MÁLAGA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Sección Primera de la Audiencia de Málaga ha aplazado hasta noviembre el final del juicio a cinco policías locales del municipio malagueño de Mijas acusados de aprovechar su condición para traficar con drogas, para localizar las grabaciones de las escuchas telefónicas con el fin de que puedan ser reproducidas en la vista oral, según han informado fuentes judiciales.
La Audiencia comenzó el pasado lunes un nuevo juicio a estos cinco hombres y un sexto acusado después de que el Tribunal Supremo revocara la primera sentencia en la que se absolvió a los procesados y ordenaba repetir la vista oral desde el momento de las cuestiones previas para incorporar la documental propuesta por el fiscal relacionada con las intervenciones, que no había sido aceptada.
Las fuentes han señalado a Europa Press que al mismo tiempo que se localizan las grabaciones, se ha solicitado a la Guardia Civil una copia de las mismas por si fuera necesario. Así, se ha previsto retomar el juicio los días 19 y 20 de noviembre para el cotejo, en caso de ser preciso, y para la audición de determinadas escuchas; así como para las conclusiones y los informes finales de las partes.
El fiscal y el Ayuntamiento de Mijas, como acusación particular, acusan a los seis hombres por un delito contra la salud pública y piden penas que van de los seis años y nueve meses a los cuatro años de prisión, al entender que los agentes se aprovecharon de su cargo para aparecer en desembarcos de droga y "apropiarse y lucrarse" con su venta.
Según el escrito presentado en su día por la Fiscalía, al que tuvo acceso Europa Press, los procesados utilizaban la información recibida "en su función de reprimir la delincuencia" y, supuestamente, se presentaban de forma sorpresiva en operaciones de desembarco de droga, provocando la huida de los traficantes, que abandonaban el alijo.
El fiscal señala que hubo varias operaciones que no se pueden acreditar. Sí relata una ocurrida en noviembre de 2009, para la que los acusados se reúnen con el fin de repartirse las vigilancias de las zonas y los recorridos. En este caso, las acusaciones señalan que se hicieron con más de 160 kilos de hachís en un descampado, que cargaron en el vehículo oficial y ocultaron en el domicilio del acusado que no es policía.
Las defensas de los acusados han cuestionado desde el inicio la instrucción de este caso y han presentado en las cuestiones previas una batería de nulidades, relativas fundamentalmente a las escuchas realizadas en otro procedimiento, del que parte éste, al considerar que se vulneraron derechos fundamentales y que la investigación fue "prospectiva" y "caduca".
