Dice que los pagos de 300.000 euros relacionados con Rafael Gómez y de 600.000 euros con Tomás Olivo fueron por intermediación
MÁLAGA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, ha defendido la actuación de la corporación presidida por la alcaldesa Marisol Yagüe frente a construcciones supuestamente ilegales, en concreto las obras de ampliación del centro comercial La Cañada, promovidas por el empresario acusado Tomás Olivo. Así, ha negado vinculación entre el pago de éste y una inactividad municipal ante estas actuaciones.
Roca ha seguido por sexto día respondiendo a las preguntas del fiscal Anticorrupción sobre los presuntos pagos de empresarios procesados y los realizados por él a exconcejales; así como al reflejo de estas entradas y salidas de dinero en los archivos informáticos de la sociedad Maras Asesores, relacionada con él, y la vinculación de las aportaciones con resoluciones urbanísticas favorables.
En este caso, la acusación pública vincula un pago de 600.512 euros relacionado con el apunte 'T.Olivo' --en referencia a dicho promotor--, que aparece reflejado en los archivos de la sociedad Maras Asesores, con la "inactividad" de la corporación de Yagüe frente a estas obras "ilegales" para el ministerio fiscal y que se habían autorizado en 2002, mediante decretos firmados por el exalcalde Julián Muñoz.
Al respecto, Roca ha explicado que los 600.512 euros de Olivo responden "al pago a mi intermediación en la venta de unas parcelas que tenía Olivo en Córdoba" a una sociedad de otro empresario, también acusado y sobre el que también se le ha preguntado, apuntando que "consta" el contrato de intermediación y que se pagó el principal "pero no el IVA", por lo que una de las casillas del documento aparece sin rellenar.
Ha negado, por tanto, que la aportación tenga relación con los problemas en nueve licencias de obras para la construcción de locales comerciales, asegurando que esa vinculación es "la maquinación policial". Ha señalado que no tuvieron conocimiento de los decretos de obras, firmados por Muñoz, hasta que desde la Junta de Andalucía se les pidió documentación sobre esas obras "y sé que no aparece en Urbanismo" ese expediente.
Ha defendido que entonces "se comprueba que las obras no contaban con el correspondiente expediente" y Yagüe firmó un decreto de precinto de obras, que se vuelve a reiterar, y se inició la revisión de las licencias; aunque, según el fiscal, las obras continuaron. Al respecto, el letrado de Olivo ha precisado que hay una sentencia penal de enero de 2010, que concluye que no se construyeron naves después de 2004.
La acusación pública entiende que hubo "dejadez de funciones" por parte del Ayuntamiento de Marbella frente a estas construcciones y que el pago vinculado a Olivo estuvo relacionado con esa actitud municipal. El principal acusado ha considerado que "no hubo inactividad" por parte de la corporación marbellí "sino todo lo contrario", enumerando los decretos de paralización y revisión iniciados.
En este sentido, el fiscal ha incidido en que el pago se produce en noviembre de 2005, mientras que en diciembre del mismo año se firma un decreto en el que se levanta la suspensión y se declara caducado el procedimiento de revisión de las licencias. Roca ha dicho que esto se produce tras un informe del secretario que explica "por qué aconseja tomar esa decisión", además de que se estaba pendiente de procedimientos contenciosos.
El principal acusado ha apuntado que puede haber "inactividad de la corporación o de los técnicos municipales, en el 99 por ciento, por la inactividad de los técnicos".
OTROS EMPRESARIOS
El fiscal ha vuelto a preguntar a Roca por el pago supuestamente realizado por el promotor Rafael Gómez, 'Sandokán', que consta en los archivos Maras, que la acusación pública relaciona con los problemas que tenía la empresa de Gómez, Arenal 2000, para hacer unos accesos en unos locales comerciales, y con el fin de asegurarse "la actitud inactiva y permisiva del Ayuntamiento de Marbella". El acusado ha vuelto a negar tal vinculación.
Roca ha indicado que uno de los apuntes de 300.500 euros vinculado inicialmente al empresario se refiere a una inmobiliaria y ha reiterado que la otra referencia de 300.000 euros sí fue por una intermediación por la venta de unos terrenos, sin que haya documentos que acrediten esa labor. Ha precisado que la entrega no la hizo el propio empresario sino otra persona y que, aunque aparezca que la aportación fue en efectivo, "igual pudo ser en cheque".
También se le ha preguntado por otros supuestos aportantes, como el empresario Cristóbal Peñarroya, sobre el que ha dicho que la anotación que los investigadores vinculan con él no es tal, sino que se refiere a otro empresario. Sobre el acusado Ismael Pérez Peña, primero que llegó a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y admitió que pagó a Roca, ha dicho que los 180.000 euros fueron un préstamo, restando importancia a las declaraciones del acusado.
Respecto a José María Enriquez, que según la acusación, hizo un pago de 288.000 euros vinculado a la obtención de la licencia de primera ocupación, Roca ha contestado sobre una operación urbanística en común, en la que se produjo una gran revalorización del suelo, asegurando que "el mercado de Marbella estaba en plena ebullición y se multiplican los precios por cinco, por seis, por 10". "Operación como ésta hemos visto muchas y se van a ver más", ha concluido.
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