MÁLAGA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
El alcalde del municipio malagueño de Canillas de Albaida, Antonio Díaz (PP), reconoció hoy que dio la licencia para una vivienda en suelo no urbanizable "antes de tiempo", al faltar documentación; pero insistió en que tenía "la completa seguridad" de que la obra se podía legalizar y en que no pensó que estaba cometiendo un delito. "Si lo hubiera sabido, no lo hubiera hecho, siempre lo hice de buena fe en beneficio del pueblo", apuntó en su derecho a la última palabra.
El Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga dejó hoy visto para sentencia el juicio contra Díaz, para el que la Fiscalía pide siete años de inhabilitación para cargo público y multa, al acusarlo de un delito de prevaricación urbanística, al dictar en noviembre de 2004 un decreto para otorgar a un extranjero un permiso de obra para hacer una vivienda unifamiliar aislada de unos 137 metros cuadrados en suelo no urbanizable y sin que constara proyecto técnico.
El regidor, que reconoció que, dadas sus limitaciones, necesitaba que le leyeran los informes, admitió que en esa licencia "me pasé" y que lo hizo "mal", ya que faltaba documentación, reclamada por el arquitecto municipal en un escrito; aunque argumentó su decisión de otorgarla en que los solicitantes "eran muy pesados" y en que tenía "la confianza de que se podía regularizar", ya que la zona "tenía los metros suficientes, luz y agua". "La culpa fue mía, que la di antes, pero siempre pensé que se podía legalizar", insistió.
Además, apuntó que ese "trocito" en el que se ubica la vivienda "es el único suelo útil que tiene el pueblo para crecer", ya que por un lado es terreno protegido y el resto tiene muchas pendientes. Así, añadió que, según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que está aprobado sólo inicialmente por el Ayuntamiento, ese terreno es urbanizable, características que fueron corroboradas por el actual arquitecto municipal, que declaró en el juicio.
VINCULACIÓN A ZONA AGRÍCOLA
En su escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, el fiscal señala que en noviembre de 2007, ya abierta esta causa, el abogado del promotor presentó un proyecto de actuación con fecha junio de 2003 para una vivienda vinculada a explotación agrícola, al que el Consistorio dio "máxima celeridad en su tramitación, a pesar de que en dicha finca no se había desarrollado explotación alguna en ningún momento".
En este punto, el alcalde dijo hoy que allí iba a haber "una actividad agrícola" en el sentido de "plantar tomates, árboles", aunque indicó que luego "se aburrieron y los dejaron secar", al tiempo que señaló que había previamente un proyecto de ejecución, documento que, según el secretario municipal, que también compareció, "no se ha encontrado", aunque matizó que el registro de entrada "funciona mal".
El guardia civil que realizó la inspección de la zona y levantó el acta que luego remitió al Ayuntamiento y al juzgado, aseveró que la casa era de una planta y tenía piscina, por lo que descartó que se tratara de un almacén de aperos. No obstante, entendió, "conociendo al regidor", que éste "no era consciente de que era un delito". En este mismo sentido, se expresó el entonces arquitecto municipal, quien entendió que actuaba para "beneficiar a sus vecinos".
Asimismo, dos peritos coincidieron en que estas edificaciones en suelo no urbanizable sólo se pueden legalizar cuando se demuestra su vinculación a una explotación agrícola, lo que, a juicio de uno de ellos, no ocurre en este caso en el que "no hay indicios" de ello. Además, indicó que la casa es "claramente" residencial y dijo que aunque toda la zona fuera de olivos "con esa superficie no se puede justificar una vivienda en ese suelo para uso agrícola".
PROCESO PENAL O ADMINISTRATIVO
El fiscal mantuvo, en su informe final, que el decreto dictado por el alcalde fue "arbitrario e injusto" y que éste aprobó la licencia "sin seguir el procedimiento". Admitió el carácter "restrictivo" de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), pero aseguró que "es la ley y hay que respetar la legalidad vigente que en este caso dice que no se podía conceder la licencia".
Añadió que en 2007 se aprobó el proyecto de ejecución "para dar cobertura a una resolución contraria a la ley", algo que "habrá que analizar", y manifestó que el que haya un proceso administrativo para estas cuestiones "no impide el penal". Sobre que el alcalde no fuera consciente de que era delito, añadió que se pide multa y no prisión "por eso" y porque "somos conscientes de que no es una prevaricación como otras que se están cometiendo en la provincia".
La defensa pidió una sentencia absolutoria, al entender que su cliente no informó sobre nada y no existe una intencionalidad específica, por tanto, "no se cumplen los requisitos" del delito contra la ordenación del territorio. Además, insistió en que "no puede entrar la jurisdicción penal en este caso", más cuando existe un procedimiento administrativo para "dar solución" a esta cuestión.
"Se requiere que la actuación o la resolución sea de forma patente y grosera contraria a las normas para que sea un proceso penal, más cuando existe una vía administrativa, y éste no es el caso", concluyó.
