PSOE dice que alcalde "es culpable de expulsión silenciosa de los malagueños por vender la ciudad a los especuladores"

MÁLAGA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista llevará este jueves a la comisión de Economía una moción para exigir al Ayuntamiento y a la Junta que se considere a la ciudad de Málaga como zona tensionada "por los precios del alquiler y compra como permite la Ley de Vivienda, para poner coto a la proliferación de pisos turísticos y a los crecientes precios del alquiler, por encima del 55% desde el año 2020".

El portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, ha señalado que "la inacción municipal no solo ha expulsado a los vecinos, sino que ha generado una burbuja insostenible donde el precio de la vivienda ha subido un 55 por ciento desde 2020", situando el metro cuadrado de venta "por encima de los 3.600 euros y el del alquiler rozando los 16 euros, unas cifras que convierten a la ciudad en un territorio hostil para quien intenta vivir de un salario medio, que en Málaga ronda los 1.300 euros".

Pérez, junto con el concejal del grupo socialista, Mariano Ruiz, ha detallado que los socialistas llevarán a pleno esta moción "ante este escenario de sustitución estructural de población", por lo que "se debe paralizar inmediatamente la venta de suelo público para torres de lujo y destinarlo exclusivamente a vivienda protegida".

Además de reclamar a la Junta de Andalucía "el listado detallado de las 1.385 viviendas turísticas "supuestamente canceladas para verificar si retornan al mercado residencial o siguen operando en la economía sumergida", como defiende uno de los puntos", ha explicado el portavoz socialista.

Pérez ha incidido en que "es imposible vivir en Málaga hoy en día porque el alcalde ha decidido vender la ciudad a trozos al mejor postor y ha convertido el suelo público en un activo financiero para cuadrar presupuestos en lugar de usarlo para garantizar el derecho a techo".

También ha lamentado que la negativa del regidor a declarar la zona tensionada "condena a las familias a destinar más del 52 por ciento de su salario neto al alquiler, muy por encima del límite prudente del 30 por ciento, lo que provoca una expulsión forzosa y cruel de la clase trabajadora".

Pérez ha tildado de "fracaso absoluto" la política de vivienda del PP apoyándose "en el colapso del registro público, donde el pasado diciembre se reveló que 17.000 demandantes tuvieron que competir por apenas 253 viviendas adjudicadas", mientras "la lista de espera real roza ya las 35.000 personas sin que el Ayuntamiento ofrezca soluciones más allá de congelar el presupuesto de vivienda en 36 millones para 2026".

Por su parte, el concejal socialista Mariano Ruiz ha aludido a los datos que convierten a Málaga en "la capital del descontrol", alertando de que la ciudad "duplica la tasa de fraude turístico de Madrid según el informe del Ministerio de Vivienda de febrero de 2026".

Ruiz ha detallado que "se han detectado 1.845 viviendas turísticas ilegales en la capital" y ha acusado al equipo de gobierno de "permitir una explosión de la oferta que ha pasado de 8.000 pisos en 2023 a casi 13.000 en la actualidad, facilitando la entrada de 5.000 nuevas unidades en solo dos años".

De igual modo, ha calificado de "papel mojado la actual moratoria municipal si no se acompaña de una inspección férrea" y ha exigido "luz y taquígrafos sobre las 1.385 viviendas turísticas que la Junta afirma haber cancelado".

Además, Ruiz Araujo ha advertido de que, "tras el auge de las viviendas de uso turístico, los especuladores han encontrado una nueva vía de explotación en los apartamentos turísticos".

Así, la propuesta de la iniciativa del edil socialista exige medidas "urgentes para frenar la pérdida de identidad y de residentes en la ciudad", destacando que "en los últimos ocho años unos 40.000 malagueños de entre 25 y 40 años han abandonado la capital".

Entre las peticiones se encuentra la paralización de la venta de suelo público municipal, la aplicación de la Ley de Vivienda para limitar los precios del alquiler y la aprobación de una moratoria que frene la expansión de los apartamentos turísticos mientras se tramita una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

"Tenemos que seguir recibiendo al turismo con una sonrisa, pero también tenemos que preservar las garantías de los malagueños", ha afirmado el concejal, que ha señalado que "el objetivo de la moción es que las instituciones velen por los intereses de la población local, evitando que la saturación actual siga desplazando a las familias y degradando el mercado de la vivienda en distritos saturados como el Centro y el Este".