MÁLAGA, 15 May. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga ha presentado denuncias contra el ex alcalde de la localidad malagueña de Casares y actual presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Juan Sánchez (IU), y contra el regidor de Colmenar (Málaga), Pedro Fernández (PSOE). En ambos casos, el fiscal considera que "no ejercieron sus competencias en materia urbanística".
Así, en el caso de Colmenar, el ministerio público señala en su denuncia, a la que tuvo acceso Europa Press, que un promotor, también denunciado, solicitó en 2003 licencia para una construcción agrícola, que fue denegada en comisión municipal, aunque éste "construyó una vivienda unifamiliar aislada de unos 96 metros cuadrados", con piscina y zona para barbacoa, en suelo no urbanizable.
Durante dicha construcción, el fiscal considera que el regidor "no ejerció en ningún momento, como era su obligación, las competencias urbanísticas que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) le atribuye como alcalde". "Lejos de ello --dice el escrito-- fue con su actitud favoreciendo la consolidación de la construcción", a la que se concedió suministro de agua sin tener licencia.
En enero de este año, la Patrulla Urbana del Seprona pidió informes al Ayuntamiento sobre dicha obra, tras lo que el alcalde dictó un decreto incoando un procedimiento sancionador que quedaba suspendido hasta que se depuraran responsabilidades penales. La información del Seprona dio origen a las diligencias de investigación de la Fiscalía de las que derivan esta denuncia.
Además de al alcalde y al promotor, también se denuncia a un arquitecto que, "puesto de acuerdo" con el promotor denunciado, hizo una certificación falsa en la que se constaba que la construcción que se estaba realizando tenía una antigüedad superior a los cinco años, con el fin de "conseguir escriturar y legalizar la vivienda mediante declaración de obra nueva".
Para el fiscal, estos hechos podrían ser constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio del que responderían los tres denunciados, el arquitecto en calidad de cooperador necesario; y de uno de falsedad en documento oficial en el caso sólo de éste y del promotor.
CASARES
En el caso de Casares, el fiscal presentó dos denuncias contra el regidor y contra el edil de Urbanismo, al considerar, igual que en el caso anterior, que "la inactividad de los denunciados, no ejerciendo sus competencias en materia de disciplina urbanística, ha dado como resultado la consolidación de la construcción ilegalmente realizada, lo que, a su entender, "equivale al dictado de una resolución totalmente arbitraria e injusta".
Así, la Fiscalía indica en sus escritos que los denunciados tras recibir un acta de inspección del Seprona, en un caso, y tras la visita realizada por los servicios urbanísticos del Ayuntamiento, en el otro, iniciaron expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística en relación a dos obras sin licencia.
En una denuncia, la acusación señala que "aún cuando no ejercieron sus competencias urbanísticas, tenían conocimiento de la realización de las obras denunciadas", pues, previamente, el entonces alcalde "concedió autorización para la acometida de agua". En la otra, se precisa que "no ejercieron sus competencias pues se limitaron a dictar el decreto".
En ambos casos, el fiscal indica que la construcción fue terminada y que, tras conocer el Consistorio que se habían iniciado unas diligencias de investigación de la Fiscalía, el concejal dictó una resolución en la que se declaraba la caducidad del expediente iniciado por decreto "casi cinco años después de incoado". Para el ministerio público, estos hechos podrían ser constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio.
