Señala que "fundar una recusación en la pertenencia al PSOE y a los gobiernos de la Junta en el período de la causa de los ERE carece del más mínimo sustento jurídico"
SEVILLA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -
La magistrada de la Audiencia Provincial de Sevilla Mercedes Alaya ha rechazado, como ya hiciera la Fiscalía, la recusación planteada por el exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa Francisco Vallejo contra la jueza de la Sección Séptima encargada de juzgar a este ex alto cargo de la Junta y a otros cinco acusados como presuntos autores de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por el préstamo participativo de 1,1 millones de euros concedido por la empresa pública Invercaria en el año 2008 a la empresa Servivation S.A., una pieza separada dentro de la causa que investiga las presuntas irregularidades de esta sociedad de capital riesgo pública.
Alaya ha sido designada como ponente del tribunal que juzgará esta causa, lo que supondrá ser la responsable de redactar la sentencia, junto a los otros dos magistrados que compondrán la Sala, los magistrados Javier González y Juan Romeo. En este sentido, la recusación de Vallejo, según fuentes del caso han indicado a Europa Press, pretende apartar a la magistrada de la Sala que enjuiciará al exconsejero y los otros cinco acusados en esta pieza separada de Invercaria.
Precisamente, la juez fue la instructora del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, en cuya pieza separada por el procedimiento específico está siendo juzgado Vallejo en la Sección Primera de la Audiencia Provincial.
En su recusación, Vallejo considera que las manifestaciones de Alaya en una entrevista y en un foro informativo suponen una causa de recusación legal por "tener interés directo o indirecto en el pleito o causa", y recuerda la doctrina del Supremo, según la cual, "la imparcialidad de un juez no sólo debe ser real sino que alcanza a su propia apariencia, siendo ésta una convicción absolutamente necesaria en una sociedad que descansa por su naturaleza, en el libre y racional consentimiento que otorgan los ciudadanos a los poderes públicos".
Esta pieza separada de Invercaria, en la que Vallejo, defendido por los letrados de la Junta de Andalucía, está acusado, aún no tiene fecha de inicio de juicio, pues como otras macrocausas está a la espera de la conclusión del juicio por la pieza política de los ERE.
En su informe sobre el incidente de recusación formulado por Vallejo, y al que ha tenido acceso Europa Press, Mercedes Alaya concluye que las razones por las que justifica la parte recusante su "supuesto interés en la causa" son "absolutamente ajenas al objeto del proceso y a las partes del mismo, pues ninguna mención se ha realizado por mi parte sobre la causa ni sobre las partes acusadas en la misma, con lo cual mi posición ante el proceso es absolutamente neutral, por lo que rechazo el motivo de recusación".
Abordando sus manifestaciones en una entrevista y en un foro informativo en Madrid, la magistrada indica que algunas de las expresiones puestas en su boca son "titulares periodísticos" como por ejemplo: "El PSOE y el PP me quitaron para que no investigara los cursos de formación", que, según precisa, "nunca fue una expresión pronunciada por mi, siendo perfectamente comprobable con la lectura periodística".
INJERENCIAS DEL PODER POLÍTICO
Para Alaya, lo único que reflejan sus manifestaciones son las "interferencias" que ha recibido en su "independencia judicial" cuando instruyó determinados procedimientos de especial complejidad por delitos contra la Administración y delitos societarios durante su estancia como titular y en prórroga de jurisdicción del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.
Según Alaya, "interferencias o presiones que procedían de diferentes estamentos, entre ellos de miembros indistintos del PSOE, porque obviamente era el partido afectado por muchas de estas investigaciones, resultándome indiferente el color político de las personas que realizaran dichas interferencias si no que éstas existieran".
Igualmente, con sus palabras evidenciaba "la instrumentalización de la justicia por parte del poder político en la instrucción o la injerencia del poder político en la investigación de aquellas causas, la cual provenía de las partes acusadoras, tanto del Ministerio Fiscal, por no ser un órgano del poder judicial independiente, como del PP".
Además, añade que estas injerencias se produjo en la resolución de la comisión de servicio que solicitó para acabar la instrucción de dichos procedimientos cuando ascendió a la Audiencia Provincial, pues el resultado fue que "los vocales del CGPJ votaron por unanimidad denegar dicha comisión".
"NO SIENTO ANIMADVERSIÓN HACIA EL PSOE"
Alaya, en su informe, expresa que "en modo alguno siento la menor animadversión hacia el PSOE", pues sus críticas van tanto a dicha formación como al PP, "que se trate de un partido político u otro me resulta indiferente, lo que considero que es inadmisible son los ataques a la independencia judicial y la injerencia del poder político".
Efectuadas las justificaciones de las citas periodísticas en que las que se basa la recusación, Alaya se pregunta "¿qué relación tienen las mismas para justificar un interés directo o indirecto en la resolución del pleito en contra de Vallejo?".
"Ninguna", ha respondido, explicando que "ninguna mención del mismo realicé, ni en mi entrevista periodística, ni en mi intervención pública en Madrid, ni tengo la menor sensación o sentimiento de índole subjetivo, negativo o positivo, hacia dicha persona".
"Tratar de fundar una recusación por el hecho de que pertenezca al PSOE y haya pertenecido a los gobiernos en el período de enjuiciamiento de la causa de los ERE carece del más mínimo sustento jurídico, pues a la misma conclusión podría llegarse si Vallejo perteneciera al PP", expone.
Otra causa invocada en la recusación es que por haber instruido una causa que afecta a los gobiernos de los presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, Alaya no puede pertenecer al órgano de enjuiciamiento para juzgar por causa diferente a cualquier persona que haya formado parte de los mencionados gobiernos.
Para Alaya es "altamente llamativo" que al albur de sus manifestaciones sobre "el clientelismo político" en el caso de los ERE y en el de los Cursos de Formación, causas que pertenecen a su época de instructora, sea el propio recusante el que afirme que ahora "va a tener que ser enjuiciado por mí por 'hechos que entroncarían directamente con la figura del clientelismo político'".
"Dicha afirmación realizada por el propio recusante solamente me causan sorpresa y no merecen por mi parte mayor comentario pues preveo un ligero interés en contaminar mi imparcialidad, pues de la causa de Invercaria de la que he sido nombrada magistrada-ponente para su enjuiciamiento, sólo conozco a día de hoy que hay recursos interlocutorios pendientes de resolución por los cuales no se ha podido realizar el señalamiento del juicio todavía".
"Trasladar como muestra de falta de imparcialidad por mi parte en esta causa mi opinión de que los delitos por prevaricación deberían ser castigados con pena de prisión o que los macro procesos por corrupción de las Comunidades Autónomas deberían ser instruidos por juzgados especializados ubicados en la sede de cada Comunidad, carece del más mínimo rigor jurídico", recoge la magistrada en su informe.
