MÁLAGA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
La defensa del constructor José Ávila Rojas aseguró hoy que su cliente tuvo "actuaciones totalmente lícitas permitidas por la Ley" con el presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, y, a la vez, una serie de actuaciones en representación de sociedades de las que es administrador, pero señaló que de eso no puede extraerse un delito de cohecho, por el que se le procesa.
El letrado expuso hoy ante el Tribunal de la Sección Primera de la Audiencia su recurso de apelación contra el auto de procesamiento dictado en julio de 2007 por el anterior juez del caso 'Malaya', Miguel Ángel Torres, después de que el actual instructor, Óscar Pérez, desestimara los recursos de reforma. Está previsto que la vista conjunta concluya mañana con la exposición de las acusaciones.
El abogado calificó el auto de "farragoso, deshilvanado y con falta de relación entre los hechos y los delitos", algo en lo que han coincidido varias defensas a lo largo de estas dos semanas. Lamentó, al igual que otros compañeros, que prácticamente la única fuente ha sido los informes de la Policía y criticó la "indefinición" del documento. "Es un totum revolutum", apostilló.
En este sentido, dijo que "va contra la ley" el que se mantenga el secreto de sumario "hasta que se va obteniendo material probatorio", como ha ocurrido, a su entender, en esta causa, asegurando que "no puede servirse ni de los informes ni de los acrónimos para indiscriminadamente decir que hay un caso de cohecho". Además, apuntó que el auto tiene una postura "errática y toma lo que quiere".
También coincidió con otros defensores en las críticas al modo en que se produjeron las primeras declaraciones tras las detenciones y relató a la Sala cómo, tras estar su cliente varios días arrestado, se acercó a llevarle un caldo caliente y casi se lo impidieron. Por tanto, concluyó que en ese momento "no estaba en condiciones de contestar y lo que dijo no tiene que ser tenido en cuenta".
Por su parte, el abogado del ex teniente de alcalde marbellí Pedro Román alegó que su defendido no era funcionario público en el momento de participar en una operación sospechosa de blanqueo "y no nos consta entrega ni propuesta de dádiva por su parte", por lo que dijo que no hay delito de cohecho. Aseguró, además, que éste no participó en negociación alguna sobre aprovechamientos urbanísticos.
Insistió en que el dinero usado para la operación fue "lícitamente obtenido y de seguimiento claro", procedente de la venta de unas parcelas, y afirmó que no hay delito antecedente que produzca dinero ilícito. Así, añadió que el que el capital estuviera en Suiza y que en la operación interviniera una sociedad extranjera, "europea", no es sinónimo de delito de blanqueo.
En cuanto a la hija de Román, también procesada, aseguró que debe salir del procedimiento porque nada sabía de las operaciones y recordó que el actual instructor no la procesó en una pieza separada, relacionada con esta operación. Respecto al ex comisario Florencio San Agapito, su defensa explicó que el dinero que aportó en la operación fue una "inversión" a título personal y que no supo de la participación de Roca hasta tiempo después.
SITUACIÓN URBANÍSTICA DE MARBELLA
También expuso su recurso la defensa del empresario Carlos Sánchez, que aseguró que su cliente se ha visto a raíz de este caso "en la quiebra como empresario y en la ruina personal y familiar", a pesar de que los negocios en Marbella suponían una mínima parte del total. Consideró que el auto es "una novela" y que no determina las personas ni concreta desde cuando se investiga.
Asimismo, reflexionó sobre la situación urbanística de Marbella, y dijo que había actuaciones que competían "a la comunidad autónoma y a la Delegación del Gobierno en Málaga", preguntándose "cómo se explica que aparezcan irregularidades como hongos" y cómo es que "nadie se dio cuenta". "Es posible que esto haya pasado sin un señor X", cuestionó el abogado, quien consideró que es "un proceso político preescrito" y que "no se ha mirado arriba".
También intervino la defensa de Andrés Liétor, amigo y socio en algunas empresas del anterior, quien acompañó a éste cuando fue a declarar y que se ofreció a aclarar la situación, resultando que "acabó en la cárcel". El letrado del procesado, que hoy se sentó en la zona de los acusados cuando le tocó exponer a su abogado, apuntó que en el auto no aparece ni una sola vez sin ir junto a Sánchez.
El abogado del también empresario Ismael Pérez señaló que su cliente reconoció haber realizado aportaciones al Ayuntamiento, con la entrega de coches municipales y de dinero porque Roca y la entonces alcaldesa Marisol Yagüe se lo pidieron para pagar las nóminas, pero insistió en que su defendido lo hizo para cobrar la deuda que el Consistorio mantenía con su empresa y no para obtener el servicio de grúa.
El letrado explicó que entonces la deuda era de 240 millones de las antiguas pesetas y que ahora es de 500 millones, porque el Ayuntamiento, en sus distintas etapas desde la operación 'Malaya', no se la ha abonado. Recordó que el primer instructor le preguntó por qué no había denunciado la situación y dijo que su cliente lleva tres años en los tribunales sin haber logrado cobrar esa deuda.
