a instancias de los ciudadanos, a través de quejas procedentes de las Juntas de Distrito, los Servicios Sociales Comunitarios, asociaciones, etcétera.
En caso de considerarse oportuna la intervención, se designará a un policía mediador, quien, si las partes acepten este proceso, dirigirá y moderará las reuniones para la resolución del problema. Esta actuación conlleva como ventajas la mejora de las relaciones entre los ciudadanos, pero también evitar la vía judicial, reduciendo así el colapso de los tribunales y los gastos administrativos, ha indicado Andrade. Eso sí, sólo será posible en los conflictos en los que no haya indicios de delitos o faltas.
El proceso puede concluir de cuatro formas diferentes: con un acuerdo total, que deberá ser firmado por ambas partes y del que se hará un seguimiento de duración no determinada; parcial, por lo que se redactará un acta de finalización para los puntos en los que no haya problema, dejando abierta la mediación para el resto; con un desacuerdo, o con abandono de uno o de los dos afectados, acudiendo, si lo creen conveniente, a la vía judicial, como ha explicado Cerezo.
UNA VEINTENA DE AGENTES
Una veintena de agentes formarán parte, en una primera fase, de este subgrupo, que estará bajo el mando de un oficial y que trabajará en coordinación con las áreas de Derechos Sociales y de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo. Estos efectivos no estarán en una unidad concreta, sino que permanecerán en sus destinos, desarrollando las tareas de mediación cuando sean requeridos para ello.
Para el desarrollo de esta función, estos agentes serán seleccionados de entre medio centenar que se ha formado en los últimos seis meses en la Escuela de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Málaga (Espam), teniendo en cuenta, además, sus titulaciones académicas y sus habilidades sociales, según ha manifestado el concejal de Seguridad.
Por su parte, el edil de Derechos Sociales ha abogado por "normalizar" el tema de los conflictos, puesto que "donde no hay convivencia, no hay conflicto". Eso sí, ha hecho hincapié en la necesidad de contemplar medidas oportunas para su control, puesto que "invertir en prevención es invertir en mediación".
