Junta subraya que la etapa juzgada en la Dirección General de Trabajo se caracterizó por contrataciones al margen de la ley y sin documentación
SEVILLA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los abogados de los cinco ex altos cargos de la Junta que son juzgados desde este martes en la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla por los pagos realizados entre 2003 y 2010 por la Consejería de Empleo a Umax Informática y Consultoría por la contratación de 44 trabajadores que "pertenecían al círculo de amigos y familiares" del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, uno de los encausados, han alegado indefensión por la vulneración de derechos fundamentales y por la inconcreción de los hechos por los que se les acusan por parte del Ministerio Público y la Fiscalía.
Así lo han señalado las defensas en la primera sesión del juicio en el que se han expuesto las cuestiones previas por las partes personadas. En este procedimiento se juzga a tres ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera y dos ex secretarios generales técnicos de la Consejería Lourdes Medina y Javier Aguado. Además, también se sienta en el banquillo de los acusados Ulpiano Cuadrado, dueño de Umax.
Cabe recordar que Guerrero, Márquez, Aguado y Medina han sido juzgados recientemente en la Audiencia por la pieza de los ERE por el procedimiento específico, cuyo juicio quedó visto para sentencia antes de Navidad.
La juez de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, dictó auto de apertura de juicio oral e impuso una fianza de 2.556.036,20 euros a los seis acusados, abriendo juicio oral contra todos ellos por presuntos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsificación de documento mercantil.
La Fiscalía solicita diez años de cárcel y 32 años de inhabilitación para los cinco ex altos cargos de la Junta, mientras que para Cuadrado solicita ocho años y medio de prisión. Asimismo, la Fiscalía reclama que los seis acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la Junta con 2.556.036,2 euros por las cantidades "indebidamente" percibidas en el periodo investigado, cantidad de la que responderá subsidiariamente Umax, así como que se declare la nulidad de los contratos realizados por Umax con la Dirección General de Trabajo desde 2007 hasta 2010.
Cabe recordar que la Junta pide por los tres delitos antes citados once años de cárcel y 30 de inhabilitación para Guerrero; siete años de prisión y 23 de inhabilitación para Márquez, y 16 años de cárcel para el administrador único de Umax, mientras que no ha acusado a los otros tres ex altos cargos. Además, a Ulpiano lo acusa de un delito contra la Hacienda Pública en la modalidad de fraude en subvenciones.
"POR EJERCER UN CARGO NO SE PUEDE JUZGAR A UNA PERSONA"
En la sesión de este martes, la abogada Inmaculada Torres, que ejerce la defensa de Juan Márquez, ha señalado en el trámite de cuestiones previas la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de su defendido, que ha causado indefensión al ex director general de Trabajo, que ha sido sometido a un procedimiento basado en "una investigación prospectiva" y en el que no hay indicios contra él más que una documental aportada por la Junta, añadiendo que la documentación aportada por esta acusación no está completa ni ha podido acceder a los originales de estos expedientes de contratación.
Contra Juan Márquez "no hay un dato objetivo" para su imputación salvo que ocupó la Dirección General de Trabajo. "Por ejercer un cargo no se puede acusar a una persona que no ha firmado contrato o pago alguno para que se le juzgue por delitos y con penas tan graves".
Sobre la indefensión causada por la documentación no completa o errónea aportada a la causa, la abogada de la Junta ha respondido a la defensa de Márquez que "el problema de esta causa y otras análogas" con estos acusados que es durante sus mandatos en la Dirección General de Trabajo "no se ha documentado la actividad administrativa y se hicieron contrataciones verbalmente y al margen de la legalidad".
Existe "dificultad" para aportar documentación que está "desperdigada, inconexa o es inexistente". "Por ese actuar administrativo es por lo que se han producido estos hechos", según la acusación de la Junta. En esta línea ha respondido a la cuestión previa planteada por el abogado de Ulpiano Cuadrado ante la falta de facturas.
Esta defensa, de otro lado, ha solicitado llamar como testigos a trabajadores supuestamente contratados por ser amigos de Guerrero, aunque la Fiscalía haya renunciado a ellos. Además, ha pedido citar para testificar a
Juan Manuel Fuentes Doblado, ex director general de Formación para el Empleo;
Manuel Brenes Rivas, ex director general de Empleabilidad y Formación Profesional; y Andrés Sánchez Hernández, ex director general de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo, que "firmaron contratos con Umax y deberían estar aquí".
A juicio del Ministerio Público, todos los acusados "se pusieron de acuerdo con el fin de facilitar la contratación" de Umax, "a sabiendas de que dicha entidad no cumplía con los requisitos que la legislación administrativa requería para la realización de dicha contratación, creando a partir del año 2003 una estructura administrativa de personal al margen de las previsiones contenidas en la relación de puestos de trabajo vigente en la Dirección General de Trabajo y en las delegaciones provinciales mediante la contratación de personas que no cumplían con los requisitos para ello".
ACUSACIÓN "SORPRESIVA"
Los abogados de Medina y Aguado, Adolfo Cuéllar y Manuel Salinero, respectivamente, han expuesto que se han vulnerado derechos fundamentales de sus clientes como el derecho a la tutela judicial efectiva, por la falta de concreción en los hechos que sustentan la acusación de la Fiscalía, apuntando que la jurisprudencia exige que la acusación sea "clara y precisa" respecto a los hechos y a los delitos, en este ocasión, prevaricación, malversación y falsedad en documento mercantil.
Acusación esta última que ha calificado de sorpresiva. "Ni en instrucción ni en el auto de procedimiento abreviado se dice que delito de falsedad documental ha cometido Aguado", ha afirmado Cuéllar. "Jamás nadie le dijo nada sobre falsedad a Lourdes Medina", ha añadido Salinero al respecto.
Por su parte, Salinero, además de pedir documentación complementaria, ha recordado que aún hay pendientes de resolución recursos de apelación al auto de procedimiento abreviado de febrero de 2016, lo que causa indefensión. Sobre el escrito de la Fiscalía, ha señalado que es un "tótum revolútum" porque no determina los hechos concretos por los que acusa a Lourdes Medina.
En este punto, la Fiscalía ha señalado que su escrito es "genérico" para las defensas precisamente "por la falta de colaboración de los acusados al no declarar" y que será durante la vista oral y la práctica de la prueba cuando se concreten hechos y las responsabilidades civiles.
El resto de defensas se han adherido a las cuestiones previas planteadas por sus compañeros, insistiendo la abogada de Juan Márquez que la Junta tiene que aportar toda la documentación y no "seleccionada", precisando que en esta causa ha aportado documentación de la vinculación de los contratos con Umax con el programa presupuestario 31L (con el que se pagaban las ayudas de los ERE) para señalar que eran contratos ilegales y constituye malversación, cuando en la pieza política de los ERE retiró su acusación por este delito.
De otro lado, las defensas han coincidido en apuntar la falta de concreción en las responsabilidades civiles que piden las acusaciones para los encausados.
El juicio continúa este jueves, 10 de enero, con el inicio de los interrogatorios a los acusados, comenzando por el empresario.
