Fiscalía ve necesaria una "despenalización" de la llamada 'justicia de proximidad' por la carga de trabajo de los juicios de faltas
GRANADA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
Andalucía superó el pasado año por segunda vez el millón de diligencias previas, en concreto se incoaron 1.039.276, 14.899 más que en 2008, lo que supuso un "ligero incremento" del 1,43 por ciento. Las provincias de Almería, Granada y Huelva experimentaron un aumento mayor, según se desprende de la Memoria Anual de la Fiscalía Superior de Andalucía, que presentó hoy en Granada el fiscal superior, Jesús García Calderón.
Málaga encabeza, sin embargo, el número de incoaciones en 2009, con 276.367, seguida de la provincia de Sevilla, con 236.494, si bien, con respecto al año anterior, bajaron en estas cifras, con 6.785 y 6.999 menos que en 2008, respectivamente. Le siguen en cuantía Granada, con 139.068 diligencias previas (11.338 más que en 2008); Cádiz, con 105.586 (304 más que en el año anterior); Almería, con 104. 632 (15.256 más que en 2008); Córdoba, con 92.165 (445 más); Jaén, con 43.450 (682 menos que en el año anterior); y Huelva, con 41.374(con 1.891 más que en 2008).
No obstante, la Fiscalía Superior considera que este "abultado" volumen de asuntos no establece un volumen real de la evolución de la criminalidad, pero sí es indicativo del "volumen de papel" que mueven los juzgados de Andalucía, y establece una especie de 'litigiosidad penal potencial' que demuestra la carga de trabajo que soportan los órganos jurisdiccionales. La llamada 'litigiosidad penal real' la establecen el número de procedimientos abreviados incoados que desembocan en juicio oral, que en 2009 alcanzaron la cifra de 40.000, con un incremento de 1.756 supuestos con respecto al 2008, cuando el aumento de éstos se fijó en 8.473 casos.
La subida de 2009, que es mucho menor que la del año anterior, puede deberse, en opinión del fiscal superior, a la "efectividad" de la puesta en marcha de la nueva Ley de Seguridad Vial que, si bien en un primer momento, por la creación de nuevos delitos, provocó incrementos espectaculares en este tipo de delincuencia, su "permanencia" ha permitido una "atenuación" de las conductas delictivas relacionadas con el tráfico.
De hecho, la nueva reforma llevada a cabo recientemente en la norma podría seguir provocando un descenso en este ámbito. Por otro lado, el número de sumarios, que llegó a los 716, bajó de una manera apreciable el pasado año (51 menos), mientras que los procedimientos ante el tribunal del jurado se mantienen en una cifra muy similar a las de años anteriores (96).
García Calderón hizo especial hincapié en el elevado número de juicios de faltas registrado en la Comunidad Autonóma, alcanzando el pasado año los 191.923, lo que supone unos 525 señalamientos diarios. La cifra es indicativa de la "pesada" carga de trabajo que soportan los fiscales y los órganos jurisdiccionales de investigación Andalucía y lleva a la Fiscalía Superior a proponer que se abra una "serena reflexión" sobre esta 'justicia de proximidad' que, por su escasa entidad, podría "despenalizarse" y tratarse en otros ámbitos como el administrativo.
El número de escritos de acusación presentados en las fiscalías andaluzas descendió de manera considerable hasta los 57.666 contabilizados en 2009 (4.591 menos) y, por otra parte, los juicios rápidos siguieron siendo el pasado año muy numerosos (45.834. 1.817 menos que en 2008). Estas fórmulas son "enormemente efectivas" a juicio de García Calderón, pero tienen un "lado oscuro" relacionado con la dificultad en la ejecución de las sentencias.
En este aspecto, la Fiscalía Superior, como ya hiciera en 2008, alerta de que este problema es "quizá el más importante" en la justicia actual, y "exige todo un serio replanteamiento de la oficina judicial y fiscal, de los sistemas recíprocos de control, de la especialización de la plantilla auxiliar y del uso extensivo de las nuevas tecnologías para el almacenamiento y el tratamiento de la información procesal". La situación se mantiene en los mismos términos e incluso puede ser más grave, se advierte en la Memoria, teniendo en cuenta el dictado de sentencias condenatorias de compleja ejecución en asuntos generalmente vinculados con el principio de especialización funcional del Ministerio Fiscal, como por ejemplo en los delitos contra la ordenación del territorio.
