Facua Andalucía acusa a la Junta de falta de enfoque social en la futura normativa de vivienda

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Facua Andalucía muestra su rechazo al Anteproyecto de Ley de Vivienda de Andalucía presentado ante el Consejo Económico y Social (CES), manifestando su preocupación por el enfoque "mercantilista" de la norma y la "falta de medidas eficaces para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada".

Según detalla esta federación en una nota, no se ha logrado alcanzar un acuerdo en torno a esta propuesta legislativa, por lo que el dictamen emitido refleja los distintos posicionamientos expresados por los sindicatos, la patronal y la propia organización de consumidores.

Facua ha denunciado que la ley, desde su propia denominación, revela una concepción de la vivienda como un bien de mercado y no como un derecho fundamental recogido en el artículo 47 de la Constitución. Por ello, echa en falta referencias a la "función social" que tiene la vivienda.

Además, critica que la tramitación por vía de urgencia ha limitado significativamente las vías de participación social y ciudadana. "Se trata de una legislación que afecta directamente a los consumidores, que acceden a la vivienda a través de contratos con inmobiliarias o entidades bancarias, y que sin embargo no ha contado con una participación adecuada por parte de los colectivos que representamos a los consumidores y usuarios", ha puntualizado la organización.

FOMENTO DE LA ESPECULACIÓN

Uno de los aspectos que más preocupa a Facua Andalucía es la maleabilidad, según ha señalado, del régimen de protección de la vivienda protegida, una medida "que abre la puerta a la posible especulación inmobiliaria y a la privatización indirecta de recursos públicos".

La ley, ha continuado la federación, deja a la potestad de los planes de vivienda cuestiones "clave" como la duración del régimen de protección y el procedimiento de descalificación, "no estableciendo límites claros que garanticen la función social de estas viviendas".

Ha propuesto que la ley establezca un régimen mínimo de protección, y que éste sea indefinido y permanente, especialmente en los casos en que las viviendas estén promovidas con financiación pública o construidas sobre suelo cedido por una administración pública. También ha reclamado, la prohibición de descalificar estas viviendas evitando así la pérdida de su carácter social.

FALTA DE RESPUESTA A LOS RETOS SOCIALES

Facua Andalucía ha sugerido también que el anteproyecto de ley ignora "retos clave" como el impacto del envejecimiento poblacional y el riesgo de despoblación rural.

Asimismo, ha contemplado la falta de medidas específicas para fomentar la creación de vivienda en municipios en declive demográfico ni se prevén incentivos suficientes para la rehabilitación de viviendas en zonas rurales.

A su vez, la organización también ha denunciado falta de ayudas para adaptar la oferta residencial a las necesidades de una población envejecida.

EXCLUSIÓN SOCIAL ENCUBIERTA

En relación con el tratamiento de la ocupación, Facua Andalucía ha rechazado que "se equiparen sanciones administrativas con condenas penales" a la hora de excluir a determinadas personas del acceso a vivienda pública.

Esta equiparación resulta "desproporcionada" para la entidad y podría suponer una "exclusión injusta de personas en situación de vulnerabilidad, precisamente aquellas que más necesitan protección social".

En definitiva, la organización de consumidores ha reclamado una revisión al detalle de la norma para que responda "verdaderamente a las necesidades de la ciudadanía andaluza y sitúe el derecho a la vivienda como eje vertebrador de la política pública, en lugar de seguir reforzando un modelo que prioriza el mercado y los intereses privados".