Las declaraciones indagatorias por el caso 'Malaya' continuarán el próximo 30 de marzo con Juan Antonio Roca
MARBELLA (MÁLAGA), 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
El ex teniente de alcalde de Marbella (Málaga) y mano derecha de Jesús Gil, Pedro Román, negó hoy los delitos fiscales por los que se le procesa en relación a una pieza separada denominada 'operación Crucero Banús' que, tras el último auto de procesamiento del caso 'Malaya', contra la corrupción municipal, se han unido a la causa principal.
Según informaron fuentes de otras defensas, Román ratificó sus declaraciones anteriores ante el juez instructor del caso, Óscar Pérez, así como el ex policía Florencio San Agapito y el abogado Juan Hoffmann, quienes también negaron su implicación en un delito fiscal.
Junto al presunto cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca, los tres formaban parte la sociedad de nacionalidad suiza, Lispag A.G., participada en un 62,5 por ciento por Román, en un 15 por ciento por Roca, la misma cuantía por San Agapito y un 7,5 por ciento por Hoffmann, según se desprende de la instrucción.
El ex teniente de alcalde de Marbella acudió a las 11.00 horas al Juzgado de Instrucción número 5 marbellí y permaneció en las dependencias judiciales hasta las 11.25 horas, tras ser citado por el instructor del caso para la declaración indagatoria en relación a supuestos delitos fiscales.
Según el informe de la Agencia Tributaria en la que se basa el auto de procesamiento, al que tuvo acceso Europa Press, Román habría podido defraudar casi seis millones de euros a la Hacienda Pública al no declarar el incremento de patrimonio que tanto él como los otros tres participantes de dicha empresa habrían conseguido a través de varias operaciones entre 2001 y 2005.
Fue en 2001 cuando Román dejó supuestamente de ingresar 1.589.863 euros en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en relación a la sociedad creada en Suiza Lispag A.G. Sin embargo, fuentes de las defensas aseguraron no se produjo reparto de bienes por esta operación.
En 2002, la empresa vendió el 90 por ciento de las participaciones que tenían en la sociedad Yambali 2000, lo que supuso un beneficio para Román de 4.040.847 euros por los que tampoco pagó IRPF, según el informe, en el que se dice que Román dejó de ingresar 1.939.261 euros a Hacienda por esta operación; Roca unos 465.000; Hoffmann 233.000 y San Agapito, más de 190.000.
Además, entre 2003 y 2005 el ex primer teniente de alcalde podría haber llevado a cabo varias liquidaciones tributarias por valor de 2,4 millones referentes a otras sociedades.
En cuanto al caso concreto del abogado Juan Hoffmann, que participaba en un 7,5 por ciento en la sociedad creada en Suiza Lispag A.G, se encuentra al límite del delito fiscal por poseer el porcentaje más bajo, según explicaron fuentes de la defensa, quienes aseguraron la existencia de dos interpretaciones jurídicas, la que realiza la Agencia Tributaria y la presentada por la defensa.
Las diferencias entre ambas radica en el tipo impositivo que se aplica, ya que si se analiza desde el 18 por ciento que solicita la defensa no existiría tal delito fiscal, explicaron las citadas fuentes.
Por su parte, el magistrado Óscar Pérez indicó en el auto de procesamiento que "bajo el paraguas societario de Lispag A.G. se encuentran los cuatro procesados, existiendo claros indicios de que la sociedad suiza fue utilizada con el único propósito, por un lado, de ocultar la identidad de las personas intervinientes --todos con nacionalidad y residentes en España, que adquirieron un terreno en España, convenían con un Ayuntamiento español y lo venden a una sociedad española obteniendo pingües beneficios--, y, por otro, de eludir el pago de tributos en España --tampoco consta que lo hicieran en Suiza--".
NEGACIÓN DE REUNIONES CON ROCA
Al Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella también acudieron hoy a prestar declaraciones indagatorias los empresarios ya procesados Carlos Sánchez y Andrés Liétor, a los que se les suma un delito de fraude en relación a una operación urbanística en la parcela denominada 'Ave María'.
Los empresarios, que según el juez son titulares de la sociedad CCF 21, reiteraron su negativa de haber mantenido una reunión con Roca en torno a este asunto, según fuentes de otras defensas. Ambos se ratificaron ante el juez en sus anteriores declaraciones, en la que reconocieron el convenio suscrito con el Consistorio marbellí, pero negaron la negociación de la permuta de dos fincas, operación que supuso un perjuicio a las arcas municipales de más de 1,4 millones de euros, según se describe el auto de procesamiento.
Asimismo, acudió hoy para prestar declaraciones indagatorias por presunto delito de blanqueo de capitales José María M., cocinero de profesión y supuesto testaferro de Roca en la gestión del hotel La Malvasía de El Rocío (Huelva).
Las declaraciones indagatorias continuarán el próximo 30 de marzo con Juan Antonio Roca, tras un aplazamiento producido el pasado martes cuando el supuesto celebro de la trama no pudo acudir al Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella debido a problemas de salud, según fuentes de las defensas.
