MÁLAGA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -
El presunto cerebro del caso 'Malaya', contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, insiste en su escrito de defensa en que no intervino en dar licencias o firmar convenios urbanísticos; al tiempo que señala que su patrimonio tiene "origen lícito" y es consecuencia de su "actividad mercantil", negando que recibiera dinero a cambio de resoluciones.
En este escrito, en el que muestra su disconformidad con las acusaciones, su defensa explica que el cometido de Roca en la sociedad Planeamientos 2000, encargada de redactar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), era el de ser gerente; y destaca la necesidad que había de un planeamiento, ya que el Plan de 1986 era "ineficaz" y sus previsiones resultaban "obsoletas".
"Todos los hechos que gratuitamente se relatan acerca de la existencia de un urbanismo a la carta, sea lo que sea lo que signifique, no viene sino a demostrar la falta de conocimiento sobre la realidad municipal, así como idéntico desconocimiento sobre el alcance y significación de los instrumentos de planeamiento", indica el documento.
En este sentido, en el escrito, se precisa que Marbella "necesitaba contar con un PGOU" y se sostiene que "desde el Ayuntamiento se acometió con ganas y energía tal labor ya desde 1993 que sin embargo fue sistemáticamente truncada con una sorprendente negativa a dar el preceptivo visto bueno a un planteamiento ajustado a la realidad de Marbella, abocando al municipio a una situación financiera insostenible".
"¿Las razones? Además de las puramente partidistas, obedecieron a un enconamiento personal y más que reprochable de quien debía velar por el buen fin de la economía de un municipio de Andalucía respecto del representante del Ayuntamiento de Marbella", se estima, aunque se indica que "no ha sido así 15 años después de iniciada la revisión del planeamiento cuando finalmente ha convalidado casi al 100 por cien aquel instrumento de planeamiento que otrora rechazara".
Asimismo, dice que no se causó perjuicio al Ayuntamiento sino que los hechos relatados en los escritos de las acusaciones --entre ellas la Junta de Andalucía-- "contaron con la anuencia de quien hoy acusa que estaba (o debió estar) ejerciendo sus preceptivas labores de control y al tanto de todos y cada uno de los expedientes administrativos en los que hoy, más de una década después, basa su acusación".
Roca niega que fuera funcionario público, que dictara resoluciones y asegura que "nunca" tuvo funciones de autoridad, ni caudal público alguno a su cargo y que "jamás" influyó ni trató de influir en los miembros del gobierno municipal ni en otros funcionarios "mucho menos a cambio de nada". En este punto, asegura que no solicitó ni recibió dádivas a cambio de resoluciones, analizando convenios y licencias por los que se le acusan.
NEGOCIOS
Precisa el documento que rige la presunción de inocencia respecto de los procedimientos judiciales que tiene pendientes y explica que la "supuesta organización" creada para, presuntamente, blanquear dinero, "no es más que la gestión de negocios ajenos perfectamente lícita en nuestro derecho, pues lícitos son los fondos con los que se operaba a través de operaciones mercantiles impolutas".
"No es delito valerse para actuar en derecho de una estructura societaria, no es delito ostentar la titularidad de sociedades en el extranjero, no es delito tener actividades económicas como la de hostelería, ganadería o en el sector inmobiliario y no es delito contratar a nadie para llevar la llevanza de la contabilidad de las empresas", apostilla el documento al que tuvo acceso Europa Press.
Asimismo, dice que "no es delito tener seguridad privada, ni defenderse en procedimientos penales, ni administrar sociedades y cumplir con las obligaciones fiscales", insistiendo en que "no es delito pagar por estos servicios, comprar inmuebles o realizar operaciones intersocietarias". Añade que las adquisiciones realizadas por los marchantes de artes tienen origen lícito y "nunca se destinaron ni entraron en el tráfico mercantil".
En el escrito de defensa, se impugnan distintos informes policiales y de la Agencia Tributaria y se solicitan múltiples pruebas, como que se remita la relación detallada de los impuestos de sociedades, IVA y otros de al menos 60 sociedades, entre ellas Condeor, Inmobiliaria Ángel de Tepa o Masdevallía, que se vinculan a Roca.
