MÁLAGA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar a partir del próximo 6 de abril al ex alcalde de la localidad malagueña de Marbella Julián Muñoz, al abogado José María del Nido, al ex asesor de Urbanismo marbellí Juan Antonio Roca y al resto de acusados en el denominado caso 'Minutas', sobre las presuntas irregularidades en los encargos hechos al letrado por parte del Consistorio marbellí, según confirmaron a Europa Press fuentes judiciales.
Las fuentes precisaron que la Sección Tercera, encargada del enjuiciamiento, ha previsto que la vista oral se prolongue hasta el 4 de junio, en sesiones de mañana que se irán alternando de lunes a miércoles y de lunes a jueves, según las semanas. Así, se prevé que hasta la primera semana de mayo se celebren las cuestiones previas y las declaraciones de los acusados, para dar luego paso a las testificales, pruebas periciales e informes finales.
La causa se inició a raíz de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción en 2006, tras analizar varios informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el Consistorio marbellí. El ministerio público presentó escrito de acusación por los delitos de asociación ilícita, prevaricación administrativa, fraude, malversación de caudales públicos, falsedad documental y delitos societarios y el juez ordenó abrir juicio.
En sus conclusiones iniciales, la Fiscalía Anticorrupción pidió para Muñoz 16 años y medio de prisión y 48 de inhabilitación, tanto absoluta como para empleo o cargo público; al acusarle de los delitos de asociación ilícita, delito continuado de prevaricación administrativa, otro continuado de fraude en concurso con malversación, delito societario y malversación con uso de bienes muebles o inmuebles.
A Del Nido se le acusa de asociación ilícita, delito continuado de prevaricación administrativa, como cooperador necesario; de otro continuado de fraude en concurso ideal con uno continuado de malversación, también como inductor; así como de falsedad documental, de documento oficial y de documento privado, de tres delitos societarios, de malversación de uso de bienes y de deslealtad profesional.
Por esto, el presidente del Sevilla se enfrentaría inicialmente a una petición por parte del fiscal de 12 años y medio de prisión, inhabilitación para ejercer como abogado durante cuatro años, además de inhabilitación especial para desempeño de cargos de administración o representación de sociedades durante siete años y para empleo o cargo público durante 17 años, según el documento al que tuvo acceso Europa Press.
Asimismo, la Fiscalía Anticorrupción acusa a Roca por presunto fraude en concurso con un delito de malversación de caudales, solicitando una pena de seis años de cárcel. Al ex secretario municipal Leopoldo Barrantes se le acusa inicialmente de prevaricación de funcionario, dos de falsedad y otro de malversación.
También están acusados los ex concejales Marisa Alcalá, Rafael González, José Luis Fernández Garrosa, Alberto García, Tomás Reñones y Javier Lendínez, aunque para éste no se abrió juicio oral al encontrarse en ignorado paradero. Otros procesados son Modesto Perodia, a quien se le acusa de los mismos delitos en los que coinciden Muñoz y Del Nido; y una letrada del despacho de Del Nido, pareja de éste en ese momento.
INSTRUCCIÓN
El fiscal aseguró que de las investigaciones se desprende que la contratación de los servicios profesionales de Del Nido "estuvo basada única y exclusivamente" en la voluntad del entonces alcalde, Jesús Gil, "sin que para dicha designación o para la asignación de cada uno de los servicios concretos y ejercicio de acciones se iniciare el preceptivo expediente o cualquier formalidad legalmente prevista por el órgano municipal".
"Su actuación como asesor jurídico se basó en la decisión unilateral y arbitraria del alcalde referido quién le designó de hecho como jefe de los servicios jurídicos de la Corporación sin sujeción al ordenamiento jurídico, con la deliberada intención de impedir los controles legalmente establecidos", explica el escrito de la Fiscalía.
No obstante, se indica que el alcalde accidental, Julián Muñoz, que habitual y formalmente presidía y participaba en las juntas de Gobierno Local, "le adjudicaba los servicios y el ejercicio de las acciones concretas, mediante decretos inmotivados, al tiempo que se promovía que la comisión de Gobierno aprobara el gasto correspondiente". "De ese modo se actuó por la vía de hecho", apunta.
De esta forma se pretendía "una maquinación defraudatoria estable y progresiva, al menos desde el año 1999, planeada por los acusados con absoluto desprecio a los intereses públicos y en grave perjuicio de las arcas municipales". Se señala que en este comportamiento "despatrimonializador" se unieron "bajo el mando y control del fallecido Jesús Gil y Gil, en un primer nivel dirigente, los acusados Julián Muñoz y José María del Nido, apoyados y asesorados en todo momento por un buen conocedor del funcionamiento de las sociedades municipales, el acusado Modesto Perodia".
El fiscal manifiesta en su escrito que a partir de la moción de censura de agosto de 2003, que provocó que Marisol Yagüe ocupara la Alcaldía en lugar de Muñoz; y una vez que se excluyó a Del Nido como asesor municipal, "el coste anual por los servicios externos de asistencia y asesoramiento jurídico descendió en un 62 por ciento". Así, en concepto de responsabilidad civil se tendrá que indemnizar al Ayuntamiento con más de 1,8 millones de euros.
Esa forma de contratación se realizó desde el año 1999 a 2003 "de manera reiterada sin mediar expediente alguno, lo que constituye una grosera vulneración de las más elementales normas de la contratación administrativa previo concierto con el alcalde principal y el alcalde accidental". Además, se apunta que las cantidades adelantadas al letrado como provisiones de fondos "no fueron en ningún caso objeto de la correspondiente liquidación de honorarios profesionales".
De esta manera, explica el documento, se adjudicó verbalmente al letrado "y sin pasar por el pleno" encargos "tan relevantes y costosos" como la coordinación de las labores de fiscalización del Tribunal de Cuentas en los años 1999-2000, así como la formulación de alegaciones al anteproyecto y al propio Informe de Fiscalización aprobado por el Tribunal de Cuentas relativo a los años 1990-1999.
Respecto a Roca, el fiscal señala que era la única persona autorizada en una cuenta de Planeamiento 2000 y apunta que "en grave perjuicio de las arcas municipales firmó un talón" presuntamente para el pago a uno de los acusados de la elaboración de las alegaciones al anteproyecto de Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas de tres sociedades municipales cuando, según el fiscal, el trabajo fue "inexistente".
Asimismo, la acusación señala que la intervención del letrado acusado en el Ayuntamiento y en las sociedades municipales llegó a suponer "al menos el 70 por ciento de la actividad desarrollada por su despacho colectivo de Sevilla" y destaca la "confianza existente entre éste y el alcalde --Gil-- fraguada en el contexto de sus quehaceres como directivos de clubes de la liga española de fútbol" y consolidada a raíz de su intervención en el conocido como caso 'Camisetas'.
