SEVILLA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento debatirá y someterá a votación este viernes tanto el informe que aprobó el martes 27 de febrero el grupo de trabajo sobre financiación autonómica como los votos particulares que se han presentado.
La reunión de la comisión se producirá a las 11,00 horas y, con toda probabilidad, emitirá el dictamen relativo a la financiación autonómica que podría, con posterioridad, someterse al Pleno del Parlamento.
Como se recordará, el grupo de trabajo aprobó el pasado 27 de febrero, con los votos de PSOE-A, PP-A, Podemos e IULV-CA el informe sobre financiación autonómica, que contó con el voto en contra de Ciudadanos (Cs).
El pasado lunes terminó el plazo para la presentación de los votos particulares al citado informe: PP-A ha presentado 23, IULV-CA, dos y Ciudadanos uno. El PSOE-A ha anunciado que no apoyará ninguno de esos votos particulares al entender que, en modo alguno, ayudan a la defensa del interés general de Andalucía, mientras que ha hecho un llamamiento a Cs, su socio de investidura, para que rectifique en su posición y apoye el dictamen que se emitirá este viernes.
No obstante, el presidente y portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento, Juan Marín, ha manifestado este jueves que su grupo no apoyará el dictamen sobre financiación autonómica, apuntando que
"parece que a otras fuerzas les preocupa más la foto que realmente defender el interés de los andaluces". Ha asegurado que Cs va a seguir defendiendo su posicionamiento "independientemente de que pueda quedarse solo en la foto", algo que no les preocupa "siempre que defendamos los intereses de los andaluces".
CONTENIDO DEL INFORME
Entre otras cuestiones, el documento aprobado en el grupo de trabajo considera "adecuado un mecanismo de reestructuración de la deuda autonómica en manos del Estado, tomando como criterio la insuficiencia financiera sufrida por aquellas comunidades cuyos recursos del sistema actual se situasen por debajo de la media", aunque dejan claro que esta fórmula nunca puede "sustituir el necesario refuerzo de los recursos ordinarios del sistema".
Así figura en el texto acordado por estas tres formaciones, que también propone "redefinir las variables y ponderaciones que determinan la población ajustada" sobre la que se basa el modelo de financiación, incorporando un concepto de población ajustada que amplíe el tramo desde los 16 años actuales a los 18 e incorpore nuevas variables como el número de universitarios matriculados en centros públicos, incluidos los de posgrado; la tasa de paro; la población en riesgo de pobreza y exclusión social y el número de atendidos por el sistema de atención a la dependencia.
En este sentido, defienden una "nivelación total" del sistema mediante la inclusión de todos los servicios públicos derivados de competencias autonómicas homogéneas, de forma que se cumpla "un criterio de equidad tan razonable como justo: igual financiación por habitante (ajustado) para cualquier ciudadano español, con independencia de su lugar de residencia y dado un mismo esfuerzo fiscal".
En el plano fiscal, se propone mantener la cesión del 50 por ciento del IRPF y elevar los porcentajes de cesión del IVA y el de los Impuestos Especiales al 70 por ciento para cubrir la suficiencia financiera en servicios públicos fundamentales "dejando abierta la posibilidad de que la Administración General del Estado complemente recursos a través de una transferencia vertical".
De acuerdo con esta propuesta, el resto de servicios se financiarían con un nuevo fondo que se repartiría entre las comunidades según la población de derecho y que estaría dotado con la recaudación normativa de tributos cedidos tradicionales y una aportación estatal procedente de los recursos actualmente dedicados al Fondo de Suficiencia Global, Fondo de Competitividad y Fondo de Cooperación, que desaparecen.
Junto a ello, el documento acordado defienden la armonización fiscal en los tributos cedidos tradicionales "fijando patrones mínimos de regulación a nivel nacional que eliminen la posibilidad de generar agravios comparativos entre comunidades y estrategias de dumping fiscal".
En la misma línea, también defienden la "eliminación del status quo" del actual modelo de financiación autonómica, al tiempo que reclaman una "mayor transparencia en el cálculo del cupo vasco y la aportación navarra sobre la base de una mayor coordinación entre el régimen común y el foral".
