El PP incide en su plan para frenar la okupación con medidas como el desalojo en 12 horas

El diputado provincial del PP Víctor González en Cártama, donde ha estado acompañado por la presidenta local del PP, Leonor García-Agua, y el portavoz popular en el Ayuntamiento, Pedro Pardo.
El diputado provincial del PP Víctor González en Cártama, donde ha estado acompañado por la presidenta local del PP, Leonor García-Agua, y el portavoz popular en el Ayuntamiento, Pedro Pardo. - PP
Europa Press Andalucía
Publicado: lunes, 19 octubre 2020 15:15

CÁRTAMA (MÁLAGA), 19 (EUROPA PRESS)

El diputado provincial del PP Víctor González ha considerado "urgente" la necesidad de aplicar el Plan Antiokupación que propone el Partido Popular y que contiene, entre otros puntos, el desalojo de okupas en un máximo de doce horas.

"La okupación ilegal es un problema que no beneficia a nadie", ha asegurado González en el municipio malagueño de Cártama, donde ha estado acompañado por la presidenta local del PP, Leonor García-Agua, y el portavoz 'popular' en el Ayuntamiento, Pedro Pardo.

Así, ha explicado que el Plan Antiokupación que propone el Partido Popular "recoge medidas como el aumento de penas de prisión de uno a tres años, no permitir el empadronamiento de okupas, permitir que las comunidades puedan adoptar medidas legales y dejar que las personas jurídicas también puedan iniciar procesos de desalojo", ha explicado.

En este sentido, ha emplazado al Gobierno a que "aplique estas medidas para poner fin a esta tremenda injusticia", advirtiendo de que "el Gobierno de Pedro Sánchez e Iglesias prefiere justificar y permanecer en la desidia, en lugar de defender a los vecinos frente a la violación de la propiedad privada".

"Justificar el acceso ilegal a la vivienda no es la solución al problema", ha declarado el diputado 'popular', que ha subrayado que "esta situación se resuelve llevando a cabo una política social de vivienda que atienda las necesidades de aquellas personas que de verdad lo necesitan".

Por último, González ha resaltado entonces que la permisividad del Ejecutivo central respecto a la okupación genera inseguridad jurídica y afecta a la reputación de la Costa del Sol, puntualizando que "ni posibles inversores ni turistas pueden confiar en un destino turístico en el que se tolera la criminalidad", ha concluido.

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