Jucil solicita "apoyo institucional" a la Junta para que el Ministerio aumente la presencia de efectivos en Andalucía

SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La asociación Jucil, asociación mayoritaria en la Guardia Civil, ha mantenido una reunión con el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, con el objetivo de tratar "la crítica situación" que atraviesan los guardias civiles en la región y trasladarle una batería de propuestas urgentes para "hacer frente a la inseguridad creciente" en el litoral andaluz y en las zonas rurales.

Durante el encuentro, el secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño, junto al secretario de Organización, Ángel Lezcano, expusieron el grave déficit de efectivos y medios que sufre la Benemérita en Andalucía, "una comunidad autónoma con una relevancia geoestratégica clave para la seguridad nacional", como detalla la organización en una nota de prensa.

La asociación ha lamentado que el catálogo no está cubierto al 100%, y que "no hay personal operativo suficiente", lo que impide garantizar turnos de vigilancia permanentes y agrava los tiempos de respuesta ante emergencias.

"El Gobierno central está ignorando las necesidades reales de la Guardia Civil en Andalucía. La seguridad no puede depender del código postal. El medio rural y las zonas costeras también merecen una protección efectiva y digna", ha señalado Vilariño.

Junto a ello, ha añadido que "la situación actual compromete no solo la seguridad ciudadana, sino también la integridad física y moral de los agentes que sirven en condiciones precarias, sin tener reconocida la profesión de riesgo y que dada día sufren la pérdida del principio de autoridad. No vamos a frenar hasta que el Ministerio del Interior dignifique las condiciones laborales y operativas de los guardias civiles en Andalucía y las adecúe a los retos del siglo XXI".

Así, ha pedido "todo el apoyo institucional" para que el Ministerio de Interior aumente la presencia de agentes, acorde a su responsabilidad sobre la extensión territorial y las casuísticas de la región.

En los últimos años, se dan circunstancias como el crecimiento poblacional, un aumento del tránsito de personas o un incremento de situaciones que requieren de una mayor presencia y capacidad operativa de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Desde JUCIL han lamentado, además, que la media de edad del personal operativo, superior a los 47 años, y la carencia de relevo generacional "están provocando una sobrecarga que repercute en la eficacia del servicio y en la salud de los agentes".

Cabe recordar que desde el ejercicio pasado "ya abandonan el servicio más guardas de los que entran en el Instituto Armado y la tendencia es que se agrave a la vista de las plazas convocadas".

Entre las propuestas han destacado la convocatoria de plazas extraordinarias e incentivos específicos para destinos críticos; la renovación urgente del parque móvil y las embarcaciones y la incorporación de tecnología moderna y crear unidades especializadas de refuerzo.

AUGE DEL NARCOTRÁFICO

Sobre la problemática de Andalucía, Jucil ha puesto el foco en el auge del narcotráfico, especialmente en provincias como Cádiz, Málaga y Huelva, donde se ha multiplicado la presencia de narcolanchas, así como en Granada y Almería.

La asociación alerta de que habitualmente no hay más de diez embarcaciones operativas para más de 1.000 kilómetros de costa. "Esta situación imposibilita un control marítimo eficaz y deja a la delincuencia organizada actuar con impunidad", han asegurado.

En esta línea, denuncia la falta de embarcaciones adecuadas, drones, vehículos modernos, chalecos antibalas y equipamiento de visión nocturna.

A lo que suma la retirada de la unidad OCON-SUR, que ha supuesto "un retroceso en la coordinación de la lucha antidroga y ha debilitado las capacidades de respuesta de las unidades operativas".

Aquí, han recordado que "es necesario la declaración del Campo de Gibraltar y todo el litoral andaluz como Zona de Especial Singularidad (ZES)".

Así, Jucil continuará su ronda de contactos institucionales para "denunciar el abandono que sufren los agentes y defender su dignidad, sus derechos laborales y su misión esencial para la seguridad de todos los ciudadanos".