SEVILLA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -
IULV-CA ha defendido que el nuevo modelo de financiación autonómica debe aportar para Andalucía 5.000 millones de euros adicionales al año al objeto de que pueda financiar sus servicios públicos, toda vez que entiende que el sistema debe aumentar en 18.000 millones a nivel estatal. Esta cifra difiere de la planteada por el PSOE-A, que la sitúa en 4.000 y 16.000 millones, respectivamente.
Asimismo, entre otros planteamientos, la coalición de izquierdas apuesta por recuperar el autogobierno de las comunidades autónomas eliminando mecanismos como el FLA; la nivelación total de los servicios suprimiendo el principio de ordinalidad, o garantizar la equidad y la progresividad en el ámbito fiscal.
Así lo ha expuesto, en rueda de prensa, el coordinador general y portavoz parlamentario de IULV-CA, Antonio Maíllo, quien ha presentado las conclusiones que su grupo parlamentario ha elevado al grupo de trabajo constituido en la Cámara autonómica para acordar un posicionamiento común sobre la reforma del sistema de financiación.
En este marco, Maíllo ha asegurado que su formación tiene voluntad de que se llegue a una posición común desde Andalucía, si bien ha advertido de que "hay que cortar la raíz de la política que ha supuesto un debilitamiento de las administraciones y los servicios públicos", defendiendo la derogación del artículo 135 de la Constitución, "que ha provocado dolor y tragedia".
Por eso, a la hora de llegar a un acuerdo en este grupo de trabajo, ha señalado que para IU hay puntos que son "determinantes" pues para lograr un sistema de financiación suficiente, equitativo, solidario y blindado "se debe contemplar el compromiso de derogación del 135 y ser sustituido por un texto que blinde los servicios públicos".
No obstante, Maíllo ha dicho que esperarán a ver cómo queda el texto refundido de las aportaciones de los cinco grupos, "qué asumimos como materia de consenso, qué puede ser materia de consenso pero no se ha asumido, y qué es muy importante para IU y no es materia de consenso, ahí se verá la voluntad de acuerdo para el resto de los grupos".
NO AL CENTRALISMO NI LA CONFERALIDAD
En cuanto a las conclusiones de su formación, Maíllo ha explicado que el nuevo sistema de financiación tiene una relación directa con el modelo territorial, de manera que frente a un centralismo o confederalidad "que no garantizan la igualdad de los territorios", IU defiende un federalismo fiscal y de financiación "que determine el cumplimento del principio de equidad y suficiencia".
Y es que, en su opinión, una reforma de este sistema necesariamente debe ir de la mano de una reforma del sistema fiscal del sector público, que se base en la lucha contra el fraude fiscal y un rediseño de los tributos "para lograr mayor progresividad y aumentar el tamaño de la cantidad a distribuir". Así, ha rechazado que se suban los impuestos indirectos y ha defendido que "hay que gravar a las rentas del capital, esto es la gente que tiene más dinero".
Respecto a los tributos cedidos a las comunidades, IULV-CA entiende que hay que acometer una armonización fiscal para evitar el dumping fiscal y favorecer un sistema de financiación "más eficiente y equitativo".
"Es fundamental garantizar los principios de equidad y progresividad en el ámbito fiscal y no debemos aprobar modelos que no tengan en cuenta estos elementos básicos de solidaridad", ha agregado el líder andaluz de IU, que ha advertido de que esto es "imprescindible" para asegurar una adecuada dotación de los servicios públicos.
SUELO DE INGRESOS
Asimismo, otra de las pautas que plantea IU es sustituir un techo de gasto por un suelo de ingresos que garantice el cumplimiento de los servicios a que se obliga, haciendo hincapié en que es necesario recuperar el autogobierno de las comunidades para mejorar los servicios.
Así, y entiendo que el acuerdo del coste de los servicios deben determinar los objetivos de ingresos, IU aboga por blindar un 5 por ciento del PIB para la educación, un 7 por ciento para sanidad, y un 2 por ciento para dependencia y los servicios sociales, quedando excluido en dicho porcentaje el coste de Renta Mínima.
Y también pide derogar la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera "para sustituirla por un desarrollo de nuevo marco de equilibrio presupuestario, nivelación horizontal, eliminación de la regla de gasto y conceptualización de suficiencia presupuestaria y blindaje de servicios públicos fundamentales".
EQUILIBRIO FINANCIERO Y REFORMA DEL CPFF
Tras defender que acuerdo para el nuevo modelo de financiación debe estar cerrado en el primer semestre de 2019, Maíllo ha señalado que debe recoger el principio de equilibrio financiero, según el cual los recursos públicos deben distribuirse entre niveles de administración de tal forma que el grado de cobertura de las necesidades de gasto sea el mismo en los tres niveles, y también estar guiado por el principio de lealtad institucional en el cumplimiento de los acuerdos.
Para garantizar la financiación de los servicios en periodos de caída de ingresos, la federación de izquierdas propone "o un fondo de estabilización a modo de fondo de reserva como el de la Seguridad Social, o bien en la flexibilización del endeudamiento público que permita un mayor margen de maniobra a las comunidades".
De igual modo, IULV-CA pide un Fondo de Compensación Interterritorial dotado con una financiación coherente con el objetivo que se fija constitucionalmente, y eliminar el FLA y del pago para proveedores para evitar que estos fondos, de carácter coyuntural y extraordinario, "se cronifiquen y provoquen la pérdida de autonomía política y de corresponsabilidad fiscal".
También aboga por reformar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), dándole más peso a las comunidades en la toma de decisiones y un voto ponderado según su población y el peso del PIB.
En cuanto a los sistemas forales vasco y navarro, Maíllo ha apuntado que si bien se sitúan al margen del régimen general de financiación, "esto no debe impedir que participen de los mecanismos de solidaridad interterritorial para avanzar en la reducción de las desigualdades territoriales".
PIDE TRANSPARENCIA Y RECHAZA EL COPAGO
Para IU, en el nuevo sistema de financiación autonómica la prioridad debe ser el enfoque de las necesidades y así "identificar qué nivel de gasto e inversión pública es necesario para cubrir las necesidades del estado del bienestar", entiendo que "es inaceptable que la reforma de la financiación pase por un recorte de gastos".
De igual modo, IU descarta cualquier mecanismo de copago y pide que haya un pronunciamiento explícito en este sentido, a la par que exige que el sistema de financiación esté basado en la simplificación y la transparencia en su desarrollo.
Maíllo ha defendido que el Fondo de Garantía es el único que se reparte con un criterio claro de nivelación, mientras cree que el Fondo de Suficiencia Global, el de Competitividad y el de Cooperación, que conforman el sistema de financiación, deben "simplificarse y reducirse a un fondo básico de financiación y un fondo de nivelación vertical del Estado a las comunidades autónomas"; además de crear otro un Fondo de contribución a la economía de escala, para abordar la adquisición del pago farmacéutico.
