La Audiencia Provincial dicta 48 sentencias en 2010 relacionadas con el medio ambiente

EUROPA PRESS

Los juzgados onubenses han dictado durante 2010 un total de 48 sentencias, tanto en primera como en segunda instancia, concretamente dos en asuntos de contaminación acústica, siete en temas de fauna-caza-cebos envenenados, 17 en incendios forestales, 20 en ordenación del territorio y dos en patrimonio histórico, de las que 15 han sido absolutorias y 33 condenatorias.

En la memoria de la sección de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de la Fiscalía provincial de Huelva, a la que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal coordinador y delegado de jefatura de la especialidad, Alfredo Flores Prada, y el abogado-fiscal Pedro Díaz Torrejón, coinciden en que los problemas encontrados en 2010 continúan siendo la complejidad de la materia y la necesidad de constituir una auténtica sección dentro de la Fiscalía, con apoyo de personal auxiliar y de un programa informático que permita un mayor control de los asuntos pendientes y el suministro de datos estadísticos de mayor fiabilidad, así como de peritos especialistas en las distintas materias, ya que la consolidación y la estabilidad del servicio "permite agilizar la tramitación de las causas penales y poder abordar asuntos muy demandados por colectivos de ecologistas y ciudadanos particulares".

Como asuntos especialmente preocupantes, la Fiscalía destaca los cambios de uso y extracciones ilegales de agua en las zonas próximas a Doñana; las construcciones ilegales, no sólo en parajes protegidos sino en general en suelos no urbanizables de todas las localidades; los casos de contaminación acústica con afectación de la salud de los ciudadanos en forma de delitos de lesiones y ataques graves a su intimidad domiciliaria y todo lo relacionado con balsas-depósitos de antiguos residuos mineros, vertidos de aguas residuales sin depurar y vertederos y sus efectos sobre las aguas y la atmósfera.

Del mismo modo, desde la Fiscalía insisten en que la caza furtiva sigue siendo el mayor problema en la provincia onubense y su mayor incidencia se sigue repartiendo entre la zona de Doñana y la del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, estableciéndose un año más, en la época de la berrea un dispositivo especial del Seprona que supuso la detención de imputación de varios furtivos.

Por otra parte, en cuanto a diligencias informativas y denuncias directas se han obtenido un total de 19 asuntos que son diez menos del total obtenidas de 2009. No obstante, desde la Fiscalía advierten que es pronto para valorar si esta disminución marca una tendencia y cuáles puedan ser sus causas, si bien manifiestan que las condenas de los últimos años "están teniendo un importante efecto preventivo general" en toda la provincia.

A su vez la Fiscalía ha destacado que en 2010 no ha ingresado en prisión ninguna persona, como penada o preventiva, en delitos de la especialidad, un periodo en el que se han formulado 60 escritos de acusación.

FALTA DE PERSONAL

No obstante, han incidido en que "no deja de parecer problemático" el hecho de que el área de Medio Ambiente de la Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía "cuente con sólo cinco miembros de una plantilla total de cuarenta, lo que lógicamente y pese a la profesionalidad y empeño de sus integrantes y de su jefe, limita su capacidad de actuación, teniendo además muy en cuenta que al asumir competencias en Pesca, han dedicado muchas jornadas a la lucha contra el marisqueo ilegal".

Igualmente, han destacado por parte del Seprona la investigación a requerimiento de esta Fiscalía de construcciones ilegales en la zona de El Condado y de una balsa de riego de grandes dimensiones en Almonte. En esta materia, desde la Fiscalía se continúa fomentando la intervención de las policías locales, a la par que han destacado la profesionalidad de los agentes de Medio Ambiente, cuyas declaraciones como testigos-peritos en los juicios han permitido la mayoría de las condenas.

A su vez, ambos fiscales han incidido en que continua vigente "la problemática histórica en cuanto a la precariedad de los medios informáticos y de personal auxiliar". Por ello, han insistido, "sin que ello se considere una 'cláusula de estilo' en nuestras memorias, en la prioridad de que la sección de Medio Ambiente se asemeje a las de Menores y Violencia de Género, en el sentido de contar con un espacio físico propio y personal auxiliar adscrito, ya que es la única manera de cumplir de forma eficaz con las funciones encomendadas".

Por otro lado, han asegurado que persiste, y "causa rubor" tener que insistir en ello, "la imperiosa necesidad de la creación de puestos de peritos en todas las materias propias de la especialidad, ya que se hace imprescindible el que fiscales y tribunales puedan contar de forma sencilla y efectiva con tales peritos imparciales y expertos".

En este sentido, han señalado que la creación de estos puestos es "la única forma de evitar enormes retrasos en la tramitación de algunas causas en las que es enormemente complicado para los juzgados".

Por último, han precisado que se trata de un escenario en el que la obtención de sentencias condenatorias en número razonable para la problemática de la provincia supone "un primer paso y un avance importante, vista la situación anterior al año 2005, pero que no puede dejarnos satisfechos, mientras no seamos capaces de ejecutarlas en condiciones tales que supongan una clara eficacia del Derecho Penal ante la delincuencia medioambiental", a la par que han matizado que una sentencia condenatoria "es el fruto de lo que hemos sembrado, pero si dicho fruto, por no ejecutarla de forma eficaz y en plazo razonable, se nos pudre, poco habremos logrado".