El Defensor abre una actuación de oficio sobre las tarjetas monedero para "conocer cuándo se podrán acoger las familias"

SEVILLA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una actuación de oficio "al objeto de conocer cuándo se podrán acoger las familias a la tarjeta monedero, así como las dificultades que han impedido tener la contratación prevista para dar continuidad a este recurso en enero de 2025" después de que el Gobierno de España dejara la gestión de este recurso asistencial en manos de las comunidades autónomas.

Esta gestión directa tendría que haber estado operativa en 2025, pero el Defensor reconoce en el escrito en el que informa de la actuación de oficio --consultado por Europa Press-- que "pasado un tiempo suficiente sin que este recurso se implemente, ha sido en los últimos meses [de 2025] cuando a través de distintos escritos de queja, hemos tenido conocimiento que los servicios sociales comunitarios no pueden recurrir a este recurso para paliar la carencia de bienes de primera necesidad".

Por su parte, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha recordado la licitación por 46 millones de euros de un contrato mixto para la provisión de alimentos y/o asistencia material básica a unidades familiares con personas menores a su cargo que se encuentren por debajo del umbral de pobreza severa. Esta actuación se enmarca en el Programa de Asistencia Material Básica, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y la Junta de Andalucía.

El plazo de ejecución del contrato será de 24 meses, prorrogable por otros 24 meses, lo que ampliaría el presupuesto hasta los 92 millones de euros previstos en el programa, cuya duración se extiende hasta 2029. La Junta, con esta licitación, "apuesta por un programa que cuente con la mayor capilaridad geográfica", han apuntado a Europa Press fuentes del departamento de Loles López. Para ello, y para favorecer la concurrencia de las empresas licitadoras y tratar de llegar al mayor número de municipios, se divide el contrato en ocho lotes, uno por cada ocho provincias que conforman la comunidad autónoma andaluza.

El modelo que busca implantar el Ejecutivo andaluz "reconoce también el papel fundamental de los servicios sociales comunitarios para el correcto desarrollo del programa". Las citadas fuentes han recordado que la Administración General del Estado era la encargada de licitar tarjetas o vales mediante un acuerdo marco para la selección de proveedores. "El Gobierno de España cambió el modelo que había y decidió que este programa sólo se dedicaría a atender a familias con menores a su cargo. Sólo en Andalucía, el Gobierno dejó fuera de esta ayuda a 280.000 andaluces".

El Gobierno de España --continúan desde la Consejería-- fue incapaz de poner este sistema en marcha, y solicitó a la Comisión Europea que en 2024 se ejecutara mediante una subvención directa a Cruz Roja Española, y durante sólo seis meses". El programa transitorio ha sido un "parche" para seis meses que el Gobierno de España "despachó" publicando un real decreto que otorgaba una subvención directa a Cruz Roja Española. "Un programa que si salió adelante fue con el esfuerzo de la comunidad autónoma y los servicios sociales comunitarios".

Después, "el Gobierno obligó a las comunidades en solitario a poner en marcha en 2025 el programa que el propio Gobierno fue incapaz de implantar durante 2024. Y sin posibilidad de cambiarlo, para poder dar cabida a más colectivos vulnerables además de las familias con menores a su cargo, ni de ampliar el margen de tiempo que una licitación de este calado conlleva".

Es decir, "las comunidades estamos implantando un programa decidido unilateralmente por el Gobierno de España y que ellos no fueron capaces de llevar a cabo. Andalucía atiende a las familias a través de la Renta Mínima de Inserción Social (RMISA), que sólo en 2025 lleva más de 21 millones en crédito ejecutado, de las ayudas económicas familiares con más de quince millones destinados a combatir la pobreza infantil en el presupuesto de 2025, con subvenciones dirigidas a comedores sociales que cuentan con 4,9 millones y con el desarrollo de 140 escuelas de verano dotadas con otros cinco millones en 2025, entre otras ayudas, subvenciones o programas que se llevan a cabo en Andalucía, según los números ofrecidos por la Consejería.