MÁLAGA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Málaga ha solicitado seis años y 10 meses de prisión para un exedil del Partido Andalucista de la localidad malagueña de Marbella al que acusa de coaccionar a dos trabajadores municipales para afiliarse a dicha formación y por contratar a un familiar, también procesado, en la delegación de la que era concejal. Las defensas piden la absolución.
El juicio comenzó la pasada semana en la Sección Tercera de la Audiencia. El fiscal ha modificado este martes sus conclusiones iniciales, en el sentido de rebajar de 12 a dos el número de delitos de coacciones por el que acusa al exedil Pedro Pérez; además, uno de ellos es consumado y el otro intentado, solicitando dos años y cinco meses y un año y cinco meses, respectivamente.
Alternativamente, el ministerio público considera que podría tratarse del delito que señala a una autoridad o funcionario público que, a sabiendas, impide a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes, por lo que en este caso solicita que se imponga cuatro años y 10 meses de inhabilitación para cargo público por ambos delitos.
La acusación sostiene en su escrito que tanto Pedro Pérez como el exedil andalucista Carlos Fernández --que se encuentra en ignorado paradero-- "presionaban a trabajadores del Ayuntamiento para afiliarse al PA" cuando estaban en el equipo de gobierno, y se comprometían, a cambio, a convertir su contratación temporal en indefinida. Para ello, convocaron una reunión en julio de 2005.
El representante de la Fiscalía ha sostenido en su informe final que "aquel acto de exigencia de afiliación y de dinero existió" y se les hizo creer que "era necesario para no perder sus trabajos"; aunque, según ha manifestado, sólo se ha podido constatar, a través de las testificales, dos casos, debido al cambio de versión de la mayoría de los trabajadores.
El fiscal ha expresado su "sorpresa" ante el hecho de que, incluso, algunos de los testigos que en la instrucción dijeron que fueron coaccionados, ahora, en el juicio, hayan admitido que "mintieron" en ese momento, señalando que "jamás había visto esta actuación ante la Administración de Justicia". Además, ha aludido a que no se sabe en qué momento decían la verdad.
Esta parte también acusa a Pérez de un delito de fraude y malversación, en concurso de norma, por haber contratado a un familiar, solicitando para cada uno tres años de prisión. Considera que existió un "concierto para perjudicar las arcas públicas a través de un contrato ficticio" y que el otro procesado cobró una determinada cantidad de dinero "a cambio de nada".
En este sentido, el fiscal se ha vuelto a mostrar "sorprendido" porque al juicio se han citado a testigos que han hablado del trabajo de campo que realizaba ese familiar para privatizar el servicio de limpieza, pero que no habían declarado nunca antes en la causa. Ha indicado que el contratado era una persona que "no se sabía qué hacía y que ahora se justifica en un servicio secreto de limpieza, que no se podía saber por miedo a huelgas".
Por otra parte, el ministerio público ha retirado la acusación inicial contra el exedil por un delito de malversación en relación con el taller municipal de coches y supuestos favores para arreglar vehículos particulares; y también la acusación que había contra el hermano del exedil Carlos Fernández por un delito de apropiación indebida.
DEFENSA
La defensa de los dos acusados ha pedido la absolución y considera que, en todo caso, concurren las atenuantes de dilaciones indebidas y de falta de condición de funcionario. En las cuestiones previas, ya pidió la nulidad de toda la instrucción, al indicar que las declaraciones de testigos en el juzgados se hicieron bajo secreto de sumario y sin presencia del letrado de la Administración de Justicia.
La defensa, que este miércoles hará su informe final, señala en su escrito inicial que el secreto duró 11 meses, periodo en el que se tomó declaración a 30 personas, en las que "no se aprecia la firma de la secretaria judicial". Además, se apunta que en la denuncia "subyace un trasfondo de batalla y revancha política" relacionada con la expulsión del PA del equipo de gobierno, del que formaban parte junto al GIL y al PSOE.
Así, la defensa del exedil niega que realizara cualquier tipo de coacción y, respecto al contrato del familiar, en dicho documento se defiende que no hay testimonios sobre que no realizara su trabajo y, además, se explica dicha contratación en la privatización del servicio de limpieza, lo que, según esta parte, ha sido corroborada por testigos durante el juicio oral.
