SEVILLA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Coordinadora Andaluza de ONG de desarrollo (ONGD) se unen a la conmemoración este miércoles por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre) y ha manifestado este martes que el confinamiento domiciliario durante la pandemia "ha aumentando la violencia contras las mujeres y las niñas", especialmente la violencia dentro del hogar en todo el mundo, y que el Covid-19 es "una pandemia que prioriza lo urgente sobre lo importante, lo que está visibilizando que proteger la vida de las mujeres nunca ha sido una prioridad para este sistema-mundo que habitamos".
De esta forma lo expresa la entidad en un comunicado, en el que censura que el impacto económico "ha afectado de manera específica a las mujeres, que son quienes desempeñan en mayor proporción puestos laborales peor pagados, más precarizados, de carácter temporal, informal y de jornadas parciales, con muy poca o ninguna protección social", lo que las aboca a contar con menos protección en tiempos de recesión económica.
A su juicio, en Andalucía esta situación es especialmente compleja para las familias monomarentales, que estima que están lideradas en un 82% por mujeres.
Además, expone que esta pandemia recuerda la "contribución inconmensurable" de las mujeres a la protección y cuidado de la vida, puesto que el cierre de colegios, el incremento del teletrabajo, el "colapso" de los centros sanitarios y el distanciamiento social han intensificado la carga laboral doméstica y de cuidados no remunerada realizada por las mujeres.
De hecho, la Coordinadora señala que en este sector del hogar y los cuidados existen más de 8,5 millones de trabajadoras migradas que están perdiendo sus trabajos, reduciendo sus ingresos y, en muchos casos, las remesas enviadas a sus familias. "A nivel mundial las mujeres representan el 70% del personal de asistencia sanitaria y social; solo en España, el 75% de las mujeres que desempeñan su trabajo en el sector sanitario y asistencial se han infectado de Covid-19", añade.
En este contexto, censura "la ausencia de voluntad política" para avanzar en los acuerdos de la Plataforma de Acción de Pekín apoyados por el compromiso de 189 gobiernos y donde se establecieron las medidas para eliminar las barreras sistemáticas de la violencia que sufren las mujeres, puesto que aporta cifras de que 25 años después 243 millones de mujeres y niñas han sufrido violencia física o sexual de manos de sus parejas en los últimos doce meses.
También subraya que en 2017 en el mundo fueron asesinadas 87.000 mujeres y que en España son más de 1.Z000 las que se registran desde 2003, "una cifra sesgada, pues solo se registra como violencia de género aquella ejercida a manos de la pareja o expareja".
VÍCTIMAS DE LA TRATA
La Coordinadora ahonda en que las víctimas de trata son en su mayoría mujeres (49%) y niñas (21%), y cerca del 80% son víctimas de trata con fines de explotación sexual y que, de hecho, "España es uno de los principales países de destino y tránsito de víctimas de trata en Europa".
También critica "el retroceso en las políticas de derechos sexuales y reproductivos a nivel mundial con la firma de 31 países de la 'Declaración del Consenso de Ginebra', rechazando el aborto como un derecho humano, y la nueva legislación en Polonia donde la malformación del feto se rechaza como causal para acceder a un aborto legal", unos hechos que "niegan la soberanía de las mujeres sobre sus propios cuerpos".
También critica que en España, a partir de los 16 años, "una de cada dos mujeres ha sufrido violencia a lo largo de su vida", y una de cada cinco "ha sufrido violencia en los últimos 12 meses". Además, apunta que las mujeres mayores de 65 años "ocultan la violencia vivida en bastante mayor medida que el resto de mujeres".
Por último, ahonda en que en Andalucía "se están poniendo en práctica estrategias de negación de las violencias estructurales y específicas ejercidas sobre las mujeres", y pone de ejemplo la creación del Teléfono de Violencia Intrafamiliar o la aprobación de subvenciones dirigidas a entidades con fines de asistencia o asesoramiento a la mujer embarazada y a la maternidad, "excluyendo así a las entidades que trabajan desde el derecho a decidir de las mujeres y que se encuentran amparadas en la Ley Orgánica de 2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo". "Este contexto muestra el uso ideológico de los presupuestos públicos en la comunidad", concluye.
