MÁLAGA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
El fiscal Anticorrupción encargado del caso 'Malaya', Juan Carlos Caballero, defendió hoy la instrucción sobre la presunta trama de corrupción en Marbella (Málaga), pidiendo la confirmación del primer auto de procesamiento, y consideró una "ganga" haber encontrado la contabilidad de la organización investigada, en referencia a los archivos de la empresa Maras Asesores, vinculada al presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca.
"Descartar el hallazgo de la contabilidad de una organización presuntamente delictiva, cuando se trata de corrupción pública y de delitos de contenido económico, es negar la realidad. Es la ganga de cualquier investigación que pueda llevar a cabo una unidad de Policía dedicada a la lucha contra el blanqueo de capitales encontrarse con la contabilidad de la propia organización", aseveró.
El representante del ministerio público expuso hoy en la última sesión de la vista de los recursos contra el primer auto de procesamiento ante el Tribunal de la Sección Primera de la Audiencia y una veintena de defensas, entre las que estaba la del ex asesor de Urbanismo marbellí, Juan Antonio Roca, la del responsable del bufete Sánchez Zubizarreta o de empresarios, como Fidel San Román.
El fiscal calificó de "magnífica" la actuación profesional de los especialistas en blanqueo de la Udyco y de la Agencia Tributaria que trabajaron en la instrucción de este procedimiento, que fueron "un auténtico equipo de auxilio" y actuaron de "verdadera Policía Judicial", y sostuvo que al auto de procesamiento "no se le puede requerir certeza probatoria".
En este sentido, dijo que manifestaciones de días pasados "no han tenido en cuenta que es una imputación provisional" y consideró que "no es cierto que el derecho procesal no haya estado presente en el caso 'Malaya'", a través de respuestas tanto del instructor, como de la Audiencia de Málaga y de la Audiencia Nacional. "Otra cosa es que no nos gusten las resoluciones", apostilló.
En este punto, dijo que el derecho de defensa "ha estado presente y se le ha dado la respuesta procesal adecuada", y apuntó que las alegaciones sobre las detenciones, prisiones, secreto, imparcialidad o competencia del juez tuvieron respuesta de la Audiencia, criticando que se haya puesto en entredicho "el propio Estado de Derecho" con manifestaciones y quejas, algunas "fuera de lugar".
INDICIOS
Así, defendió que los archivos encontrados en Maras Asesores son contabilidad, aunque precisó que los indicios no sólo descansan en este elemento, sino que hay otros que dan "verosimilitud" a la conexión entre las iniciales y los procesados y que "han sido obviados por las defensas", como las intervenciones telefónicas o las agendas o anotaciones manuscritas de Roca.
El representante del ministerio público explicó las imputaciones al ex asesor de Urbanismo marbellí y su papel en la presunta trama, defendiendo las conexiones "patentes" que hizo la Policía entre las iniciales encontradas en sus archivos y anotaciones manuscritas y los ex ediles y empresarios procesados.
Se refirió a las personas que aportaron el dinero, "con intereses inmobiliarios" en Marbella y recordó que "más que retribuir resoluciones concretas se estaba pagando el sometimiento" de los cargos públicos. Insistió en que los pagos se realizaban "en función de las necesidades de los negocios inmobiliarios" y apuntó que por ahora es un cohecho "para fin delictivo".
A este respecto, López Caballero aseveró que sin el poder de Roca "muchos de esos negocios no se habrían llevado a cabo" y reiteró que prevaliéndose de su posición "da sentido a pelotazo urbanístico", poniendo como ejemplos distintas operaciones recogidas en el auto, recurrido por 62 procesados.
También habló del patrimonio de Roca y lo puso en relación con los ingresos reconocidos y lícitos y con su imputación en casos de corrupción económica para concluir que "se ha financiado parte del patrimonio de un modo ilícito". Además, destacó el "alto grado de sofisticación" de la supuesta organización destinada a ocultar esos beneficios, a través de profesionales y "capas de cebolla" en las sociedades.
Aludió, además, al papel en el delito de blanqueo de los abogados del despacho Sánchez Zubizarreta y señaló que, en su opinión, su labor no puede considerarse dentro del ejercicio de la profesión de abogado. No obstante, también dijo que Roca presuntamente se valió de formas "clásicas" de blanqueo, como adquisición de obras de arte y joyas.
OTRAS ACUSACIONES
Las otras dos acusaciones también pidieron que se confirme el auto de procesamiento. Así, el letrado de la acusación del Ayuntamiento de Marbella dijo que el instructor no tenía la obligación de concretar tipos penales ni conductas típicas porque entonces se estaría "adelantando y ocupando el lugar de las acusaciones".
"Sería ahora una tarea innecesaria establecer de forma definida la participación de cada uno de los procesados", apuntó el letrado, quien añadió que los entonces ediles, que "sabían los procedimientos abiertos" en la Audiencia Nacional, eligieron formar parte de la moción de censura "por un interés económico". "Cuando hay dinero de por medio, las enemistades se olvidan", manifestó.
Añadió que la precisión, con lo que se expresa en el auto, "es suficiente", al ser "un relato completo de todo lo que ocurría". Así, consideró que "cada uno" de los procesados "era importante en esa maquinaria tan sofisticadamente creada", que, según consideró, "ha ido en detrimento de la economía de la ciudad, de la confianza de los ciudadanos y del medio ambiente de un lugar exclusivo".
Por su parte, la otra acusación, en nombre de la Junta, indicó que el núcleo indiciario está compuesto por las "ilegalidades administrativas" que supuestamente se cometían en el Ayuntamiento marbellí, con "licencias irregulares y convenios fraudulentos", a lo que añadió los análisis de patrimonio, la contabilidad encontrada, que "pone nombres y apellidos" a la presunta ilegalidad, y las declaraciones de algunos imputados reconociendo los pagos o cobros.
Respecto a la forma del auto, señaló que, aunque incluso se podría decir que contiene "un exceso de hechos", esto no es una infracción ni produce indefensión, aunque sí reconoció que la individualización "tendrá que ser más precisa en la acusación". Por último, coincidió con el actual instructor en que aspectos como la posible violación de derechos deben ser abordados de manera previa al juicio oral.
