El Defensor del Profesor de ANPE atendió el curso pasado en Andalucía 138 casos con problemas para ejercer la docencia

JAÉN 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El último informe del Defensor del Profesor, servicio prestado por el sindicato independiente ANPE-Andalucía, para apoyar al profesorado víctima de situaciones de conflictividad, ha registrado un total de 138 actuaciones llevadas a cabo en el curso 2023-2024, la mayor parte de ellas concentradas en las etapas de secundaria (44,2%) y primaria (42,8%).

La coordinadora autonómica del Defensor del Profesor de ANPE, María del Rosario Siguero, ha indicado en rueda de prensa que el informe evidencia el aumento de los casos de conflictividad, así como el impacto que estos tienen en la salud mental del profesorado.

Respecto al año anterior, ha aumentado el porcentaje de docentes atendidos por el servicio. De las personas atendidas casi el 80% manifiesta un alto índice de ansiedad, en algunos casos acompañada de depresión (21%), lo que conlleva el solicitar la baja médica en los centros educativos.

Añade el informe que el personal docente ha tenido que multiplicar sus tareas debido a "la creciente carga burocrática, la falta de recursos aportados por la Administración para afrontar los constantes cambios normativos, la infradotación de las plantillas docentes y de personal de administración y servicios".

A esto le suman las plataformas digitales "poco intuitivas y propensas a sufrir dificultades de conexión", así como la puesta en marcha de "un número cada vez mayor de coordinaciones y proyectos sin consignación presupuestaria ni de personal". Todo ello, según ANPE, provoca "estrés y desmotivación, derivando así en estas bajas, siendo perjudicada la salud mental de nuestros docentes".

En el curso 2023-2024 se incrementaron los tres tipos de casos en los que el Defensor del Profesor clasifica los incidentes que sufre el profesorado: problemas con el alumnado que supera el 50%, problemas con las familias que ronda el 40% y el resto se reparte en otros problemas con la situación administrativa.

Respecto a los problemas con el alumnado, destacan muy especialmente las faltas de respeto (21%), las falsas acusaciones (20,3%), el acoso (12,3%) y los problemas para dar clase (19,6%). Sí que se han visto disminuidas "de manera notoria" respecto al curso pasado las amenazas, situándose en un 8,7% frente a 11,9% del curso anterior.

Todos los tipos de problemas relacionados con las familias se concentran principalmente en las etapas de infantil y primaria. Los más repetidos son las falsas acusaciones (29%), las denuncias en el centro o a la inspección (15,2%), las faltas de respeto (11,6%) y el acoso (19,6%). Las agresiones físicas de padres a docentes disminuyen de un 2,2% en el curso 22/23 a un 0,7% en el curso 23/24.

Otros problemas que se encuentran los docentes son los relacionados con la Administración, que se han visto aumentados en un 18,1%.

En cuanto a la actuación llevada a cabo por el servicio del Defensor del Profesor, en el 84,8% de los casos se proporcionó asesoramiento a los profesores; en un 74,6%, apoyo; en un 23,9%, información sobre legislación; y, en un 37,7%, asesoría jurídica, que se incrementa con respecto al curso anterior.

REIVINDICACIONES

El sindicato ha hecho un llamamiento a la Administración para que apoye a los docentes. La coordinadora del Defensor del Profesor ha advertido de que la figura del coordinador de bienestar recogida en la normativa vigente "sigue sin plasmarse en los horarios de los mismos, sin contar con los recursos y formación necesaria para desempeñar sus funciones".

Además, dentro del marco normativo abogan por el desarrollo completo de la Ley 3/2021 de Autoridad del profesorado en Andalucía, favoreciendo así la convivencia en las aulas y el compromiso pleno por parte de la Administración. "Los docentes deben contar con un apoyo adecuado frente a agresiones o falsas denuncias y aplicar los protocolos de prevención y actuación de manera rigurosa", señalan desde ANPE.

También han pedido "reformas profundas" para mejorar la consideración social del profesorado y garantizar el progreso de la sociedad.

Otra reivindicación es un estatuto docente que contemple los derechos y deberes del profesorado, su valoración y su dignificación ante la sociedad, en el que "se articulen medidas que devuelvan la autoridad al docente y se establezcan las bases de una verdadera carrera profesional que haga la docencia más atractiva y motivadora". Además, piden el reconocimiento de las enfermedades profesionales de los docentes.

Del mismo modo, exigen una mayor inversión en educación, que permita abordar necesidades como la reducción de ratios en las aulas, el refuerzo de las plantillas de los centros, menor carga burocrática y el cuidado de la salud mental de los docentes.