MARBELLA (MÁLAGA), 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
El ex jefe de la Policía Local de Marbella (Málaga) Rafael del Pozo reiteró hoy ante el juez que investiga el caso 'Malaya', Óscar Pérez, que las armas halladas en un registro efectuado en la Jefatura de Policía de Marbella en 2006 le fueron entregadas por el ex alcalde de Marbella Jesús Gil y Gil, según explicó su abogado, Jorge Mansilla.
Del Pozo acudió hoy al Juzgado de Instrucción número 5 de esta localidad malagueña, tras ser citado por el instructor del caso para la declaración indagatoria en relación al supuesto delito de tenencia ilícita de armas, por el que se le ha ampliado su procesamiento en esta causa, tras dicho hallazgo.
En su declaración, que se prolongó durante media hora, el ex jefe policial ratificó parcialmente lo testificado anteriormente, según apuntó a los medios de comunicación su abogado, quien subrayó que no existe delito a efecto de tenencia ilícita de armas ni tampoco había ninguna actividad ilegal en la finalidad.
Según explicó su defensa, el entonces jefe de la Policía Local habló en ese momento con el armero "quien le manifestó que esas armas --que datan del siglo XIX y principios del XX-- podían ser utilizadas por los estudiantes de la Policía para su análisis, como ya ocurrió en anteriores situaciones".
"El armero le dijo que se quedara con ellas porque venían bien en la Academia y que, en cuanto éste regresara de su baja laboral, legalizaría la situación de las armas", apuntó. Sin embargo, este trabajador municipal "se ausentó durante tres años y es en ese tiempo cuando se produjo el registro", añadió Mansilla, quien subrayó que el armero no ha declarado porque "no se ha citado ni un solo testigo de los propuestos por esta parte".
El abogado defensor aseguró que si la voluntad de su cliente "hubiera sido tener armas ilícitas en su poder no las habría depositado en un armero municipal de uso común, sino que las hubiera ocultado en su propia casa".
Sobre la carencia de guía de pertenencia y la falta de punzonado reglamentario del Banco Oficial de Pruebas español que impide la tenencia de estas armas, el abogado defensor apuntó que "dos de ellas están perfectamente regladas, lo único que es necesario es el cambio de guía" y añadió que a la tercera le faltaba el banco de pruebas, "pero el punzonado es un trámite que se hace de forma habitual hoy en día por cinco euros".
El entonces jefe de la Policía Local de Marbella, Rafael del Pozo, se encuentra suspendido de empleo y sueldo de forma indefinida. En este sentido, la defensa explicó que su cliente es el "único funcionario del Ayuntamiento y de toda España contra el cual se ha adoptado la suspensión indefinida hasta que se clarifique el caso 'Malaya', a pesar de existir otros trabajadores públicos con graves imputaciones".
"En la catalogación de los puestos de trabajo del Consistorio no figura la condición de superintendente, así que supongo que pretenden amortizar esa plaza y que Rafael del Pozo se vaya de Marbella, algo que no considero legal", añadió.
Sobre la reciente designación oficial como jefe de la Policía Local de Rafael Mora, el abogado criticó que éste sea jefe de la Policía Local y superintendente en funciones "a pesar de no haber aprobado las oposiciones". "Si finalmente es posible la reincorporación de mi cliente, se recurrirá la decisión del Ayuntamiento ante la existencia de dos superintendente en Marbella", dijo.
OTRAS DECLARACIONES INDAGATORIAS
Durante toda la mañana ratificaron sus anteriores declaraciones ante el juez Óscar Pérez otros seis imputados, según informaron fuentes de las defensas. El instructor del caso 'Malaya' también citó para declaraciones indagatorias al presunto cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca, quien se ausentó por problemas de salud.
Entre los procesados, se encuentra el tasador José Mora, nuevo procesado en el caso por supuesto delito de falsedad documental en relación a un expediente administrativo referente al convenio denominado Ave María.
En dicho acuerdo, suscrito en el año 2002 entre el Consistorio y la sociedad CCF 21, cuya titularidad corresponde a los ya procesados Andrés L. y Carlos S., se permutaron dos fincas -una calificada como urbanizable por otra rústica en suelo no urbanizable- con un perjuicio para el ayuntamiento de 1.429.126 euros conforme al Plan General de Ordenación Urbana de 1986, según se recoge en el auto de procesamiento al que tuvo acceso Europa Press.
Según figura en dicho documento, el tasador aseguró que las prestaciones de las partes coinciden porque las fincas estaban en el mismo entorno. Sin embargo, el informe pericial pone de manifiesto que los aprovechamientos se encuentran en diferentes ubicaciones, una entre la carretera N-340 y la playa y la otra, en el interior en la carretera de Ojén; "no pudiendo objetivamente tener el mismo valor".
Asimismo, se encuentra imputado en la pieza sobre el convenio denominado Ave María el ex edil del Ayuntamiento de Marbella ya procesado con anterioridad, Rafael González, por un presunto delito de fraude, ya que en su condición de concejal era integrante de la Comisión de Gobierno que ratificó dicho convenio.
También ratificaron sus declaraciones cuatro nuevos procesados, como son Osvaldo G. y Jesús B. por tráfico de influencias; Celso D. y Hildegart F., supuesta por colaboración blanqueo. Según señala el magistrado Óscar Pérez en el auto, Jesús B. y Osvaldo G. fueron socios de Roca en una empresa, adquiriendo un porcentaje, mientras que Roca tenía otro.
Sin embargo, ambos se ratificaron hoy en sus declaraciones anteriores, en las que alegaron desconocer que Roca pudiera ser socio de ellos. De hecho, declararon que solo conocían al ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella a través de los medios de comunicación.
También habrían corroborado sus declaraciones Celso D. y Hildegart F., el primero procesado por supuesta colaboración al blanqueo de capitales desde su puesto como administrador único de una sociedad, y el segundo por supuesta colaboración al blanqueo "con su actuación en una sociedad que pretendía ocultar y transformar" el flujo ilícito de dinero.
